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viernes, 23 de octubre de 2026

«AUDITORÍA SUPERIOR de la FEDERACIÓN pide INVESTIGAR CONTRATOS de la UAT en MANOS de PRIMO de AMÉRICO»… el pasado siempre preludia el futuro; estuvo detenido en 2022.


La auditoría de la Cuenta Pública 2024 detectó contrataciones sin acreditar la verificación fiscal y de seguridad social de proveedores. Finanzas mandó documentación; la ASF la consideró insuficiente para aclarar el resultado observado.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una cosa es declarar que todo está en orden y otra acreditarlo ante los auditores. Mientras el rector Dámaso Anaya Alvarado,primo del gobernador de Morena, Américo Villarreal, presume finanzas sanas y observaciones principalmente técnicas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dejó documentada una solicitud para investigar a funcionarios universitarios por irregularidades en la contratación de proveedores durante su administración. 

La tranquilidad se declaró ante los micrófonos; las omisiones quedaron asentadas en el expediente federal.

El organismo fiscalizador emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria después de detectar contratos superiores a 300 mil pesos, sin incluir IVA, en los que la Universidad no acreditó la verificación de las obligaciones fiscales y de seguridad social de sus proveedores. No se trata de exigir papeles por deporte: esas revisiones permiten determinar si existen impedimentos legales para contratar con recursos públicos.

Seis ante el SAT, ocho ante el IMSS y las constancias ausentes

La ASF encontró, además, que las constancias correspondientes tampoco estaban integradas en los expedientes administrativos. Por ello, la UAT no acreditó haber verificado si los contratistas se encontraban en alguno de los supuestos legales que prohíben recibir contratos públicos. El problema no es demostrar que todos debían impuestos o cuotas: el hallazgo es que la Universidad no acreditó la revisión que debía realizar antes de contratar. Una diferencia que conviene conservar para que el señalamiento tenga precisión, no solamente volumen.

De acuerdo con el resultado 17 de la auditoría número 1877, correspondiente a la Cuenta Pública 2024, seis proveedores no autorizaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a hacer pública su opinión de cumplimiento. Otros ocho presentaron esa misma situación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las cantidades corresponden a cada autoridad y no deben sumarse como si necesariamente fueran 14 proveedores distintos.

Ante estas irregularidades, la ASF emitió la acción 2024-9-99A4T-19-1877-08-001, dirigida al Órgano Interno de Control competente o su equivalente en la Universidad, para que investigue a los servidores públicos involucrados y, en su caso, inicie los procedimientos administrativos correspondientes.

El informe establece:

«La Auditoría Superior de la Federación comunica la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control competente o su equivalente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente»…[ASF.gob]

El señalamiento se sustenta en incumplimientos al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, la Resolución Miscelánea Fiscal de 2024 y las disposiciones del IMSS sobre opiniones de cumplimiento en materia de seguridad social. Traducido del idioma administrativo: la contratación pública tiene requisitos; la autonomía universitaria no los vuelve opcionales.

Finanzas mandó una USB; el sello de recibido no significa «solventado»

La Secretaría de Finanzas de la UAT, encabezada por Eduardo García Fuentes, presentó documentación mediante el oficio SF/012/2026, fechado el 16 de enero de 2026. La copia exhibida muestra sellos de recepción de la ASF del día 19 de ese mismo mes.

El oficio fue dirigido a Francisco Ernesto Padilla Camacho, director de Auditoría del Gasto Federalizado «A1». En él, García Fuentes informó del envío de un dispositivo USB certificado, con documentación detallada en un Anexo Único, para facilitar la solventación de los resultados preliminares números 14, 15, 21, 24 y 32. El escrito respondió a la convocatoria para una reunión virtual de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la auditoría.

Aquí importa no revolver las numeraciones: el oficio se refiere a resultados de esa etapa preliminar; la promoción administrativa aparece en el resultado 17 del informe individual. El documento de entrega no debe presentarse como si mencionara expresamente ese resultado final.

También hay un detalle que impide colocar el asunto exclusivamente en algún escritorio perdido de Finanzas: el oficio incluye copia al rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado y al titular del Órgano Interno de Control de la UAT, Roberto Carlos Borrego Borrego. 

Después de analizar la información entregada mediante ese oficio y comunicaciones complementarias, la ASF determinó que los elementos aportados no reunían las características de suficiencia, competencia y pertinencia necesarias para aclarar o justificar lo observado. 

El resultado que originó la promoción administrativa permaneció sin atender al cierre del informe. Porque entregar una USB acredita una entrega, no la solventación de sus pendientes.

«Muy tranquilos», pero con una investigación promovida

Los hallazgos contrastan con las declaraciones de Anaya, quien aseguró que la institución mantiene finanzas sanas y que las observaciones de los organismos fiscalizadores son principalmente técnicas:

«Estamos muy tranquilos porque, en términos generales, son muy pocas y son atendidas y solventadas»…Dámaso Anaya

El rector se refería a los señalamientos de la ASF y de la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, el informe individual de la Cuenta Pública 2024 dejó asentada una promoción de responsabilidad administrativa por contrataciones realizadas durante su gestión y la insuficiencia de la documentación presentada para aclarar el resultado observado. Una declaración posterior no permite dar por cerrada esa acción sin la constancia de seguimiento correspondiente.

El antecedente del rector: detenido en 2022 y primo del gobernador

El contexto político también tiene expediente periodístico. Dámaso Anaya es primo del gobernador Américo Villarreal, parentesco referido en la cobertura de Infobae y Reforma sobre su detención durante la jornada electoral del 5 de junio de 2022, cuando era secretario de Desarrollo Rural de Ciudad Victoria.

Ese día, Reforma publicó «Cae Secretario de Victoria con dinero y propaganda de Morena». El periódico reportó que Anaya fue detenido con efectivo, sobres para nómina con nombres y números —presuntamente de seccionales— y propaganda de Villarreal, entonces candidato de Morena a la gubernatura. Infobae también recogió señalamientos de presunta compra de votos.

Por ahora, lo documentado es concreto: la ASF pidió investigar omisiones en las verificaciones de proveedores, consideró insuficientes los elementos presentados para aclararlas y mantuvo el resultado sin atender al cierre de su informe. No hay aquí una sanción firme contra el rector, pero sí una exigencia de rendición de cuentas que no se despacha con un «estamos muy tranquilos».

Con información: ASF/AUDITORIA SUPERIOR FEDERACION/

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