Prometieron austeridad, contacto con el pueblo y un aire nuevo en los pasillos del poder. Pero ayer esa promesa se estampó contra la puerta blindada de una Grand Cherokee de más de tres millones de pesos. Los ministros de la autodenominada “Corte del Pueblo” del segundo piso del gobierno estrenaron flamantes camionetas con más acero que empatía, más caballos de fuerza que coherencia política y nada,absolutamente nada de congruencia.
El argumento oficial suena como excusa de funcionario en apuros:“Las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad”. Traducido: “nuestras viejas Suburban de dos millones ya no nos hacían sentir suficientemente protegidos del pueblo al que juramos acercarnos”.
Cada vehículo costó millón y medio más un blindaje de casi dos. Tres millones para moverse “cerca del pueblo” sin verlo por las ventanas polarizadas. Y mientras tanto, ninguna amenaza pública, ningún caso judicial que justifique semejante gasto blindado. Sólo la vieja tradición mexicana de prometer sacrificio para el pueblo… y comodidad para la cúpula.
Una de las nuevas camionetas con placa RBE 247E fue registrada en Morelos donde sólo se pagan $849 de refrendo de tenencia. En CDMX, se cubre si el valor rebasa $638 mil. Si la camioneta, con un costo aproximado de 3.5 mdp, hubiera sido registrada en la Capital, habría pagado alrededor de 140 mil.
Desde el púlpito judicial, el presidente Hugo Aguilar repitió su sermón de “austeridad” y “eficiencia”. Pero la Corte aclaró —sin rubor— que esto “no generó un gasto mayor”, porque al parecer vender autos viejos para comprarse nuevos de lujo ahora se llama ahorro institucional.
Dicen que los ministros serán itinerantes, que recorrerán el país. Tal vez, entre bache y bache, descubran que la verdadera inseguridad no está en los cristales de sus camionetas, sino en la distancia blindada entre sus palabras y la realidad.
Por qué lacras
En la escena pública nacional, ciertos funcionarios parecen encarnar una vieja paradoja mexicana: la de predicar con fervor la austeridad mientras la practican con un boato cuidadosamente blindado. Los ministros del máximo tribunal, autores de un discurso moralizante sobre la “cercanía con el pueblo”, se presentan ahora como símbolo de la distancia institucional entre el mandato ético y la comodidad del poder.
El calificativo de “lacras” no alude aquí al insulto vulgar, sino a su acepción más grave: una mancha moral persistente en el tejido de la república. Son lacras porque su conducta erosiona los valores sobre los que debería sostenerse la autoridad judicial: la sobriedad, la proporción, la ejemplaridad. Son lacras porque representan el lujo complaciente que se disfraza de prudencia administrativa, el privilegio que busca legitimarse con un lenguaje jurídico.
Hablan de seguridad como pretexto, pero su seguridad no proviene del blindaje —sino de la impunidad que confían mantener intacta tras sus cristales ahumados—. No protegerse del crimen, sino del escrutinio ciudadano y de la incomodidad de su propia coherencia.
En esos actos se transparenta la verdadera desigualdad: la que ya no se mide en patrimonio, sino en distancia moral. Ellos, los ministros de la palabra pública, son hoy una metáfora de la decadencia institucional: una élite judicial que, bajo el ropaje de la virtud republicana, perpetúa los ritos del privilegio que fingió abolir.
Con informacion: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: