En la política mexicana, hasta las “calentaditas” se reparten con cargo al erario. Santiago Taboada acusó a Morena de convertir el Altiplano en el “Lecumberri de la 4T”: no precisamente un centro de reinserción, sino —según el panista— un establecimiento para recordarles a los opositores que disentir puede salir con hospedaje incluido y puerta sin manija por dentro.
La acusación llegó después de que un juez impusiera prisión preventiva al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, investigado por la participación de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio.
El reclamo de Taboada tiene un ingrediente muy mexicano: la justicia puede investigar, siempre y cuando no se convierta en sucursal de la oficina de ajustes de cuentas.
El exalcalde de Benito Juárez sostuvo que las responsabilidades deben definirse con pruebas y resoluciones judiciales, no confundirse con una estrategia para castigar adversarios. Dicho sin toga: una cosa es integrar un expediente y otra, fabricar un escarmiento con membrete institucional.
Según su versión, al caso le cambiaron el guion a media función. Lo que comenzó con el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio terminó envuelto en señalamientos de traición a la patria. El laboratorio pasó al fondo del escenario y el pleito político se quedó con el micrófono. “Ahora no se habla del narcolaboratorio”, reprochó Taboada, quien cuestionó que la discusión se concentrara en el enfrentamiento entre el Gobierno y funcionarios estatales.
Para defender al gobierno de Maru Campos, el panista admitió que puede haber errores administrativos o irregularidades de procedimiento, pero sostuvo que combatir instalaciones destinadas a producir drogas no constituye, por sí mismo, una mala acción. Y, ya encarrerado, repartió golpes a Rubén Rocha Moya y a los gobernadores de Morena: aseguró que la gente aplaude más ese operativo que lo hecho por “el 70, el 80 o el 100 por ciento” de los mandatarios morenistas. Precisión estadística, ninguna; entusiasmo opositor, todo el disponible.
La nota también recoge el caso del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, quien estuvo en el Altiplano por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Según el reporte, ingresó en julio de 2026 y en septiembre obtuvo autorización judicial para continuar su proceso en prisión domiciliaria por consideraciones relacionadas con su edad y salud. Un proceso penal, conviene subrayarlo, no equivale a una sentencia de culpabilidad; tampoco la denuncia de persecución demuestra, por sí sola, que esta exista.
Así queda planteado el pleito: Taboada denuncia una cárcel utilizada como herramienta de presión política y exige que manden las pruebas. Porque, si la justicia necesita averiguar primero de qué partido eres para decidir cómo tratarte, lo que requiere rehabilitación no es solamente el sistema penitenciario.
Con información: ELFINANCIERO/
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