En Cuajinicuilapa, Guerrero, la carrera por la alcaldía quedó atravesada por las balas antes de llegar a las urnas. Hombres armados asesinaron a Arturo Marín, aspirante de Morena a la presidencia municipal, e hirieron gravemente a su esposa.
El ganadero había anunciado recientemente su registro para buscar la coordinación municipal del partido. Ni siquiera había una candidatura formal: apenas comenzaba el recorrido político.
El ataque ocurrió en el centro de la cabecera municipal, frente a una iglesia. Según testigos, los agresores dispararon desde un vehículo contra Marín y su esposa. Después, sus familiares recogieron el cadáver para llevarlo a su domicilio. Una escena brutal: una familia levantando a su muerto en el mismo municipio donde este buscaba construir una opción de gobierno.
Catorce alcaldes asesinados con Sheinbaum: no es un pie de página
El crimen ocurre bajo una administración federal que ya acumulaba 14 alcaldes asesinados hasta julio de 2026. No es una cifra que deba esconderse entre declaraciones de condolencia: El País documentó ese saldo el 24 de julio, después del asesinato de Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos.
Son 14 autoridades municipales asesinadas durante el sexenio de Claudia Sheinbaum; no necesariamente el total actualizado a octubre.
Y conviene no hacer trampa ni siquiera para denunciar la barbarie: Arturo Marín era aspirante, no alcalde en funciones. Su asesinato no debe sumarse automáticamente a ese conteo como si todas las categorías fueran intercambiables. La distinción no le quita gravedad; revela otra dimensión del desastre: la violencia alcanza tanto a quienes ya gobiernan como a quienes apenas intentan entrar a la disputa política.
Cuando el gatillo pretende funcionar como filtro electoral
La cuestión de fondo no termina en cuántos funcionarios han matado. También está en lo que significa que la violencia pueda recortar la oferta política antes de que la ciudadanía tenga una boleta enfrente.
Cuando una organización criminal amenaza, expulsa o asesina a actores políticos para condicionar una contienda, no está simplemente “metiendo las manos” en una elección: está intentando decidir quién puede competir, quién debe hacerse a un lado y bajo qué condiciones se gobierna. La ciudadanía conserva el derecho formal a votar, pero puede encontrarse con una lista de opciones previamente mutilada por el miedo.
Eso es un veto armado. Una suerte de comité de selección con pistolas, sin asamblea, sin escrutinio y sin la molestia de pedirle permiso a los electores.
En el caso de Marín, sin embargo, no se ha esclarecido públicamente el móvil del asesinato ni se ha establecido qué organización, si alguna, estuvo detrás. Afirmar que un grupo específico ordenó eliminarlo para controlar la elección sería presentar una hipótesis como hecho probado. La crítica no necesita inventar certezas para señalar la gravedad de que un aspirante sea asesinado al iniciar su participación política
Primero los amenazan; después les llaman “condiciones de seguridad”
Cuajinicuilapa no llega a este episodio sin antecedentes. En octubre de 2024, su alcalde, Hilderberto Salinas Meriche, y la presidenta municipal de San Nicolás, Tarsila Molina Guzmán, ambos del Partido Verde, solicitaron licencia y abandonaron sus municipios tras recibir amenazas de muerte atribuidas a una organización criminal. Regresaron a sus funciones después de que el Gobierno reforzó la seguridad y les asignó protección de la Guardia Nacional y el Ejército.
La estampa es demoledora: autoridades electas que necesitan protección militar para volver a ejercer el cargo que les dieron las urnas. Ganar una elección no basta cuando hay quienes pretenden imponer, a punta de amenaza, las condiciones para gobernar.
Mientras tanto, habitantes de ambos municipios describen una vida de encierro autoimpuesto: calles recorridas por grupos criminales y familias que prefieren no salir para no exponerse. No se trata de un toque de queda decretado por una autoridad; es el miedo organizando los horarios de la población.
Ahí está el tamaño del problema: no solamente quién ocupa el ayuntamiento, sino quién puede circular, participar, aspirar y vivir sin pedirle permiso al terror.
Porque una democracia no se mide únicamente por instalar casillas. También por garantizar que nadie llegue a ellas después de que las balas hayan hecho su propia selección. Si el Estado no protege esa libertad, la elección corre el riesgo de convertirse en un trámite posterior al verdadero filtro: el de quienes no cuentan votos, pero sí cargan armas.
Con información: ELNORTE/
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