Veinte años de prisión en la sentencia y el sentenciado todavía en libertad. Esa es la postal incómoda del caso de Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, padre de Dafne Zapata Quintos: el juez Eliseo Sánchez Wong le impuso esa pena por violación equiparada contra su hija, por hechos ocurridos en 2019 en El Mante. La defensa anunció que apelará y, según la información publicada, él permanecerá libre mientras se tramita el recurso. Un titular contundente; una situación judicial que exige explicaciones igual de contundentes.
Ahí está el reclamo que no deberían poder esquivar las autoridades: ¿qué resolución le permite continuar en libertad?, ¿qué autoridad la dictó?, ¿con qué fundamentos y bajo qué condiciones?
La información periodística señala que anteriormente se modificó la medida cautelar que lo mantenía en prisión preventiva, pero eso no explica por completo el fundamento de su libertad después de la condena. La ciudadanía merece una explicación verificable, no un «así es el procedimiento» servido como tranquilizante
La defensa, por su parte, acusa al juez de haberse dejado llevar por la presión mediática y tiene derecho a cuestionar la sentencia dictada a toda prisa, con la que el gobierno de Américo Villarreal busca mandar señales de justicia en medio de una impunidad escandalosa.
Si hubo pruebas mal valoradas o irregularidades, corresponde identificarlas y demostrar su relevancia en la impugnación.
Y los ciudadanos tampoco debemos comprar la versión contraria por puro impulso: que una condena muy difundida equivale, automáticamente, a justicia plenamente cumplida. Entre los hechos denunciados en 2019 y la pena impuesta en octubre de 2026 transcurrieron siete años. Ese recorrido merece escrutinio: qué explica la duración del proceso, cómo se atendió a la víctima ahora muerta y qué hicieron las instituciones durante ese tiempo. La sentencia es un resultado judicial relevante; no es una absolución colectiva para todas las autoridades que intervinieron.
Dafne murió el 16 de julio de 2026, después de ingresar a un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz. Su muerte se investiga como feminicidio, en una causa distinta del proceso por la agresión sexual atribuida a su padre. Mezclar ambos expedientes puede producir una narración más escandalosa, pero no una acusación más rigurosa: esta condena no resuelve las responsabilidades por su muerte.
La exigencia, entonces, no es cárcel por aplausómetro ni absolución por discurso de perseguido. Es una sentencia sostenida en pruebas, una revisión sin favoritismos y una explicación pública —con los datos de la víctima debidamente protegidos— sobre por qué una persona condenada a veinte años continúa en libertad.
La justicia no tiene que obedecer al escándalo. Tiene que poder explicar sus decisiones sin esconderse detrás de él. Y quien quiera vender este fallo como asunto terminado todavía debe responder la pregunta más incómoda: ¿qué se resolvió realmente, qué falta por resolver y con qué fundamento el sentenciado sigue fuera de prisión?
Con información: ELNORTE/
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