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jueves, 22 de octubre de 2026

"DIME con QUIEN TE JUNTAS y TE DIRE... ?: DIPUTADA BAJO SOSPECHA CDG RECETO ASPIRINAS MEDIATICAS a CIUDADANOS bajo TRATA_MIENTO de SOBRINOS"...que no conoce a La Chispa que SI conoce AMERICO.


La Diputada local de Morena, Magaly Deandar, publicó una respuesta para responder a ligas con lugarteniente del Cartel del Golfo que arranca con familiaridad de sobremesa y termina con sarcasmo de mostrador. Entre los “queridos sobrinos y sobrinas” y la ocurrencia de pedir actas constitutivas para comprar una aspirina, la diputada desplaza la discusión: de una comprobación de gastos cuestionada a lo absurdo que, según su planteamiento, sería conocer a los propietarios de cualquier negocio. El expediente queda detrás del chiste.

Su publicación busca demostrar que no conoce a Mario Guitián Rosas, señalado como lugarteniente del Cártel del Golfo, a quien el gobernador Américo Villarreal sí conoce y con quien incluso compartio la mesa.

Magaly Deandar deja a la vista una estrategia discursiva que merece desmenuzarse: anticipa persecución, reduce el asunto a una compra cotidiana, invoca desconocimiento y remata con una burla. 

“Queridos sobrinos y sobrinas”

La diputada abre con un diminutivo político sin diminutivo gramatical: “Queridos sobrinos y sobrinas”. El recurso podrá funcionar como marca personal, pero aquí resulta particularmente desafortunado. 

Ante preguntas sobre sus gastos, la ciudadanía no necesita una tía explicándole las travesuras de sus adversarios; necesita una representante que responda sin repartir parentescos imaginarios.

El tono familiar no sustituye la precisión. Y cuando la explicación termina en sorna, aquel saludo empieza a parecer menos una cortesía que una manera de colocar al público en la mesa de los pequeños.

“Se dirá de todo y habrá de todo con tal de querer ensuciarme”

Antes de explicar el gasto, Magaly adjudica una intención a quienes la cuestionan: quieren ensuciarla. Así, la discusión comienza con los papeles invertidos. La representante que aspira gobernar Reynosa y debe explicar con sobriedad se presenta como agraviada; quienes preguntan quedan bajo la sospecha de actuar de mala fe.

No, diputada: publicar un cuestionamiento no equivale por sí mismo a fabricar una calumnia. Si hay falsedades, identifíquelas. Si hay documentos mal interpretados, corríjalos. Porque ademas el gasto que usted llama «sus gastos», lo pagaron otros contribuyentes.

La frase “quieren ensuciarme” puede describir una percepción personal; no constituye una refutación.

“Ni yo ni nadie que acude a un taller mecánico, restaurante, farmacia…”

El propósito tiene una función evidente: convertir el caso cuestionado en la experiencia universal de cualquier persona que entra a comprar algo. Todos hemos contratado servicios sin investigar una sociedad mercantil; por tanto, sugiere la diputada, su situación no tendría nada de particular.

Pero la comparación evita el centro de la controversia. La pregunta no es si cada ciudadano debe investigar al dueño de una farmacia antes de comprar una caja de pastillas. La pregunta es porque escogió este proveedor que tambien escogió el INE donde su presidenta es acusada de transa.

Nadie necesita levantar un censo de accionistas para cambiar una llanta. Tampoco hace falta recorrer todas las farmacias de México para explicar un solo comprobante.

“No es un tema que acostumbro preguntar antes de entrar a una tienda”

Sus hábitos de compra no responden las preguntas sobre este expediente. Que no acostumbre preguntar por los propietarios de una tienda puede explicar su conducta general; no acredita qué sabía o ignoraba en el caso concreto.

La costumbre es una anécdota. El conocimiento es una cuestión de prueba. Confundirlos favorece una defensa cómoda: hablar de lo que uno suele hacer para no precisar lo que hizo esta vez.

“Según entiendo, se trató de una reparación por un monto menor”

“Según entiendo”: una fórmula de distancia para referirse al gasto que ella misma sale a defender. “Monto menor”: una fórmula de reducción para presentar la cuantía como si resolviera las demás preguntas.

Si conoce la operación, que la describa. Si no la conoce suficientemente, que reúna los documentos antes de convertir la explicación en una función de sarcasmo.

Además, el tamaño del importe no explica quién contrató, quién cobró ni por qué aparece determinado proveedor. Una cantidad puede ser pequeña y la explicación seguir siendo insuficiente. El adjetivo “menor” no expide certificados de claridad.

“Desconozco si las personas mencionadas […] son realmente propietarias”

Ese desconocimiento se presume más falso que verdadero cuando se trata de un sujeto que ha hecho de la movilización de estructuras electorales una garantía de impunidad; así lo dijo un empresario extorsionado antes de morir por atreverse a pronunciar el nombre, apellidos y apodo de La Chispa en voz alta.

No es lo mismo decir “no lo sé” que demostrar “eso es falso”.

“También desconozco su situación legal, sus antecedentes o si están sujetos a alguna investigación”

No conocer los antecedentes del proveedor y explicar correctamente el gasto son cuestiones distintas. La primera no vuelve innecesaria la segunda.

“Yo solo sustento mis gastos”

El “solo” intenta cerrar la discusión con la apariencia de un trámite rutinario. Pero sustentar un gasto significa precisamente poder explicar su origen, su concepto y su comprobación; no invocar el comprobante como amuleto para ahuyentar preguntas.

La factura no necesita un discurso indignado que la escolte: necesita correspondencia con lo que efectivamente ocurrió.

“Pagar por un servicio […] no me convierte en socia de nadie”

En sentido estricto, comprar un servicio no convierte a un cliente en accionista del negocio. Pero esa obviedad responde a una pregunta distinta de las que plantea la controversia.

La cuestión no queda agotada al negar una sociedad mercantil. Falta explicar la relación comercial concreta, la selección del proveedor y la comprobación cuestionada.

Es una salida retórica bien conocida: escoger la imputación más fácil de rechazar y presentar su rechazo como si hubiera despejado todo el expediente. Nadie necesita demostrar que recibió acciones para preguntarle por un pago.

Actas constitutivas para los tacos y antecedentes penales para la aspirina

El remate del comunicado pide que todos los negocios de Reynosa, Tamaulipas y México exhiban su acta constitutiva y una carta de no antecedentes penales expedida en los últimos quince días. Así, escribe, cada quien podrá decidir si entra a “comer unos tacos, cambiar una llanta o comprar una aspirina”.

Es aquí donde la explicación abandona el terreno documental y se entrega a la caricatura. Ante un cuestionamiento particular, propone una exigencia universal y disparatada; después se burla de esa exigencia que ella misma acaba de inventar.

No, diputada gracíosa: nadie necesita convertir la taquería en archivo notarial (…aunque no sería mala idea) para que usted aclare su caso. No se está discutiendo el menú del puesto de la esquina, sino una operación específica que mereció un comunicado suyo.

El sarcasmo busca que parezca ridículo preguntar. Pero lo ridículo es pretender que una aspirina o los tacos respondan por un proveedor.

“Espero que así sea, para que no haya confusiones”

El cierre pide que no haya confusiones después de mezclar clientes particulares, comprobación de gastos, propietarios de negocios, antecedentes penales y compras de medicamentos.

La confusión no se combate ampliando el escenario hasta que el expediente desaparezca entre tacos y llantas. Se combate delimitando hechos: esto ocurrió, esto autoricé, este documento lo respalda, esta afirmación es falsa y por esta razón.

Lo demás podrá servir para cosechar simpatías entre convencidos. Para esclarecer, alcanza bastante menos.

El retrato, sin estridencias

La conducta de la legisladora se puede prejuzgar en la calidad de su respuesta: abundante en familiaridad, pródiga en sarcasmo y escasa en las precisiones necesarias para resolver la controversia.

En la escena que ella misma construye, aparece como una virtuosa de la evasiva: afectuosa al repartir sobrinos, distante al precisar el gasto y diligente al ridiculizar las preguntas.

No hace falta denostarla con vocabulario de arrabal. Basta describir el personaje que interpreta en su comunicado:administradora del desdén, cortesana de su propia inocencia y prestidigitadora de una explicación que termina por desaparecer.

Porque la rendición de cuentas no consiste en tratar al ciudadano como sobrino hasta que deje de preguntar. Y la suficiencia con que se desdeña una duda jamás sustituye la solvencia necesaria para despejarla.

Aunque, si observamos la realidad circundante, hubiese sido mejor aplicar la sabiduría popular y encontrar consuelo en el mal de muchos.

Con información: Magaly Deandar/redes

¿LO QUE se VE NO se JUZGA?: VIDEO EXHIBE a la PRESIDENTA del INE MUY CERCA de PROVEEDOR del INSTITUTO»… empresas de su familia recibieron 197 millones en contratos.


Guadalupe Taddei dice que no tiene “empresas favoritas”. Proveedores en la fiesta de cumpleaños, al parecer, sí. Según información de Grupo REFORMA, la presidenta del INE mantiene una cercanía que rebasa lo institucional con José Alfredo Hernández Casillas, empresario cuyas compañías son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Porque una cosa es adjudicar contratos y otra compartir el pastel; el problema es cuando ambas aparecen en la misma historia.

Fuentes del organismo citadas por el diario aseguran que ambos coinciden en reuniones privadas, comidas, juegos de cartas y encuentros sociales. REFORMA exhibio en video esa convivencia fuera del instituto. 

Pero tampoco se despejan las dudas con una declaración de “no tengo favoritas”.

Del material electoral al pastel de cumpleaños

De acuerdo con la información publicada, Hernández estuvo en el cumpleaños número 62 de Taddei, celebrado el 26 de junio de 2025 en una casona de San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Las fuentes consultadas aseguran que el empresario incluso participó en la organización.

“A la celebración acudieron León Fernando y Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijos de la funcionaria; funcionarios del primer círculo de Taddei, y colaboradores del empresario. Una convivencia muy alejada de la ventanilla de adquisiciones”.

Según esas fuentes, la relación se estrechó desde agosto de 2024. En febrero de 2025, Cajas Graf y TOL Producciones, ambas vinculadas a la familia Hernández, obtuvieron mediante adjudicación directa un contrato por 197 millones de pesos para materiales de la elección judicial.

Siete empresas bajo la lupa

Según el reporte, la UIF investiga desde 2023 una red de siete empresas de Hernández, proveedoras del INE y de organismos electorales locales: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas y Grupo Selati.

Las pesquisas abarcan presuntas prácticas de simulación de competencia, triangulación de recursos y operación de factureras. Entre 2023 y 2024, la UIF congeló 400 cuentas bancarias; de acuerdo con la información proporcionada, permanecían vigentes 70 bloqueos relacionados con 13 personas físicas y siete empresas.

El chofer que no era chofer y el que tiene nombre ejecutivo

El reportaje también señala que personas vinculadas al empresario llegaron a la nómina del INE. Entre ellas figura Jonathan Navarrete Torres, apoderado legal de Corporativo Zeg, identificado en la publicación como el “chofer fantasma”.

Taddei reconoció que estuvo contratado y adscrito a la presidencia, pero negó que hubiera sido su conductor:

“Jamás fue mi chofer. Está exactamente adjudicado a presidencia, pero nunca ha sido, ni fue, ni será mi chofer porque ya no labora aquí”.

El detalle incómodo es que, según la información citada, su declaración patrimonial y el directorio del instituto le atribuían la función de “transportar de manera segura y eficiente” a la presidenta, con un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos. Una descripción bastante automovilística para alguien que, asegura ella, jamás fue su chofer.

También aparecen Jesús Octavio García, exrepresentante del mismo consorcio de material electoral y contratado como director de Administración, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales. Las fuentes consultadas por REFORMA atribuyen a Taddei la gestión de esos ingresos.

La presidenta reconoció, además, que Luis Alberto Bustamente sí es su chofer, aunque figura en la nómina como “líder de proyecto”, con un sueldo cercano a los 70 mil pesos mensuales.

“Yo prefiero llamarle mi ‘asistente especializado’”, explicó.

En esa nómina, hasta manejar viene con título ejecutivo.

Taddei hizo estas declaraciones en un mensaje a medios en el que no aceptó preguntas. Y ahí está el problema: lo que se ve no basta para dictar sentencia, pero sí para exigir respuestas. Las fotografías no sustituyen una investigación; el “no tengo favoritas” tampoco sustituye la rendición de cuentas.

Con información: ELNORTE/

«LIDERESA de MORENA CONVIERTE LIGAS de DIPUTADA que PODRIA ser CONSIDERADA COLABORADORA del TERRORISMO, en ATAQUE PARTIDISTA»…importa el mensaje,no el mensajero.


En Tamaulipas, donde lastimosamente aún gobiernan los «malos oficios» de Américo Villarreal Anaya, la dirigencia de Morena quiere que sus aspirantes dejen de darse hasta con la cubeta. La lideresa estatal Guadalupe Gómez Núñez pide respeto, disciplina y unidad rumbo a 2027, y recuerda que las convocatorias prohíben las descalificaciones entre compañeros. 

Qué conveniente sería que, entre tanto llamado a portarse bonito, también se exigiera explicar por qué Magaly Deandar, «suspirante» a la alcaldía, aparece vinculada con un presunto lugarteniente del Cártel del Golfo y si esa relación ha servido para fortalecerlos con dinero público.

Porque una cosa es ordenar la competencia interna y otra convertir la palabra “unidad” en cobija para las preguntas incómodas y los acuerdos entre compañeros no pueden sustituir la rendición de cuentas ante los ciudadanos.

De acuerdo con la información documentada, la diputada de Morena Guillermina Magaly Deandar Robinson dolosamente negó haber solicitado pagos del Congreso a Mario Guitián Rosas, señalado como lugarteniente del Cártel del Golfo y operador de su maquinaria de extorsión en Reynosa, y aseguró que únicamente había utilizado un taller llamado Treviño.

Sin embargo, documentación oficial vasta y sobrada,entregada mediante una respuesta de transparencia del Congreso, aparece LLANTIRES LLC MÉXICO, propiedad del capo por “MANTENIMIENTO TRANSPORTE”.

La publicación identifica el oficio de transparencia como LEG66/UT/314/2026, fechado el 3 de septiembre. El paso exigible es exhibir el expediente completo, no mandar la controversia al taller de hojalatería del discurso.

La misma documentación del Registro Público de Comercio identifica a Mario Guitián Rosas como accionista de Llantires al constituirse la sociedad en 2019: 70 acciones, por 70,000 pesos, de un capital mínimo de 100,000. 

La unidad no es una póliza contra preguntas

A la dirigencia habría que decírselo sin incienso: aun suponiendo que un correligionario hubiera filtrado la información, hacerlo no equivale a insultar a un compañero. Y exhibir a una diputada «humanista» en una clara componendacon el Cártel del Golfo no constituye, por sí mismo, guerra sucia.

El problema del llamado a la concordia aparece cuando se pretende usarlo como respuesta a asuntos que requieren documentos. Una convocatoria puede ordenar la conducta de los aspirantes; no puede borrar sus responsabilidades públicas, menos aún cuando los señalamientos se suman a otros que también apuntan al propio gobernador.

Gómez Núñez invoca las reglas internas y los principios éticos del partido. Precisamente por eso, su discurso tendría que dejar una frontera inequívoca: respeto entre contendientes, sí; inmunidad frente al escrutinio, no.

Porque si para competir se pide disciplina, para ejercer recursos públicos, aspirar a mayores responsabilidades debe exigirse algo bastante más sustancioso: honestidad y no solo en las cuentas. 

La honestidad no es un ambientador para perfumar los expedientes de cuadros de Morena, incluso de aquellos emparentados con integrantes del Cártel del Golfo.

¿Y podría hablarse de colaboración con el terrorismo?

Aquí hay que pisar firme, no acelerar el adjetivo: Estados Unidos designó al Cártel del Golfo como organización terrorista extranjera y como terrorista global especialmente designado. Ambas designaciones entraron en vigor el 20 de febrero de 2025. Ese dato hace pertinente examinar eventuales apoyos a la organización.

La legislación estadounidense sobre apoyo material —18 U.S.C. § 2339B— sanciona proporcionar conscientemente recursos o apoyo a una organización terrorista extranjera, así como intentarlo o conspirar para hacerlo. 

«Si se acreditara que la diputada canalizó conscientemente recursos al Cártel del Golfo mediante un proveedor que actuaba por cuenta de esa organización, el caso podría trascender una irregularidad administrativa y plantear una posible provisión de apoyo material a una organización terrorista extranjera bajo la legislación estadounidense» .

Esto exige probar el destino o la función de los recursos, el conocimiento de la funcionaria, que lo presume al negarlo y la jurisdicción aplicable.

«La Ley Antiterrorista también incorporó al Código de Estados Unidos la disposición 18 U.S.C. § 2339B, que prohíbe, dentro del territorio estadounidense o, en cualquier lugar, a toda persona sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, proporcionar a sabiendas apoyo material a una organización terrorista extranjera designada como tal por el secretario de Estado. Véase la Ley Pública 104-132, § 303, 110 Stat. 1214, 1250.»

The Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996 gave the Secretary of State authority to designate foreign terrorist organizations whose terrorist activity threatens the security of United States nationals or the national defense, foreign relations or economic interests of the United States. See Pub. L. 104-132, § 302, 110 Stat. 1214, 1248. See also section 219 of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. §  1189). The Antiterrorism Act also created 18 U.S.C. § 2339B, which makes it unlawful, within the United States, or for any person who is subject to the jurisdiction of the United States anywhere, to knowingly provide material support to a foreign terrorist organization that has been designated by the Secretary of State. See Pub. L. 104-132, § 303, 110 Stat. 1214, 1250.

Ese es el punto que la retórica partidista no debería tragarse: ni una acusación sustituye una investigación ni un llamado a la unidad sustituye una explicación. 

Que dejen de pelear por las candidaturas, si quieren. Pero que no confundan dejar de aventarse lodo con dejar de revisar las facturas y las ligas con el Cartel del Golfo del gobernador para abajo.

Con información: Justice.gov/ State.gov / Hoytamaulipas/