Todo proyecto serio tiene tres límites incómodos: un objetivo que delimita el alcance, recursos que restringen la fantasía y un plazo que obliga a entregar algo antes de que se acabe la paciencia. En México, durante décadas, ese plazo tuvo nombre propio: el sexenio. Era una frontera política, administrativa y hasta psicológica. El presidente sabía que tenía seis años para inaugurar, presumir, corregir o, en el peor de los casos, pedir disculpas. Andrés Manuel López Obrador rompió esa lógica; Claudia Sheinbaum parece haber decidido habitar sus escombros.
A mediados del sexenio anterior, un gobernador relataba que un grupo de empresarios estaba listo para invertir en una región del Pacífico. Era un proyecto ambicioso, con potencial de derrama económica y futuro regional. Necesitaban que el mandatario estatal ayudara a presentarlo ante López Obrador. La propuesta murió al llegar a Palacio: el entonces presidente preguntó si alcanzaría a inaugurarla. La respuesta fue no. Caso cerrado. En el obradorismo, una inversión sin corte de listón propio podía ser desarrollo; pero no era prioridad.
López Obrador no diseñó obras para que funcionaran necesariamente como negocios, sino para que operaran como estampas de un relato nacional: trenes de pasajeros, con nostalgia de modernidad decimonónica y aroma cuasi porfirista; una refinería gigantesca, aunque resultara más sensato comprar capacidad ya instalada en Texas; Mexicana de Aviación resucitada por decreto; y un aeropuerto nuevo para rematar la colección simbólica.
El punto no era la rentabilidad. El punto era que hubiera monumentos inaugurables a tiempo para la fotografía presidencial.
Dos Bocas sigue sin operar a su capacidad ideal, aun después de concluido el gobierno de López Obrador, y las obras emblemáticas —o las decisiones de rescate, en el caso de Mexicana— están muy lejos de probar viabilidad financiera. Pero eso es secundario si el objetivo era otro: fabricar la impresión de que se recuperaron los trenes, la soberanía energética y la gran infraestructura aeroportuaria. El alcance era la épica; los recursos y el plazo eran detalles que podían acomodarse a martillazos.
Para conseguirlo, se gastó mucho más de lo programado y se estiró hasta el límite la noción de “obra terminada”. Aun así, López Obrador dejó el Gobierno con sus proyectos formalmente entregados. El sexenio, que antes era la fecha límite para ser evaluado, se convirtió en una escenografía: bastaba con inaugurar, aunque detrás quedaran costos, operación incompleta o viabilidad en veremos. El truco fue entender que la sucesión no necesariamente cortaba el proyecto político. El expresidente no se retiraría del todo: conservaría vigencia, influencia y defensores en el siguiente gobierno.
Ahí aparece el problema que enfrenta Sheinbaum. A López Obrador le resultó políticamente tolerable desmontar el sistema de compras y abastecimiento de medicamentos y equipo médico, aun con las consecuencias conocidas: desabasto, hospitales trabajando con carencias y personal obligado a explicar lo inexplicable.
No había un juicio sexenal que realmente le preocupara. Nada más distante del tabasqueño que José López Portillo llorando desde la tribuna el 1 de septiembre de 1982 para disculparse por lo que no logró cumplir.
El desabasto es una de las tres patas del malestar entre trabajadores del IMSS. Las otras son un aumento salarial considerado raquítico y la inquietud por pensiones con condiciones peores para las generaciones siguientes. Médicas, médicos y personal público son el último eslabón de una cadena rota: compran insumos básicos, dan la cara ante pacientes y familias, trabajan con instrumental insuficiente y soportan cargas laborales que la retórica oficial no esteriliza.
López Obrador vigilaba desde helicópteros el avance del Tren Maya porque aquello era visible, fotografiable y útil para la liturgia. El desabasto médico, en cambio, era menos vistoso, sus denunciantes tenían menos poder y los pacientes no inauguraban nada. Cuando el problema hizo demasiado ruido, llegó la Farmaciota: una respuesta monumental para un desastre cotidiano.
Ocho años después, el alegato obradorista es que ocho años “apenas” alcanzan para desmontar la corrupción de haber entregado lo público a privados. Es un razonamiento circular: se condena la participación privada porque es privada, y la incapacidad estatal se excusa porque todavía no ha transcurrido suficiente eternidad.
Eliminar el horizonte sexenal introduce una novedad peligrosa. Quienes hablan de maximato deberían recordar que Plutarco Elías Calles nunca controló durante seis años completos a un presidente dócil: Lázaro Cárdenas se sacudió la tutela y, precisamente con él, comenzó el sexenio presidencial moderno. Hoy el problema no es una copia exacta del callismo, sino algo más resbaloso: un proyecto político que se asume sin fecha de caducidad y, por eso mismo, sin rendición de cuentas claramente exigible.
Sheinbaum parece haber pasado de una administración que debía corregir la herencia en seis años a una extensión de esa herencia, con tiempo indefinido como coartada.
La reforma judicial, mal llamada reforma porque todavía requiere nuevos ajustes, es la muestra más clara: se mantiene la ruta y se heredan también sus problemas. Con ellos llegan colaboradores, familiares y operadores del expresidente que parecen intocables, como si la continuidad política exigiera conservar incluso el mobiliario averiado.
La presidenta puede encontrar alivio en esa lógica. El tiradero recibido no tendría por qué resolverse en “solo” seis años; no habría dinero suficiente, además, para reparar todo. Su tarea sería dejar algo medianamente funcional al siguiente gobierno morenista, que a su vez podría alegar que recibió problemas viejos. Así, cada administración queda autorizada a posponer la factura. Si en 2030 no se resuelve, quizá se dirá que 12 años apenas eran el calentamiento.
El sexenio imponía al menos una incomodidad: el temor al juicio del tiempo propio. Incluso con poderes casi monárquicos, los presidentes priistas sabían que debían presentar cuentas antes de irse. López Obrador desactivó ese incentivo al convertir su proyecto en continuidad permanente. Por eso resulta difícil imaginar a alguien del gabinete reconociendo ante el personal médico que sus quejas son fundadas: hacerlo sería admitir que el desastre empezó antes, y culpar al antecesor sigue siendo, dentro de Morena, un pecado mortal.
Sheinbaum administra crisis con la tranquilidad de quien no siente que el reloj corra. Si el proyecto permanece en el poder, lo que ella no termine lo continuará la persona siguiente. Lo que no funcione podrá atribuirse a la herencia, a la falta de dinero o a la complejidad histórica. La ausencia de plazo vuelve tentador el exceso de confianza, especialmente cuando tampoco hay margen para sustituir cuadros incompetentes ni para desmontar lealtades heredadas.
La presidenta no parece tener agobio sexenal. Quien venga después, si llega desde el mismo proyecto, quizá tampoco. Ese es el verdadero cambio: no se eliminó el reloj; se decidió que nadie tendría que responder cuando marcara la hora.
Con información: SALVADOR CAMARENA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
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