El hombre que convirtió «no mentir, no robar y no traicionar» en catecismo político terminó escribiendo su propia estampita. Según la columna de Proceso, Andrés Manuel López Obrador enumera en Pueblo 150 logros de su gobierno y bautiza el capítulo final como «Los otros datos». La coartada de las mañaneras, ahora con portada y sello editorial: cuando la realidad incomoda, se publica una versión donde el protagonista siempre sale con aureola.
La trampa no consiste en que todo sea falso. Proceso reconoce avances: la pobreza pasó de 41.9% a 29.6%, 13.4 millones de personas salieron de ella y el salario mínimo aumentó 110% en términos reales. Precisamente por eso resulta tan revelador el empeño en borrar lo demás. Había resultados para defender sin necesidad de convertir el balance sexenal en una ceremonia de autocanonización.
Pero el falso mesías no quiere balance: quiere absolución.
El saqueo que no cabe en la estampita
Según el artículo, López Obrador sostiene que el único robo al erario durante su gobierno fue el de Liconsa y Diconsa, por 2,019 millones de pesos. El único. Qué conveniente: un sexenio entero reducido a una excepción, mientras la columna contrapone esa afirmación con la red de contrabando de combustible en aduanas marítimas y estimaciones de daño por huachicol fiscal de entre 240 mil y 600 mil millones de pesos, aunque otras cifras son mayores.
Las estimaciones citadas por Proceso, no son un quebranto definitivo establecido por sentencia; aun con esa salvedad, exhiben lo endeble de presumir que sólo hubo un saqueo.
El libro sí presume haber reducido el robo de combustible de los ductos. Del otro negocio —el que pasaba por documentos, importaciones y aduanas bajo control naval—, la columna señala que no aparece una sola línea en el inventario. Una limpieza narrativa impecable: lo que no entra en la lista tampoco ensucia al santo.
Espionaje: el milagro de negar lo documentado
Otra de las afirmaciones que Proceso atribuye al libro es que se eliminó el espionaje a opositores. La publicación la confronta con un informe del Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley sobre el uso militar de Pegasus y otras herramientas de vigilancia contra periodistas y defensores de derechos humanos, sin autorización judicial. También recuerda las investigaciones de Ejército Espía, cuyos blancos incluyeron a abogados del Centro Prodh y a Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos.
Hasta el funcionario encargado de defender derechos terminó entre los vigilados. Pero en el evangelio presidencial el espionaje desapareció. No necesariamente de los teléfonos: del relato.
Los muertos no desaparecen porque el autor cambie de párrafo
La columna recoge otra frase del libro: «no se permitió el asesinato de ningún comunicador». La confronta con registros que, según sus distintas metodologías, contabilizan 78 comunicadores asesinados en el informe de Berkeley y entre 46 y 47 periodistas en los recuentos de Artículo 19. Las categorías y las cifras no son intercambiables; ninguna, sin embargo, permite vender una realidad libre de asesinatos de periodistas.
Decir que «no se permitió» tampoco equivale a demostrar que se previno, se investigó o se castigó. Es una frase diseñada para conservar la pureza del gobernante mientras la violencia queda fuera del encuadre.
En seguridad, Proceso contrasta las reducciones que presume el libro con un acumulado de 202,336 asesinatos durante el sexenio, cifra que atribuye al INEGI. Añade 53,566 víctimas de desaparición entre diciembre de 2018 y octubre de 2024, un periodo que rebasa el cierre de la administración.
Según la columna, los desaparecidos ,un rubro donde Tamaulipas con Americo Villarreal es campeón indiscutible, no figuran en ninguno de los 150 puntos.
El truco es mirar únicamente la bajada de la curva y pedirle al país que no mire el cementerio. Y a quienes siguen buscando a sus familiares, ni siquiera concederles un lugar en el índice.
Salud: la promesa gratis, la factura para el paciente
En materia de salud, el libro presume infraestructura, contrataciones y atención gratuita. Proceso contrapone ese catálogo con un indicador que atribuye al INEGI: la población sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en 2018 a 44.5 millones en 2024. Más del doble. Conviene llamar al indicador por su nombre: no significa que todas esas personas jamás recibieran atención, pero sí contradice la postal de cobertura garantizada para todos.
El discurso ofrecía universalidad; el balance citado muestra una carencia mucho mayor. Las promesas tuvieron micrófono. Los pacientes tuvieron que enfrentar un sistema de salud muy lejos de Dinamarca.
Una autobiografía no es una auditoría
La columna señala que el propio López Obrador explica su selección: pone las cosas buenas y deja las malas a sus críticos. Ahí está la confesión editorial. No presenta un balance completo; organiza un homenaje donde el homenajeado escribe el discurso, escoge los aplausos y deja las preguntas incómodas afuera.
Nadie necesita negar los avances sociales para cuestionar ese procedimiento. Al contrario: reconocerlos permite señalar con mayor precisión las omisiones, las contradicciones y las afirmaciones que Proceso confronta con registros e investigaciones.
El hombre que pidió ser medido con la vara de «no mentir» no puede exigir después que lo evalúen únicamente con los capítulos que le favorecen. La historia no es una mañanera encuadernada, y una portada no convierte la propaganda en rendición de cuentas.
Con información: PROCESO/
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