En Sinaloa, encerrar a los integrantes del crimen organizado no significa encerrar su guerra. La rivalidad entre Los Chapitos y La Mayiza también cruza las rejas: cambia el asfalto por los patios, las calles por los módulos y convierte las prisiones en otra extensión del territorio en disputa.
El centro penitenciario El Castillo, en Mazatlán, acaba de exhibir el costo de ese descontrol: un motín y una segunda pelea en menos de 24 horas dejaron 12 muertos, entre ellos un niño de dos años que estaba de visita, además de 17 heridos. La tragedia no necesita adornos; la respuesta oficial, en cambio, exige bastante menos complacencia.
Las autoridades aun se mantienen en silencio y no han esclarecido públicamente las causas del los enfrentamientos pero el contexto no puede esconderse debajo del membrete de una «riña»: entre los fallecidos estaba Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias Owen, identificado por fuentes federales consultadas por EL PAÍS como integrante de un grupo de hermanos leales a Los Chapitos.
Su estructura participaba en la disputa contra operadores vinculados a Los Mayos, la facción conocida como La Mayiza. La rivalidad estaba ahí; falta esclarecer cómo intervino en estos hechos.
Porque las rejas podrán impedir la salida de los presos, pero evidentemente no bastaron para impedir la entrada de armas. La fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, reconoció que en los enfrentamientos se utilizaron armas largas, cortas y punzocortantes.
La pregunta incómoda no es únicamente quién comenzó la pelea, sino cómo un penal terminó ofreciendo las condiciones para semejante despliegue de violencia que coincide con el autogobierno de reos en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciara de 2026.
La Fiscalía investiga cómo se introdujo el armamento. Mientras tanto, llamar al desastre un simple problema de convivencia sería una forma bastante descarada de maquillar la pérdida de control.
El libreto institucional llegó puntual: presencia de fuerzas de seguridad, investigación, garantías de que el resto de la población penitenciaria estaba a salvo y anuncio farsante de una nueva cárcel con recursos federales.
Primero se cuentan los muertos; después se promete cemento. El detalle que estropea esa salida es que El Castillo no estaba rebasado: el último reporte citado por EL PAÍS registraba 1.406 internos en un centro con capacidad para 1.862. Había espacio disponible. Lo que faltaba, según el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, era personal suficiente, capacitación y condiciones adecuadas de gobernabilidad, no de reos, como también ocurre en Tamaulipas.
La CNDH había calificado al penal con 5,25 sobre 10 y señalado actividades ilícitas, deficiencias de higiene y carencias de seguridad y custodia. Es decir, el problema no apareció por generación espontánea durante el motín. Ya estaba documentado. Anunciar otra prisión puede servir para la fotografía y el discurso de reacción inmediata; no demuestra, por sí solo, que el Gobierno pueda controlar la que ya tiene. Una cárcel nueva no corrige automáticamente una administración rebasada.
La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza ha golpeado las calles de Sinaloa y alcanzado a grupos que operan en Mazatlán y su zona serrana. Dentro de El Castillo, la presencia de un integrante de esa estructura entre las víctimas vuelve imposible ignorar ese contexto, aunque las responsabilidades concretas sigan bajo investigación.
Ese es el fracaso que debe explicarse: no basta con detener a los protagonistas de una guerra si el sistema penitenciario permite que la violencia encuentre otro escenario. Y cuando entre los muertos hay un niño que solo estaba de visita, la palabra «reinserción» deja de sonar a política pública y empieza a sonar a una burla burocrática.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ MICAELA VARELA/
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