El desorden de El Castillo no necesita explicaciones sobrenaturales ni otra conferencia para echarle la culpa a la maldita fatalidad. Tiene antecedentes documentados: servicios de salud deficientes, insuficiente prevención de incidentes violentos, falta de capacitación, escasez de custodios y presencia de actividades ilícitas entre el autogobierno de reos.
Todo eso aparece en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH. El penal de Mazatlán recibió 5.25 sobre 10; Sinaloa, una calificación estatal de 5.02, correspondiente a los dos centros evaluados en ese apartado. Reprobados, pero con personas de carne y hueso viviendo las consecuencias.
No se trata de afirmar que el informe explica cada disparo o demuestra, por sí solo, quién dejó morir a un niño en una balacera de facciones del Cartel de Sinaloa.
Se trata de algo más sólido y menos cómodo para las autoridades: la violencia y el desamparo ocurrieron en un establecimiento donde ya se habían identificado fallas precisamente en los mecanismos destinados a prevenirlos y atenderlos. El desastre no cayó sobre una institución impecable. Encontró un penal con deficiencias documentadas en seguridad, salud y protección de derechos humanos.
El “todo bajo control” tenía demasiados agujeros
En las páginas 497 y 498 de su numeración impresa, el diagnóstico describe problemas de El Castillo que hoy resultan dolorosamente pertinentes:
- “Deficiencias en los servicios de salud”.
- “Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos”.
- “Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección”.
- “Insuficiencia de personal de seguridad y custodia”.
- “Falta de capacitación del personal penitenciario”.
- “Presencia de actividades ilícitas”.
Traducido del lenguaje institucional: faltaban condiciones para prevenir la violencia, personal suficiente para custodiar y capacitación para actuar; además, los servicios de salud presentaban deficiencias. No era una observación sobre el color de las paredes. Era una descripción de fallas que comprometen la protección de quienes están dentro.
Por eso, la denuncia del padre —que acusa a custodios de haberlo separado de su hijo herido y dejar al pequeño sin auxilio— exige algo más que una respuesta administrativa. Esa versión debe investigarse y las responsabilidades deben acreditarse. Pero el antecedente importa: la atención sanitaria deficiente y la insuficiente preparación del personal no son problemas inventados después de la tragedia; están asentados en la evaluación de 2025.
No basta con mandar uniformados: hay que hacer funcionar el penal
Una estrategia que pretende resolverlo todo con despliegues tiene aquí una pregunta atravesada: ¿de qué sirve presumir fuerza si dentro del establecimiento faltan custodios, capacitación y servicios de salud adecuados?
La CNDH también señaló en El Castillo problemas con la normatividad interna —reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones, así como su difusión y actualización— y deficiencias en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias. La gobernabilidad penitenciaria requiere algo más que hombres armados: necesita reglas operativas, personal preparado y capacidad de respuesta. El informe documentó fallas en esos componentes. Ninguna fotografía de un operativo los sustituye.
Y tampoco vale sacar del cajón la explicación automática del hacinamiento. En El Castillo, el diagnóstico consideró apropiada la relación entre el número de personas privadas de la libertad y la capacidad del centro. Es decir, el informe no permite atribuir sus deficiencias simplemente a que había demasiados internos. Había problemas de funcionamiento que no se explican solo con construir más celdas.
Sinaloa: dos penales evaluados, dos calificaciones reprobatorias
El otro centro incluido en la calificación estatal, Goros II, obtuvo 4.79. Ahí la CNDH documentó, además de deficiencias sanitarias y falta de personal, ejercicio de funciones de autoridad por internos —autogobierno o cogobierno—, actividades ilícitas y presencia de cobros, extorsión y sobornos. Conviene no revolver los expedientes: esos últimos hallazgos corresponden a Goros II y no deben adjudicarse automáticamente a El Castillo. Pero sí muestran la gravedad del panorama en los centros sinaloenses evaluados.
En ambos aparecieron insuficiencia de custodios, falta de capacitación y deficiencias en la prevención y atención de incidentes violentos. No son fallas decorativas: afectan la posibilidad de que la autoridad proteja a las personas bajo su custodia.
La causalidad se investiga; las advertencias están escritas
“No es casualidad, es causalidad” puede ser una tesis periodística contundente, siempre que no se utilice para dar por demostrada una cadena de responsabilidades que todavía debe investigarse. Lo que el diagnóstico sí permite sostener es que existían factores de riesgo documentados y directamente pertinentes para entender el desastre: prevención insuficiente, custodia insuficiente, capacitación deficiente y servicios de salud con problemas.
La pregunta, entonces, no es únicamente quién disparó. También es qué se corrigió después de aquella evaluación, qué siguió fallando y quién debía garantizar que una emergencia no terminara en desamparo.
Porque detrás del 5.25 no había un alumno esperando otra oportunidad para pasar el examen. Había internos, trabajadores y familias expuestos a las consecuencias de un penal que no cumplía adecuadamente con funciones esenciales. Y, en la tragedia relatada, había un niño de un año y nueve meses que fue a ver a su padre.
A ese niño no le sirve una calificación, una explicación tardía ni otro despliegue para la foto. A quienes sobreviven se les debe la verdad. Y a las autoridades les toca responder por algo mucho más serio que un promedio reprobatorio: esclarecer cómo las fallas documentadas se relacionaron con la violencia y con la atención que recibieron —o no recibieron— sus víctimas.
Con información: DIAGNOSTICO NACIONAL de SUPERVISION PENITENCIARIA/CNDH
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