El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, aplicó sanciones financieras contra cuatro individuos y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN) con nexos en carreras de caballos y campañas políticas de Tamaulipas,cita El Norte.
Pero el documento original del Tesoro de los EE.UU permite una redacción aun más contundente y precisa: el Tesoro no habla únicamente de empresas vinculadas al CDN que recibieron contratos; afirma que CEGESA los obtuvo mediante corrupción y después subcontrató los trabajos a personas vinculadas al cártel.
El cártel ponía las constructoras; los gobiernos, los contratos
El Cártel del Noreste no solamente tenía caballos en la pista:también tenía empresas metidas en la obra pública y dinero circulando hacia campañas electorales.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, CEGESA, una constructora utilizada por el grupo criminal, obtuvo contratos gubernamentales mediante corrupción y después subcontrató los trabajos a personas vinculadas al propio cártel.
Entre los gobiernos que le otorgaron contratos aparecen expresamente el municipio de Nuevo Laredo y el estado de Tamaulipas.
El señalamiento pone bajo escrutinio la contratación pública de dos gobiernos hoy encabezados por Morena: el de Carmen Lilia Canturosas en Nuevo Laredo y el de Américo Villarreal en Tamaulipas.
La precisión importa: el comunicado identifica a las instituciones contratantes, pero no individualiza a los funcionarios que adjudicaron los trabajos ni fecha los contratos.
Pero tampoco deja espacio para reducir el asunto a una pintoresca historia de carreras de caballos. El Tesoro describe la capacidad del CDN para infiltrar gobiernos locales, dirigir contratos públicos y manipular elecciones regionales. El hipódromo era una pieza; la conexión con el presupuesto y las campañas, otra bastante menos decorativa.
Una constructora para cobrar y otra empresa para surtir
En el centro del esquema aparece Gamaliel Garza García, empresario y aficionado a las carreras de caballos al que Estados Unidos identifica como asociado del CDN. Su compañía, Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. —CEGESA—, fue utilizada para canalizar dinero a campañas de los candidatos preferidos por el cártel, sostiene el comunicado.
El mecanismo no terminaba con conseguir un contrato. Según el Tesoro, CEGESA obtenía las adjudicaciones mediante corrupción y luego subcontrataba los trabajos a personas vinculadas al CDN. Garza García creó además Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. —COPASA— para integrar el suministro de materiales al mismo esquema: una empresa ejecutaba o repartía la obra; la otra surtía los insumos.
Negocio redondo, según la estructura descrita: cobrar por construir y vender también con qué construir.
A principios de 2026, CEGESA y COPASA figuraban entre las pocas constructoras a las que el CDN permitía realizar trabajos en Nuevo Laredo. El señalamiento exhibe algo más grave que un proveedor cuestionable: describe a una organización criminal con poder para decidir quién podía participar en el mercado de la construcción.
Mientras las instituciones debían garantizar competencia y legalidad, el cártel presuntamente repartía permisos de facto. Una ventanilla criminal paralela a la gubernamental.
También había efectivo para las campañas
El comunicado atribuye a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario y participante en la operación diaria de CEGESA, la entrega de dinero en efectivo para financiar campañas de candidatos preferidos por el CDN.
El Tesoro plantea la coexistencia de financiamiento electoral y contratación pública dentro de una misma red empresarial vinculada al cártel. Eso obliga a investigar quién recibió el dinero, quién autorizó las adjudicaciones y quién terminó ejecutando las obras.
El hipódromo era apenas la fachada más vistosa
La acción anunciada el 13 de octubre de 2026 sanciona a cuatro personas y 11 entidades relacionadas con carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y negocios de gas y combustibles. Scott Bessent, secretario del Tesoro, la presentó como el mayor esfuerzo de esa dependencia hasta entonces para desarticular la infraestructura financiera del CDN.
Entre los establecimientos sancionados está el Club La Molienda, hipódromo, restaurante y bar situado en las afueras de Nuevo Laredo.
El Tesoro afirma que está controlado por Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, y supervisado por dirigentes y asociados del CDN mientras aquel permanece encarcelado en Estados Unidos. El recinto genera ingresos por entradas y recibe caballos comprados, entre otros lugares, en territorio estadounidense.
La Molienda también mantenía una alianza con Casino Centenario que permitía apostar desde el casino en las carreras del hipódromo. Esa relación operó antes de que una acción bilateral suspendiera las actividades del casino en abril de 2026.
La precisión es importante: el comunicado habla de la suspensión de Casino Centenario, no de La Molienda.
Canturosas y Villarreal: la respuesta está en los contratos
Para los gobiernos de Carmen Lilia Canturosas y Américo Villarreal, la salida no puede ser esconder el asunto detrás de un “no somos mencionados”. Sus instituciones sí aparecen en el comunicado como otorgantes de contratos a CEGESA, empresa señalada por el Tesoro como instrumento del CDN. Eso exige esclarecer cuándo se contrataron las obras, mediante qué procedimientos, por qué montos y bajo la autorización de qué funcionarios.
El documento no acredita una complicidad personal de la alcaldesa o del gobernador. Sí describe un esquema que alcanzó la contratación gubernamental y que, según la autoridad estadounidense, operó mediante corrupción. Esa es la diferencia entre una acusación que necesita pruebas adicionales y un señalamiento institucional que ya exige explicaciones.
Menos eslogan y más expedientes. Porque aquí la pregunta no es quién ganó la carrera, sino quién autorizó los contratos, quién cobró y quién terminó haciendo la obra.
Con información: U.S Treasury/ El Norte/ OFAC Treasury
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