Guadalupe Taddei salió a defender las contrataciones del INE y terminó ofreciendo un peculiar catálogo de explicaciones: los señalados sí trabajaron ahí, pero ya se fueron; uno estaba adscrito a la Presidencia, pero no era su chofer; el otro realiza funciones que ella prefiere llamar de “asistente especializado”.
El problema de esa defensa no es lo que demuestra, sino lo que pretende dar por contestado. Acreditar una baja laboral no aclara lo ocurrido durante la contratación. Cambiarle el nombre a una función tampoco explica las tareas efectivamente realizadas. Y exhibir una declaración de intereses prueba que alguien presentó una declaración, no necesariamente que dijo la verdad.
El expediente dice que dijeron
La presidenta sostuvo que los extrabajadores manifestaron no participar en empresas, sociedades o asociaciones. Subrayó que entregaron esa información bajo protesta de decir verdad y que su contenido es responsabilidad individual de quienes la suscribieron. También reconoció que corresponde al Órgano Interno de Control determinar si hubo omisiones o falsedades.
Hasta ahí, una descripción del trámite. Lo que falta es la respuesta al señalamiento.
Porque una cosa es mostrar el casillero donde alguien escribió “no” y otra, muy distinta, establecer si ese “no” corresponde con sus actividades e intereses reales. La declaración es precisamente uno de los documentos que deben contrastarse, no un certificado de inocencia que se expide a sí mismo.
Taddei pidió no convertir esas manifestaciones en una “conclusión anticipada”. Correcto. Pero la cautela debe funcionar en ambos sentidos: ni sirven para condenar automáticamente a los señalados ni alcanzan para presentar el asunto como aclarado.
No era chofer: estaba en Presidencia
La precisión sobre el trabajador señalado como conductor puede ser pertinente, pero no resuelve el fondo. Taddei admitió que estuvo adscrito a la Presidencia y negó que fuera su chofer. Respecto del otro colaborador, prefirió la denominación de “asistente especializado”.
El diccionario administrativo puede esperar. Las preguntas son menos elegantes y bastante más útiles: ¿qué funciones desempeñaban?, ¿cómo fueron contratados?, ¿qué vínculos tenían con proveedores y qué verificó el Instituto?
No se trata de discutir si “chofer” suena menos distinguido que “asistente especializado”. Se trata de contrastar nombramientos, funciones y posibles intereses. El eufemismo no sustituye esa revisión.
“No tengo empresas favoritas”: declaración, no demostración
“Esta presidencia no tiene empresas favoritas”, aseguró Taddei. También invocó reglas, expedientes, competencia y decisiones revisables.
Es una negativa categórica. No es, por sí sola, una comprobación.
Los antecedentes comerciales de un proveedor pueden explicar desde cuándo vende al Instituto. No bastan para resolver si cada contratación posterior estuvo debidamente justificada. Haber contratado antes no vuelve irregular a una empresa; tampoco le concede una absolución permanente.
La discusión exige revisar procedimientos concretos, no escoger entre dos atajos: presumir corrupción por la sola existencia de un vínculo o presumir legalidad porque hay papeles archivados.
Cuando la pregunta se convierte en ataque
El giro más revelador llegó cuando Taddei pasó de las contrataciones a las intenciones de quienes cuestionan. Habló de una imagen que se quiere construir del Instituto, pidió responsabilidad a partidos y grupos de poder y advirtió: “así no se ganan las elecciones”.
Ahí está el sesgo de su defensa: anteponer la supuesta intención de desacreditar al organismo al examen de los hechos señalados.
Una publicación puede contener errores, y esos errores deben identificarse y refutarse. Pero atribuirle un propósito desestabilizador no demuestra que sus hallazgos sean falsos. La reputación del INE tampoco sustituye las explicaciones que debe ofrecer su administración.
Taddei anunció que solicitará una nueva revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Esa revisión podrá aportar elementos; su anuncio no adelanta el resultado.
Por ahora, su respuesta deja una contradicción política: pide esperar a las autoridades competentes para determinar las posibles irregularidades, pero no espera una investigación para atribuir intenciones a los cuestionamientos. Prudencia para examinar a los propios; contundencia para descalificar la crítica.
Con información: ELNORTE/
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