En el negocio del narco no todo se mueve con cuernos de chivo. También hay expedientes, abogados y, según antiguos testimonios recogidos por la prensa, dinero para que algunas noticias nunca lleguen a publicarse. En esa parte menos ruidosa del Cártel del Golfo aparece un nombre: Galo Gaspar Pérez Canales, señalado desde hace años como abogado de Osiel Cárdenas Guillén y presunto intermediario de la organización ante medios de comunicación.
Ahora, una publicación de Prensa Territorial coloca nuevamente bajo los reflectores a un abogado matamorense al que identifica como “Gaspar Galo Pérez”: asegura, citando fuentes extraoficiales, que agentes de ICE lo detuvieron en Brownsville, Texas, sobre la vía Boca Chica.
El mismo reporte sostiene que fue trasladado a un hospital por complicaciones médicas y que estaría sujeto a un procedimiento de deportación.
El archivo: defensa legal y presuntos pagos por silencio
El 30 de agosto de 2009, Contralínea publicó una investigación de José Réyez basada en declaraciones de testigos protegidos de la entonces Procuraduría General de la República. Allí identificó a Pérez Canales como abogado de Osiel y le atribuyó la atención de asuntos legales y la defensa de integrantes detenidos de la organización.
Pero el señalamiento no terminaba en los juzgados. Según el testigo protegido identificado como Yeraldín, citado por la revista, el abogado también se encargaba de entregar cuotas mensuales a periódicos regionales para evitar publicaciones contra el cártel. Dicho sin membrete: la acusación describía una presunta nómina del silencio. Es un testimonio publicado por un medio, no una sentencia judicial acreditada en las fuentes revisadas.
El Universal también recogió señalamientos del testigo protegido Tiburcio, quien identificó a Galo Gaspar Pérez Canales y al editor Mario Díaz hijo como supuestos enlaces de la organización con medios de comunicación para gestionar presuntos sobornos a periodistas.
La historia, por tanto, no se limita al abogado que acudía a defender detenidos: incluye acusaciones sobre la maquinaria que buscaba administrar lo que se sabía —y lo que se callaba— del poder criminal en Tamaulipas.
Brownsville: mucho ruido, confirmación pendiente
La publicación de Prensa Territorial añade que el abogado habría solicitado asilo años atrás porque su vida estaba en peligro después de cambios en la dirigencia del cártel. También afirma que actualmente carecería de estatus migratorio y califica su solicitud de asilo como “obsoleta”. Sin documentos migratorios o una resolución identificable, esas aseveraciones no permiten establecer cuál es su condición jurídica ni si existe una orden de deportación.
Con información: CONTRALINEA/ EL UNIVERSAL/ REDES/
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