"GRANADEROS": OTRA HISTORIA de REPRESION POLICIAL que LLEGO a SU FIN...el gobierno fiel a su condición de crear problemas a partir de la solucionar

Ayere martes, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, afirmó que ordenará la desaparición del cuerpo de granaderos, uno de los símbolos de la represión del movimiento estudiantil del 68.

A continuación te contamos desde el origen, hasta el último acto de abuso de poder por parte de este agrupamiento.

Origen

El Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, publicado en 2008, señala que el Agrupamiento Granaderos se formó en el año de 1939, cuando era regente del Distrito Federal, José Siurob, y como presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río.

Nueve años después se incorporó a la Policía Preventiva, de acuerdo con el Manual.

En la década de los sesenta, la compañía de granaderos contaba con 240 policías. Aparte de los 4,380 policías con los que se contaba.

Para 1967, ya existían 6 mil policías. Pero, luego de los acontecimientos del 68, aumentó a 10 mil la cifra, además de que se adquieren modernos equipos, entre ellos diez unidades antimotines.

¿Por qué pedían su desaparición en el 68?

Todo comenzó el 23 de julio, cuando dos pandillas de preparatorianos comenzaron una pelea en el centro de México, la cual fue brutalmente reprimida por este agrupamiento.

Los policías golpearon a decenas de estudiantes y personas que sólo atestiguaban el enfrentamiento. A los que huían, los persiguieron hasta adentro de las escuelas donde buscaban refugio para golpearlos.

Cuatro días después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y también se sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano, marcharon contra la violencia policial.

Sin embargo, esta marcha fue duramente reprimida nuevamente por los granaderos. A partir de ese momento, distintas universidades del país se declararon en huelga.

Fue entonces que conformaron, el 4 de agosto de 1968, el pliego petitorio donde se pedía, en el punto número tres, la desaparición del Cuerpo de Granaderos.

El objetivo de pedir su desaparición, además de la destitución de jefes policíacos y el deslinde de responsabilidades en los hechos; era que se pudiera señalar a los responsables de las golpizas, desapariciones y muertes que sufrieron estudiantes.

El 8 de agosto, el Consejo Nacional de Huelga (CNH) se formó y puso como estandarte el pliego petitorio. 

La importancia del pliego petitorio

El documento creado en 1968 es un antecedente de diversas luchas por los derechos humanos en México, que tomarían fuerza años después. 

Gracias a los movimientos sociales, el 13 de febrero de 1989 se creó la Dirección General de Derechos Humanos, al interior de la Secretaría de Gobernación.

Y un año más tarde, se creó, por decreto presidencial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo desconcentrado del control gubernamental.

¿Cuál es su función?

Granaderos detienen a joven durante manifestación el 1 de diciembre de 2012 (Especial)

De acuerdo a la página web de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país, el objetivo del Agrupamiento Granaderos, conformado por 6 mil elementos, es "preservar el orden público y dar seguridad a la ciudadanía".

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Dentro de sus funciones es proporcionar seguridad y vigilancia a sectores como bancos, reclusorios, tesorerías, pagadurías, sedes gubernamentales, patrullaje con equipos de trabajo, diligencias de lanzamiento, eventos deportivos y desalojos, de acuerdo con la SSP-CDMX.

Entre otras tareas se encuentra apoyar con banda de guerra y escolta en izamientos de bandera y vigilar el 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, Semana Santa y Día de Muertos.

San Juanico

El último hecho violento protagonizado por el Agrupamiento Granaderos es el de San Ixhuatepec, en Tlalnepantla. 

Vecinos denunciaron que decenas de policías y granaderos entraron a la zona para realizar un operativo para encontrar a presuntos agresores de una patrulla de Tlalnepantla de Baz.

Los oficiales comenzaron a golpear y echar balas al aire, sin razón de ser. Un video muestra cómo patearon a uno de los vecinos hasta dejarlo inconsciente en medio de la calle.

Testimonios narraron cómo los granaderos destrozaron parabrisas de vehículos y negocios de venta, además de apedrear ventanas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, denunció que hubo un "abuso de autoridad por el desproporcionado uso de la fuerza" que se utilizó en el poblado de San Juan Ixhuatepec, por parte de policías capitalinos.

Fuente.-

REINGENIERIA en el "EJERCITO": OPERACIONES TACTICAS y LABORES de INTELIGENCIA...debera hacerlo diferente si quiere resultados diferentes.

Las operaciones tácticas, reforzar labores de inteligencia y combate al narcotráfico es el perfil que el Ejército despliega en regiones militares del país.

Esto responde a la orden al interior de las Fuerzas Armadas: sumar sus capacidades a las tareas civiles para disminuir los índices delictivos. A partir de esta premisa, los titulares de las secretarías de la Defensa y la Armada comenzaron a planificar sus diferentes estrategias, y eso incluye el nombramiento o ratificación de los jefes en las regiones y zonas, dejando en todas a quienes conocen el territorio, han participado en despliegues de fuerzas especiales, tienen experiencia del mando en operaciones y la mayoría de los nuevos comandantes tiene especialidad en seguridad nacional, administración militar y operaciones contra el narcotráfico.

El despliegue de policías militares para conformar la Guardia Nacional avanza de manera discrecional, aún sin una coordinación clara con autoridades estatales.

Trayectoria. Antes de asumir la titularidad de la Sedena, Cresencio Sandoval fue comandante de la IV Región Militar con sede en Monterrey, Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

En seis de 12 Regiones Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que abarcan 14 de 32 entidades, rotaron a sus titulares. De acuerdo a su perfil y en voz de los nuevos comandantes de región, el objetivo es disminuir los índices delictivos junto con autoridades civiles.

Un ejemplo del reforzamiento de la Defensa es el caso del general Rogelio Armando Patiño Canchola, colocado en uno de los cargos medulares del Ejército: la comandancia de la Primera Región Militar con sede en la Ciudad de México y que también contempla Hidalgo, estado de México y Morelos. En los últimos años, su tarea se enfocó a la formación militar, especialmente a la disciplina castrense, y tiene enorme formación táctica y operativa, pues ha dirigido en varias ocasiones a batallones de Fuerzas Especiales.

Patiño Canchola también se ha enfocado en el combate a las drogas, incluso fue encargado de diseñar el sistema de operación de las denominadas Bases de Operaciones Mixtas (BOM), que aglutinaban fuerzas civiles, navales y militares.

Otras piezas clave se revelaron de inmediato, cuando el 3 de diciembre, el general Carlos Ramón Carrillo del Villar, exsecretario particular del general Salvador Cienfuegos —extitular de la Defensa—, asumió como comandante de la III Región Militar, en Mazatlán, Sinaloa, donde debe hacer frente a los problemas de inseguridad y narcotráfico de Sinaloa y Durango, lugares definidos como focos rojos. 

Ese mismo día en la V Región Militar  (Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Zacatecas) asumió el general de Pedro Felipe Gurrola Ramírez, que antes era inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, cercano al presidente de la República e incluso se perfilaba para asumir la titularidad de la Sedena. 

Salvo el caso de la IV Región Militar, con sede en Monterrey, Nuevo León, y que comprende también los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas, el general Jeans Pedro Lohmann Iturbu tuvo que asumir en noviembre pasado debido a que el general Luis Cresencio Sandoval González, anterior titular en esa región, asumiría desde el 1 de diciembre la titularidad de la Sedena, pero el resto de las rotaciones en las regiones se consumaron en los primeros cinco días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

›Estos cambios integran la reingeniería del general Cresencio Sandoval González al frente de la Defensa Nacional, quien tiene como tarea consolidar la Guardia Nacional que en el primer año de gobierno debe abarcar 150 de 266 coordinaciones regionales.

Otros de los nombramientos fueron: el general Francisco Ortiz Valadez como comandante de la VI Región Militar, que abarca los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala; el general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, al frente de la VII Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con presencia también en Tabasco.

Luego de que en su primera conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el primer despliegue de cinco mil 745 elementos de policías militares, navales y efectivos federales. La dispersión de uniformados para integrarse en las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional ha ido avanzando en medio de cuestionamientos por la falta de una coordinación con los estados donde arriban. 

En los primeros días del nuevo gobierno se han desplegado poco más de mil 200 policías militares en alrededor de 13 municipios del estado de México; en Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc, Urique, Guerrero y Nuevo Casas Grandes, también han sido distribuidos los primeros millares de efectivos castrenses.

En municipios de Coahuila, Guerrero y Veracruz, las brigadas de policías militares han ido arribando como parte del reforzamiento en las tareas de seguridad pública.

fuente.-

MAS PRISION "OFICIOSA" a DELITOS "NO RESOLVERA INSEGURIDAD y HACINARA CARCELES"...esas soluciones se vuelven otro problema.

La iniciativa que propone modificar el artículo 19 de la Constitución para aumentar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa no logrará lo que promete.1 A pesar de que los legisladores que han impulsado la modificación aducen que la expansión del catálogo es crucial para combatir la inseguridad en el país, carecen de evidencia para respaldar sus argumentos. Esto queda claro al leer la exposición de motivos de la propuesta, la cual ahonda en los costos de los delitos, pero no aporta datos que demuestren una relación significativa entre encarcelar imputados y disminuir la incidencia delictiva.

Uno de los propósitos fundamentales de la reforma penal de 2008 fue garantizar el respeto a la presunción de inocencia. A partir de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008 se incluyó de forma explícita la presunción de inocencia en la Constitución mexicana. El respeto a este derecho se encuentra condicionado a asegurar que las personas acusadas de la comisión de un delito permanezcan en libertad mientras se lleva su proceso, a menos que se demuestre —con evidencia— que su encarcelamiento es necesario para garantizar su comparecencia al juicio, evitar que obstaculice la investigación o proteger la integridad de la víctima o testigos. En este sentido, la prisión preventiva oficiosa (o automática) impone un castigo por adelantado a los acusados por algún delito.

Ante el justificado reclamo social que exige reducir la impunidad, los legisladores han declinado por el populismo penal.2 No debería sorprender la popularidad de la propuesta en un contexto caracterizado por altos índices delictivos y una cifra negra superior al 90%.3 Por ello, en un debate que gira mayormente en torno a suposiciones, miedos y prejuicios, buscamos analizar con evidencia, si efectivamente tener más personas acusadas dentro de las cárceles implica tener un menor número de víctimas afuera.

Prisión preventiva oficiosa y victimización: ¿Qué dicen los datos?

El Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal (MES) desarrollado por el SESNSP contiene información trimestral acumulada y diferenciada por año sobre el desarrollo de los asuntos iniciados en las Fiscalías o Procuradurías estatales durante 2017 y hasta el primer trimestre de 2018. El MES, entre otras variables, permite conocer el número de víctimas registradas en las carpetas de investigación, así como el número de imputados con prisión preventiva oficiosa impuesta. Utilizamos esta información para explorar los posibles efectos de la prisión preventiva oficiosa en la victimización.4

1. Las víctimas de los delitos

Según la información reportada por el SESNSP en el MES, del primer trimestre de 2017 al primer trimestre de 2018 la tasa por cien mil habitantes de víctimas por delitos del fuero común registradas en las carpetas de investigación aumentó 5% a nivel nacional. Los estados de Quintana Roo (90%), Aguascalientes (51%) y Puebla (46%) presentaron un notorio aumento en sus tasas de víctimas. Los estados con disminuciones importantes fueron Yucatán (58%), Zacatecas (40%) y Sonora (35%).

2. Los imputados en prisión preventiva oficiosa

El MES reporta información relativa a medidas cautelares incluyendo el número de imputados con prisión preventiva oficiosa, con prisión preventiva no oficiosa, con otra medida cautelar y sin alguna medida cautelar. De acuerdo con los datos reportados, la tasa de imputados con prisión preventiva oficiosa aumentó 34% a nivel nacional en el periodo considerado. Los estados  con cambios porcentuales más altos fueron Zacatecas (833%), Guanajuato (513%), Durango (395%) y Baja California Sur (354%). Por el contrario, sólo once estados presentaron cambios porcentuales negativos. Los estados con disminuciones notorias en sus tasas de imputados con prisión preventiva oficiosa fueron Morelos (78%), Nayarit (67%) y Baja California (66%).

3. Cambios en las tasas de víctimas e imputados en prisión preventiva oficiosa.

El argumento al cual se adscribe la iniciativa sugiere que entre más prisión preventiva impuesta habrá una mayor disuasión en el delito y, por tanto, menos víctimas. Para conocer si se cumple esta relación comparamos los cambios porcentuales en las tasas de víctimas e imputados con prisión preventiva oficiosa de un periodo a otro.

Al respecto, se observan disparidades entre las entidades federativas. En 14 estados se cumple la relación “a más imputados con prisión preventiva oficiosa, menos víctimas” o “entre menos imputados con prisión preventiva oficiosa, más víctimas”. En el resto de los 17 estados, que son la mayoría, la relación es la contraria. Es decir, a más prisión preventiva oficiosa más víctimas, o a menos prisión preventiva oficiosa menos víctimas. El estado de Tabasco tuvo un aumento de 27% en la tasa de víctimas ante ningún cambio en la tasa de imputados con prisión preventiva oficiosa.

4. Relación entre tasa de víctimas e imputados con prisión preventiva oficiosa

En este primer ejercicio, graficamos la relación lineal entre ambas variables. Si el argumento de los impulsores de la reforma fuera cierto (a mayor prisión preventiva oficiosa, menos víctimas y viceversa), se observaría una relación negativa. Sin embargo, la relación es positiva.  Lo anterior, sin sugerir una relación causal, muestra que aumentar la prisión preventiva oficiosa no necesariamente disminuye la victimización. De hecho, los datos apuntan hacia la dirección opuesta.

Si bien en nueve entidades los aumentos en las tasas de imputados con prisión preventiva oficiosa coinciden con disminuciones en las tasas de víctimas, en doce entidades sucedió lo contrario. Por ejemplo, en Guanajuato, Durango y la Ciudad de México las tasas de imputados con prisión preventiva oficiosa aumentaron drásticamente (513%, 395% y 79% respectivamente) mientras que las tasas de víctimas también presentaron aumentos (11%, 20% y 7%) en el mismo periodo. Yucatán es un caso interesante ya que la disminución en la tasa de imputados con prisión preventiva (54%) se acompañó de una reducción de 58% en la tasa de víctimas.

De acuerdo con el análisis, no existe evidencia para sostener que aumentar el número de personas encarceladas por prisión preventiva oficiosa tendrá un efecto en disminuir el número de víctimas en el país. El efecto de la prisión preventiva oficiosa en la victimización no es homogéneo entre entidades federativas y no parece seguir una relación negativa. Además, los hallazgos derivados de la experiencia internacional establecen que los efectos del encarcelamiento en la inseguridad son —cuando los hay— marginales.5 Por el contrario, existen experiencias que sostienen, con evidencia, que el encarcelamiento no necesariamente ayuda a reducir los delitos; por ejemplo, entre 1999 y 2012, Nueva Jersey, Nueva York, California y  Texas redujeron su población penitenciaria en casi un tercio y de forma simultánea tuvieron reducciones significativas en sus índices delictivos.6 A pesar de que los defensores de la iniciativa sostienen lo contrario, ni una mayor cantidad de personas en prisión, ni sentencias más largas nos harán vivir más seguros.7

De aprobarse la iniciativa, lo que sí se logrará será profundizar las injusticias y costos asociados al encarcelamiento;8 entre otros, un aumento a los más de 5 mil 700 millones de pesos que actualmente gastamos para mantener a casi 80 mil personas en prisión preventiva.9 La modificación del artículo 19 constituye un atentado burdo contra los objetivos de la reforma penal al constitucionalizar un mecanismo que violenta la presunción de inocencia y que pretende disminuir los estándares de actuación de las instituciones.10 Además de los costos señalados, tras la aprobación de la reforma quedarán muy pocos incentivos para fortalecer a las unidades de supervisión de medidas cautelares11 y las capacidades de los y las fiscales para argumentar en la audiencia, dos aspectos que desde México Evalúa hemos apuntado como fundamentales para consolidar el sistema de justicia. Por ello, a una década de la reforma penal y a dos años de iniciado su proceso de consolidación, la apuesta no parece ser la de mejorar las brechas de nuestras instituciones de justicia, sino solapar sus deficiencias.

 fuente.-Monserrat López 

Economista de la Universidad de Guanajuato e investigadora del área de Justicia de México Evalúa.

Carlos De la Rosa

Abogado de la UNAM, candidato a Doctor por la Universidad de Yale, e  investigador del área de Justicia de México Evalúa.

EL "CARTEL S.A" CONTROLABA TODO y a TODOS...con capitalismo salvaje y criminal.

Juan Carlos Ramírez Abadía va sobrado de orgullo. Siempre habla con el “mi” por delante. El siniestro narcotraficante colombiano, conocido en el mundo de la droga como Chupeta, alardea de que su cocaína era la mejor del mercado. “Óptima calidad”, precisó en el testimonio ante el tribunal federal en Brooklyn donde se procesa al capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Pero para que el producto ilícito pudiera llegar al consumidor final necesitaba contar con una estructura perfectamente afinada para transportarlo, distribuirlo y recaudar los beneficios en la forma de capitalismo más salvaje y cruel imaginable.

Solo hay que fijarse en el rostro de Chupeta, de 55 años de edad, para entender que era un verdadero camaleón. El antiguo jefe del cartel del Norte del Valle tiene la cara completamente desfigurada tras las múltiples operaciones faciales que tuvo que hacerse para escapar de la justicia. A esa misma transformación vampiresca sometió a su negocio, hasta el punto de que describió la industria del narcotráfico como una ágil empresa en constante evolución para adaptarse a las condiciones de trabajo.

El cambio de táctica era una cuestión, explicó, de maximizar a la vez el beneficio y de garantizar su supervivencia. Ramírez Abadía fue uno de los líderes del negocio de la droga más violentos. Ordenó, en sus propias palabras, más de 150 asesinatos de rivales que se ponían en su camino y conservar así su poder. En menos de dos décadas pasó de la nada a vender más de 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos, que movía principalmente a través del cartel mexicano de Sinaloa.

Chupeta empezó a trabajar con El Chapo porque era el más rápido y efectivo en ese momento. “Él buscaba la mejor calidad”, explicó. Eso fue a comienzos de los años noventa, tras un primer encuentro en un hotel de Ciudad de México. Les llevó dos meses definir el operativo. Guzmán le pidió a cambio una cuota del 40% por transportarle la mercancía hasta Los Ángeles. “Era más caro que los otros”, explicó, “pero garantizaba la protección de los cargamentos y de mis empleados”.

Ramírez Abadía se consideraba todo un empresario y un gran negociador. Entendió que la seguridad tenía un coste que debía pagar. El primer envío le llegó en menos de una semana, cuando el resto le hacía el trabajo en un mes o más. “No lo esperaba”, admitió. Esa droga se vendió en un 90% en Nueva York. Chupeta explicó como manipulaba el mercado para tener un mayor control. “Muchas veces la guardaba para que subiera el precio y obtener un mayor beneficio”, dijo.

“Invasión”

Llevó la innovación al transporte para evitar que le interceptaran los envíos. Empezó mandando aviones desde Colombia hasta México. Llegó a enviar hasta 14 aviones cargados con cocaína en una sola noche hacia pistas clandestinas, donde El Chapo tenía un equipo esperando formado por personal de descarga y tanques de queroseno para reabastecer las aeronaves. El trasiego llegó a ser de tal escala que los funcionarios que tenían a sueldo les comentaban que parecía una “invasión”.

En ese momento las autoridades estadounidenses y colombianas empezaron a estrecharle el cerco, así que para evitar los decomisos ideó con los capos del cartel de Sinaloa modificar el método para transportar la droga hasta México utilizando barcos pesqueros que navegaban en aguas del Pacífico. “Nadie las había utilizado antes”, explicó, “era una vía virgen”. Para demostrar su confianza en la nueva estrategia cargó un barco con 10 toneladas de cocaína. Después ideó hacerlo con semisubmarinos.

El narco Ramírez Abadía, alias Chupeta

Juan Carlos Ramírez y Joaquín Guzmán entraron en contracto gracias a Ismael El Mayo Zambada, el actual líder del cartel de Sinaloa. Jesús El Rey Zambada, su hermano, también detalló en su testimonio la compleja estructura logística de la empresa. Controlaban todos los movimientos al detalle. La cocaína se clasificaba por origen y calidad en almacenes de Ciudad de México. Y se estableció una contabilidad rigurosa para seguir los pagos, incluidos a los sicarios y periodistas.

Llegó un momento en el que los arreglos mediante la corrupción con las autoridades colombianas y mexicanas dejaron de funcionar, lo que elevó el riesgo para el negocio. “Las incautaciones son la mayor tragedia para un traficante”, admitió. Chupeta, dice, ya era “súperrico” cuando las fuerzas del orden le pisaban los talones. Así que decidió de nuevo cambiar de táctica anticipando su arresto y desmontó toda la estructura de distribución en EE UU.

Entre bastidores

En lugar de enviarla hasta el mercado estadounidense, pensó que podría evadir la justicia vendiéndola directamente en altamar al cartel de Sinaloa. “Quería actuar entre bastidores”, explicó, “iba a ganar menos dinero pero pensé que así tendría menos problemas con las autoridades de EE UU”. Chupeta acabó abandonando Colombia. Operó desde Venezuela y después desde Brasil, donde fue arrestado en 2007 y de donde fue extraditado un año después.

El FBI estima que el 60% de la cocaína en el país llegó a ser suya. Ahora forma parte del programa de protección de testigos en EE UU, donde reside, y es uno de los principales cooperantes en la causa penal contra El Chapo. Las autoridades colombianas le confiscaron bienes por un valor superior a los 1.000 millones de dólares, incluidos cuadros de Botero. Con su testimonio corroboró la descripción que hizo también Miguel Ángel Martínez, alias El Gordo, sobre la estructura del cartel mexicano, del que fue gestor.

fuente.-Diario Español/

LOPEZ OBRADOR PONE "TATEMADO en TERNA CHAFA" a la SUPREMA CORTE de JUSTICIA"...otra vez cercanos al poder alejados de la moral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la terna que enviará al Senado para cubrir el lugar del ministro José Ramón Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para la cual propuso a dos mujeres y un hombre: Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara.

Aseguró que la Cámara Alta tendrá total libertad para la elección porque "la línea es que no hay línea".

¿Cuál era la costumbre de años? Iba una terna y de antemano se sabía porque el poder de los poderes, el Ejecutivo, daba la línea y todo el procedimiento era una faramalla, una farsa. Ahora no. Ahora se envía la terna porque es una facultad del Ejecutivo y decide libremente el Senado".

Al hablar sobre las características que deben cumplir los jueces y magistrados, López Obrador señaló que estos deben ser mujeres y hombres íntegros, que actúen con absoluta libertad, que no acepten consigna de nadie, que no sean serviles, que no sean sumisos, que no estén a servicios de grupos de intereses creados, que sean honestos y que apliquen el criterio de los liberales del siglo XIX, de la cual dijo, fue la mejor época pues México se gobernó con base en la Constitución.

Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie".

Estas son las propuestas:

Loretta Ortiz

Fue coordinadora nacional de los foros por la paz y la reconstrucción durante el periodo de la transición. El 14 de julio tras reunirse con AMLO, anunció que el papa Francisco participaría por videoconferencia en las mesas de diálogo donde se analizará la implementación de la Ley de Amnistía, una de las propuesta del proyecto de Morena para pacificar al país.

Greg Burke, un vocero del Vaticano, le dijo a la agencia EFE que dicha declaración "no tenía fundamento" y Loretta Ortiz tuvo que aceptar su error.

En su currículum destaca el doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad a Distancia de España, la maestría en Derecho Humanos de la Universidad Iberoamericana y la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho.

Ha sido abogada de varias quejas por violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unas de estas son las vinculadas con la violación del derecho de voto por el fraude de 2016.

En 2012 se convirtió en la cuarta mexicana en impartir un curso en la Academia de Derecho Internacional de la Haya: " Los derechos humanos de los indocumentados".

Celia Maya García

Es Licenciada en las carreras de Derecho y Contabilidad por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); en donde también cursó una Maestría en Impuestos y un Doctorado en Derecho.

Ha sido asesora en las áreas del derecho civil, familiar, mercantil y penal. En la administración pública ha ocupado los cargos de agente del Ministerio Público del fuero común; juez en Materia Civil y desde octubre de 1985 ocupa el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.

En 2003 fue abanderada del PRD a la gubernatura de Querétaro por el PRD; en 2012 candidata al Senado por la alianza PRD-PT-MC; en 2015 contendió por segunda vez por el gobierno de Querétaro, pero ahora con Morena, y en 2018 compitió para llegar al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT).

Juan Luis González Alcántara Carrancá

Licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, cuenta los grados académicos de Magistri in Artibus, por The Fletcher School of Law and Diplomacy, y Master en Derecho Civil y Familiar por el Departamento de Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En el Poder Judicial de Ciudad de México se ha desempeñado como director de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, magistrado supernumerario, magistrado numerario de la Tercera Sala Civil, presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, del 2000 al 2003, y actualmente, magistrado de la Cuarta Sala Familiar.

Cuando López Obrador era candidato presidencial, su nombre también sonó como una de los propuestas para ocupar la Fiscalía General.

Es el magistrado que se vio implicado en el escándalo del exministro Genaro Góngora Pimentel, quien de acuerdo con el portal Aristegui Noticias, procreó dos pequeños con Ana María Orozco, una mujer de origen humilde con la que terminó conflictuado.

Gracias al también investigador, Góngora Pimentel consiguió reducir la pensión y luego quitarle los niños a su madre, a quien posteriormente acusó de fraude para que la encarcelaran. Cuando el caso se hizo público, Ana María había pasado un año en prisión, acusó tráfico de influencias y señaló directamente a Alcántara Carrancá.

fuente.-