En México, las personas desaparecen y las autoridades comparecen. Unas familias buscan a sus seres queridos; los funcionarios encuentran las palabras de siempre: “prioridad”, “compromiso”, “reconocemos su dolor”. El libreto institucional sigue impecable, aunque el registro nacional ya supera las 130 mil personas desaparecidas.
La crisis llegó este 20 de octubre a la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, encargada de asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos. Según la información publicada por N+, es la primera vez que el Comité contra la Desaparición Forzada activa el artículo 34 de la Convención para llevar la situación de un país ante la Asamblea General. El país que inaugura ese procedimiento es México. Vaya distinción.
El dolor se reconoce; las respuestas se deben
Ante ese escenario, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina, aseguró que en México “la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene” y que las autoridades “reconocen el dolor de las madres y familias buscadoras”.
La declaración suena muy considerada; el problema es que reconocer el dolor no equivale a esclarecer una desaparición, ni pronunciar la palabra “prioridad” devuelve a nadie a casa.
Lo que el Comité puso sobre la mesa es bastante menos cómodo que un discurso de buenas intenciones: encontró indicios fundados de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática.
También señaló presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales, así como la posible participación, colaboración o tolerancia de servidores públicos. No se trata únicamente de preguntar por qué el Estado no encuentra: también hay que investigar si alguno de sus integrantes ayudó a desaparecer.
Ahí está la dimensión más brutal de la indolencia: no solo en lo que las instituciones dejan de hacer, sino en la posibilidad de que autoridades hayan tolerado aquello que tenían la obligación de impedir. Por eso, el Comité solicita apoyo técnico, financiero y especializado para las búsquedas, el análisis forense y las investigaciones. Menos solemnidad de micrófono y más capacidad para buscar, identificar y esclarecer.
No es una sentencia, pero tampoco una felicitación
El procedimiento ante Naciones Unidas no constituye una sentencia penal contra México ni implica, por sí mismo, sanciones. Tampoco hay todavía una fecha oficial para la resolución.
La crisis alcanzó una instancia internacional excepcional mientras el Gobierno insiste en que la búsqueda no se detiene. Entre esa declaración y más de 130 mil personas desaparecidas cabe una pregunta que ningún discurso debería esquivar: ¿de qué sirve llamar “prioridad” a una tragedia si las familias siguen esperando respuestas?
Con información: NMAS+/NOTICIAS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: