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lunes, 19 de enero de 2026

«CINCO FAMIGLIAS»: LOS «GUZMAN,NUÑEZ,MARIN,FAVELA y ZAMUDIO HAN LAVADO DINERO para CHAPITOS con GOBIERNO CLIENTE»…un entramado de empresas tan legalito en el papel como tóxico en la práctica, con ayuda oficial.


En México no se entiende el éxito de Los Chapitos sin una red de familias empresarias que lavan dinero a la vista de todos… y con el Estado actuando como socio silencioso, no como vigilante.

Las familias del fentanilo “formal”

El reportaje de la autoría de EL UNIVERSAL, muestra que durante casi dos décadas los Guzmán y al menos cuatro familias sinaloenses (Núñez, Marín, Favela, Zamudio) armaron un entramado de empresas tan legalito en el papel como tóxico en la práctica.

Con sociedades mercantiles, gasolineras, plazas comerciales, laboratorios y hasta bandas de música, convirtieron el negocio del fentanilo en capital respetable, con logotipo, razón social y permisos en regla.

Plazas, gasolineras y gobierno cliente

Los Zamudio, por ejemplo, son dueños de plazas comerciales en zonas de alta plusvalía en Culiacán y una red de gasolineras que incluso surtió combustible a dependencias del gobierno de Sinaloa y a la Junta de Agua Potable entre 2019 y 2022.

Mientras la OFAC los metía a la lista negra, en México les daban contratos, licencias de construcción y hasta tractores “de apoyo al campo” por parte de la Secretaría de Agricultura estatal.

Los Favela: químicos para todos

Los Favela montaron una red de empresas químico‑farmacéuticas que surtían reactivos tanto a hospitales y universidades como a los laboratorios clandestinos de Los Chapitos.

Entre 2018 y el primer semestre de 2025, siete de sus empresas obtuvieron 630 contratos públicos, la mayoría por adjudicación directa, por 35.7 millones de pesos para comprar justo los insumos que también iban a los narcolabs.

Estado: ciego, cómplice o ambas

En Estados Unidos, la OFAC arma los listados, persigue empresas, congela activos y sanciona a estas redes de lavado vinculadas al Cártel de Sinaloa.

​En México, en cambio, esas mismas redes abren, cambian de nombre, mueven domicilios, litigan bloqueos de cuentas… y siguen firmando contratos públicos mientras un juez “garantista” les descongela el cochinito.

Legalidad de utilería

La investigación rastrea 35 empresas adicionales conectadas con estas familias que ni siquiera han sido sancionadas, aunque aparecen en registros oficiales como parte del mismo ecosistema financiero del cártel.

Se disuelven un puñado de compañías, se baja un logo, se pinta una fachada, pero el dinero sigue circulando protegido por licencias municipales, contratos de gobierno y la indiferencia muy rentable de quienes deberían vigilar que esto no ocurra.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

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