El Gobierno presume transformación, pero una parte de la cuenta la quiere dejar para después. Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados una Ley de Ingresos que, según las cifras publicadas por El Norte, contempla para 2027 un techo de endeudamiento neto interno de 1.7 billones de pesos. Traducido a la banqueta: además de cobrar impuestos, el Gobierno necesitará dinero prestado para completar su presupuesto.
No es dinero que apareció gracias a la buena administración. No es recaudación. No es ahorro. Es deuda: recursos que entran hoy a cambio de obligaciones que deberán atenderse mañana, con intereses y cargo a las finanzas públicas.
La autorización pasó con 331 votos a favor y 118 en contra. Entre los votos favorables estuvieron los de los emecistas de Nuevo León Eduardo Gaona y Miguel Ángel Sánchez Rivera. Porque, cuando llega la hora de abrirle otra línea de crédito al Ejecutivo, las fronteras partidistas también encuentran financiamiento.
Una cosa es cobrar y otra pedir fiado
El discurso oficial destaca que seis de cada diez pesos del gasto previsto procederán de la recaudación tributaria. La diputada morenista Ana Elizabeth Ayala defendió la importancia de los impuestos, la eficiencia administrativa y el combate a la evasión.
Todo eso responde de dónde saldrá una parte del dinero. No responde por qué hace falta contratar otra montaña de deuda.
La diferencia no es un tecnicismo para aburrir contribuyentes:los impuestos son ingresos; el financiamiento implica obligaciones. Meter ambos en la misma bolsa discursiva permite que el presupuesto luzca robusto, aunque una parte de esa aparente abundancia tenga fecha de cobro.
Dicho sin perfume hacendario: no es lo mismo llenar la cartera con el sueldo que llenarla con un préstamo. Las dos operaciones permiten gastar; solamente una deja al acreedor esperando.
La cuenta de los intereses ya ocupa su propia mesa
El priista Jericó Abramo puso el dedo en el costo financiero: de acuerdo con las cifras que presentó, pasó de 615 mil millones de pesos en 2018 a una previsión de 1.67 billones para 2027.
Su acusación fue directa: el Gobierno estaría pidiendo prestado para pagar el costo de lo que ya debe.
La comparación es políticamente demoledora: un techo de endeudamiento interno de 1.7 billones frente a un costo financiero previsto de 1.67 billones. Casi del mismo tamaño.
Pero aquí conviene no hacer trampa ni siquiera para exhibir al poder: que ambas cantidades se parezcan no demuestra, por sí solo, que cada peso del nuevo endeudamiento vaya directamente a pagar intereses. Son conceptos presupuestarios distintos. Lo que sí pone sobre la mesa es el tamaño del compromiso: atender la deuda consume recursos que ya no pueden destinarse a otras prioridades.
En lenguaje de banqueta: antes de discutir cuánto alcanza para el hospital, la carretera o la escuela, hay una cuenta financiera sentada a la mesa. Y esa cuenta no acepta discursos como forma de pago.
Pedir prestado no es el pecado; esconder la factura, sí
El problema no se agota en contratar deuda. La pregunta incómoda es para qué se contrata, cuánto cuesta y con qué ingresos se pagará.
Si el financiamiento produce infraestructura útil, mejores servicios o capacidad económica, el Gobierno tiene resultados concretos que defender. Si sirve para sostener un gasto que los ingresos no alcanzan a cubrir, tiene un desequilibrio que explicar. Y si cada presupuesto necesita otra ronda de crédito mientras el costo financiero gana espacio, la celebración oficial merece menos aplausos y más calculadora.
La panista Eva María Vázquez cuestionó precisamente el destino de los recursos: sostuvo que el endeudamiento no se ha traducido en mejoras suficientes en infraestructura, salud, atención a damnificados y competitividad. Es un señalamiento de la oposición, no una conclusión demostrada únicamente con las cifras citadas. Pero plantea la pregunta que el oficialismo tendría que contestar con obras, servicios y cuentas verificables, no con propaganda.
¿Dónde está el rendimiento social de lo que se está pidiendo prestado?
El presupuesto no se paga con consignas
La emecista Gloria Núñez advirtió que la deuda alcanzaría el equivalente al 55 por ciento del PIB y alertó sobre un posible deterioro de la calificación crediticia. Esas estimaciones deben revisarse con una misma definición de deuda y periodos comparables; no basta aventar porcentajes a la tribuna y esperar que el volumen sustituya la metodología.
La exigencia vale para todos: el Gobierno no puede vender financiamiento como si fuera prosperidad, y la oposición tampoco debería sumar techos de endeudamiento y aumentos del saldo como si fueran piezas automáticamente intercambiables.
Lo políticamente relevante permanece: la mayoría autorizó recurrir al crédito y debe explicar cómo evitará que la factura estreche los presupuestos futuros.
Porque aprobar deuda es relativamente sencillo cuando se tienen los votos. Lo difícil es demostrar que el dinero prestado dejará algo más que vencimientos.
La transformación podrá presumirse en las mañaneras. Su solvencia se demuestra cuando los ingresos alcanzan, el gasto rinde y la deuda tiene una justificación verificable. Lo demás es pasar la tarjeta y anunciar, con solemnidad republicana, que la compra fue un éxito.
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