UN «ASALTO ELEGANTE al ESTADO de DERECHO»: LA «SUPREMA CORTE de IN_JUSTICIA DISCUTIRÁ HOY SI CASTIGA PRIMERO y PREGUNTA DESPUES para DECOMISAR CUALQUIER BIEN SIN ORDEN JUDICIAL»…con que solo les huela a delito.

La Suprema Corte —o lo que queda de su pudor republicano— podría hoy lunes dar carta blanca a las fiscalías del pais para brincar olímpicamente el control de jueces y meter mano a cualquier bien que les huela a delito: cuentas, coches, terrenos o, si se descuidan, el piano de la abuela. 

Todo, sin pasar por ese tedioso trámite de aportar evidencias para pedir autorización judicial, detalle menor que nuestra Constitución llama control judicial previo y que el artículo 16 protege como si de eso dependiera el Estado de Derecho (porque, bueno, literalmente de eso depende).

Hasta hoy, sólo la UIF —esa criatura mitad oficina técnica, mitad látigo financiero del Ejecutivo— podía congelar cuentas sin orden judicial. Y eso ya era polémico, porque la UIF no es ni Ministerio Público ni órgano de persecución. 

Pero ahora, el plan del bloque togado afín a Morena es: si la UIF puede, ¿por qué no también las fiscalías, que encima responden a los gobernadores o al Fiscal General? A fin de cuentas, ¿qué puede salir mal cuando das poder sin supervisión a quienes investigan y acusan ,aunque recurrentemente sean los acusados que no acusan.

La joya del día es el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, ex asesora jurídica de López Obrador y, digámoslo sin maquillaje, una operadora política enviada a la Corte. Su argumento es tan seductor como peligroso: el aseguramiento de bienes sería solo “una medida provisional”, una afectación temporal que no viola derechos porque, si luego se comprueba que no había delito, pues se devuelven los bienes. 

Así, de un plumazo, Ríos derrumba el criterio de 2018, cuando la Corte (entonces sin ministerios de la 4T) sostuvo que toda técnica de investigación que afecte derechos fundamentales debe tener aval judicial.

El proyecto, si se aprueba con apenas cinco votos de nueve, creará jurisprudencia obligatoria y legalizará lo que en los hechos sería una puerta trasera al debido proceso. Es decir: un regreso al modelo inquisitorial disfrazado de “eficiencia”. El artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales sería reinterpretado para que el Ministerio Público, con apoyo policial, pueda decretar aseguramientos sin juez, sin control y sin freno, apelando a una supuesta autonomía de investigación.

Y mientras tanto, en la esquina opuesta, la ministra Yasmín Esquivel —sí, la del escándalo del plagio, pero hoy curiosamente en modo constitucionalista— propone justo lo contrario: que el artículo 252 del CNPP establece que todo acto de investigación que afecte derechos constitucionales debe pasar por un juez. Paradójicamente, Esquivel defiende hoy el principio que sus colegas morenistas parecen dispuestos a sepultar: el de los contrapesos judiciales.

Así que, en resumen: la mayoría morenista de la Corte —con Ríos y sus aliados— podría consumar este lunes un asalto elegante al Estado de Derecho, donde la garantía judicial deja de ser regla y se vuelve un estorbo opcional. Todo, por la vieja tentación del poder: castigar primero, preguntar después.

Con informacion: ELNORTE/