La justicia anticorrupción de Morena y Américo Villarreal salió en cómodas mensualidades: primero la denuncia, luego la carpeta, después la vinculación, enseguida el boletín y, cuando por fin llega la hora de ejecutar la prisión preventiva, comienza otro trámite: averiguar dónde está el acusado. El castigo sigue pendiente; la propaganda nunca se atrasa.
El caso de Óscar Enrique Rivas Cuéllar, exalcalde panista de Nuevo Laredo, le pone nombre al siguiente capítulo de esta justicia en abonos. Según los datos del expediente citados por Noticiero de Victoria, perdió la protección judicial que frenaba su ingreso a prisión y ahora la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción instruyó a la Policía Investigadora a localizarlo.
La investigación involucra un presunto desvío de más de 50 millones de pesos. Dinero bajo sospecha, expediente abierto y paradero por establecer: una combinación bastante menos presumible que un boletín de “resultados históricos”.
DEL BALANCE TRIUNFAL AL «FAVOR DE LOCALIZARLO»
El antecedente merece recordarse. En diciembre de 2025, cuando Jesús Eduardo Govea Orozco estaba por pasar de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía General, el balance difundido presumía 29 vinculaciones a proceso.
En Valor Tamaulipeco cuestionamos aquella presentación porque no se traducía, según el recuento, en juicios concluidos ni condenas. La crítica era tan sencilla como incómoda: estaban vendiendo el arranque del procedimiento como si ya hubieran cruzado la meta.
Ahora, el caso Rivas exhibe la distancia entre anunciar que la justicia avanza y conseguir que sus resoluciones se cumplan.
De acuerdo con los antecedentes aportados del expediente CP 38/2023, en julio de 2025 un juez le impuso prisión preventiva justificada y le concedió 48 horas para internarse voluntariamente en el CEDES de Nuevo Laredo. El exalcalde promovió el amparo indirecto 358/2025 y obtuvo suspensiones que le permitieron permanecer en libertad mientras se resolvía la controversia.
Es decir: durante ese periodo no estaba prófugo por el solo hecho de no ingresar al penal; contaba con protección judicial. Ese detalle importa, aunque estorbe al espectáculo.
Pero la protección dejó de sostenerlo. Según la información proporcionada, el Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa negó el amparo contra la prisión preventiva justificada, resolución que quedó firme el 1 de octubre de 2026. El 8 de octubre declaró sin materia otro recurso relacionado con la suspensión.
Y después de semejante recorrido procesal, la novedad es que un agente deberá revisar la carpeta y practicar diligencias en distintos domicilios para encontrarlo.
La justicia ya tiene expediente. Ahora le falta tener al imputado a disposición.
MUCHO ARCHIVERO, POCO DESENLACE
Ahí está el terreno legítimo de la crítica: en exigir que dejen de presumir como justicia consumada lo que sigue siendo justicia por cumplir.
Porque la rendición de cuentas no puede reducirse a contar carpetas, celebrar vinculaciones y cambiar al fiscal de oficina. Una acusación no es condena; una medida cautelar no es castigo definitivo; un comunicado no recupera los millones investigados depredados a los contribuyentes de Nuevo Laredo.
Casi cuatro años después, el gobierno de Américo Villarreal necesita menos ceremonias del expediente y más resultados verificables. Que se determine la responsabilidad, que se ejecuten las resoluciones y que, si se acredita el daño, se repare.
Lo demás es vender humo con membrete: cobrar políticamente la justicia de contado y entregársela al ciudadano en abonos que nunca terminan de pagar.
Con información: NOTICIERO DE VICTORIA/
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