A la hora de las alianzas, todos son compañeros de proyecto; a la hora de pedir justicia, mejor tocar otra puerta. Cassandra de los Santos, diputada federal del Partido Verde, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) el ataque con arma blanca que aseguró haber sufrido en Río Bravo y con ello deja una postal bastante incómoda: una legisladora del bloque aliado de Morena buscando justicia fuera de la ventanilla estatal.
Una cosa es acompañar al oficialismo y otra poner la propia seguridad en manos de su aparato de procuración de justicia. La desconfianza, aunque no esté confesada, es una lectura política que esta decisión deja servida.
Mientras tanto, Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal de Tamaulipas con Americo Villarreal —quien fue detenido por autoridades federales y recibió un auto de formal prisión en 2002, en una investigación de la UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA (UEDO), de la entonces PGR, por su participación en la sustitución de un detenido identificado como operador de Osiel Cardenas del Cártel del Golfo en Matamoros—,grupo delincuencial que ahora controla el delito en Rio Bravo, salió a explicar que el asunto lo conoce la FGR porque ahí se presentó la denuncia.
Mucho cargo para tan poca información.
Según sus propias declaraciones, el fiscal conoce del ataque prácticamente lo que la diputada contó en una conferencia de prensa. Es decir, frente a una agresión denunciada por una representante federal en territorio tamaulipeco, la institución estatal aparece públicamente como espectadora: escucha, toma nota y anuncia que está disponible por si alguien le pide colaborar.
“Estamos atentos a la colaboración que se requiera”, dijo Govea.
Qué comodidad: una Fiscalía en modo sala de espera. La violencia ocurre en Tamaulipas, la víctima denuncia y el fiscal se queda junto al teléfono, por si la justicia federal necesita algo.
Y razones para buscar otra puerta no le faltan a Cassandra. No porque la FGR sea garantía de justicia, sino porque las cifras de la Fiscalía tamaulipeca dan motivos para la desconfianza: el censo del INEGI publicado en 2026, con datos de 2025, registra 35,788 procedimientos pendientes de concluir en sus carpetas de investigación.
¿Qué habría pasado si Cassandra hubiera denunciado únicamente ante la Fiscalía estatal?
Nadie puede asegurar el destino de una carpeta que no conoce. Lo que sí puede afirmarse es que habría puesto su caso en manos de una institución que cerró 2025 con 35,788 procedimientos pendientes y 1,615 órdenes judiciales pendientes de cumplimentarse. El riesgo de quedar esperando no es una ocurrencia editorial: tiene un contexto institucional documentado.
Por eso resulta defendible que buscara otra instancia, sin confundir esa decisión con una garantía de éxito ni dar por demostrada la competencia federal. El argumento no es que en la FGR necesariamente la salvarán; es que las cifras locales no obligan a nadie a entregar su confianza a ciegas.
No son rumores de la oposición: son pendientes reportados en la estadística oficial. Detrás de ese número hay asuntos sin concluir y víctimas cuya respuesta seguía esperando al cierre del año y que otras cifras oficiales también confirman.
Mucha ventanilla, mucho organigrama y mucho dinero público para que pedir justicia siga acompañado de semejante inventario de pendientes. Tener edificio no equivale a tener resultados; contratar burocracia no significa combatir la impunidad.
Y ahí está el golpe político para el gobierno de Américo Villarreal: una aliada puede acompañar el proyecto, aplaudir el discurso y compartir la fotografía; pero cuando la agresión toca su propia puerta, la solidaridad partidista no alcanza para tranquilizarla,ni a ella, ni al resto de ciudadanos acechados por los «ciudadaños» que su gobierno abraza con ayuda del gabinete.
Con información: INEGI/CNPJF-E/ REFORMA/ ENVIPE 2026/
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