La corrupción no se vuelve patriotismo porque se ponga uniforme. Ni las sospechas desaparecen detrás de una bandera monumental. La columna de Raymundo Riva Palacio pone bajo el reflector al general Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia y hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador.
El señalamiento es explosivo: según el prestigiado articulista, los servicios de inteligencia estadounidenses lo ubican como el “Número 2” de una presunta red político-criminal encabezada por el expresidente.
Y aunque no es una sentencia judicial; es una acusación sustentada en fuentes que exige explicaciones, no reverencias.
Porque una cosa es encargarle a un general la seguridad nacional y otra, muy distinta, que termine señalado como presunto facilitador de los negocios de quienes debía combatir.
Riva Palacio sostiene que testigos cooperantes en Estados Unidos involucraron directamente a Martínez en el contrabando de combustible. Si esa versión se acredita, el escándalo no sería una manzana podrida en el cuartel del retiro: sería la sospecha de que alguien convirtió una oficina estratégica del Estado en una ventanilla para el crimen. Inteligencia para la República, en el membrete; servicio a intereses criminales, detrás del escritorio.
Del círculo de confianza al combustible de la sospecha
La cercanía no nació ayer. Según la columna, López Obrador conoció a Martínez en los años ochenta, en Tabasco; después, el militar participó en su seguridad durante campañas y terminó al frente del Centro Nacional de Inteligencia cuando aquel llegó a la Presidencia.
Ese recorrido vuelve especialmente incómodo el señalamiento: no se habla de un funcionario periférico, sino de alguien instalado en el corazón de la confianza presidencial. El uniforme no prueba culpabilidad, pero tampoco puede funcionar como detergente institucional.
En el relato aparece también Sergio Carmona, el empresario conocido como el “rey del huachicol”, asesinado en 2021.
Riva Palacio afirma, citando fuentes estadounidenses, que Carmona era el enlace del general con distintos cárteles y que financió ocho campañas de Morena para gobernador ese año.
La hipótesis es demoledora: combustible de contrabando, dinero electoral y conexiones criminales alrededor de un hombre encargado de la inteligencia del país. De confirmarse, aquello de “por el bien de todos” habría tenido una letra chiquita bastante aceitosa.
El columnista señala que el entramado de Carmona tendría conexiones con otra red en la que menciona a altos mandos de la Marina, al Grupo Tabasco y al entorno de López Obrador, pero que no serían la misma estructura. La precisión importa: denunciar la pudrición no exige echar a todos los señalados al mismo barril ni sustituir pruebas con adjetivos.
La seguridad nacional al revés
La columna agrega otra acusación de enorme gravedad: que Martínez habría entregado a la Embajada de Rusia las identidades de agentes estadounidenses destinados en México. Según Riva Palacio, Christopher Landau protestó cuando era embajador y López Obrador minimizó el reclamo. Si ocurrió como lo narra, no estaríamos ante una travesura diplomática, sino ante un uso de información sensible contrario a la responsabilidad de protegerla. Mucha solemnidad para hablar de soberanía; demasiadas preguntas sobre a quién se le abrían los archivos.
Ni uniforme como absolución ni columna como sentencia
El punto no es declarar culpable a todo el Ejército ni convertir una columna en expediente judicial. El punto es exigir rendición de cuentas a personas concretas, con responsabilidades concretas.
Porque el verde olivo no debería servir de envoltura para la impunidad. Y la lealtad a un presidente no puede confundirse con lealtad al país. Si los señalamientos se sostienen, la vergüenza no sería que alguien se atreva a cuestionar a un general: sería descubrir que, mientras se exigía respeto para el uniforme, algunos lo utilizaban para que nadie revisara lo que llevaban debajo.
Con información: ELFINANCIERO/ MEDIOS/
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