Parece que en Campeche,como igual pasó en Tamaulipas, alguien decidió que la autonomía universitaria es un obstáculo menor frente al hambre de control político que significa el segundo botín mas grande después del gobierno, pues igual y como el humanismo de Americo Villarreal impuso a su primo Damaso Anaya en la rectoria de la UAT,el ex Rector de la Universidad Autonoma de Campeche, UACAM, José Alberto Abud Flores, acaba de ponerle nombre y rostro a lo que muchos en el ambiente académico ya sospechaban: que el gobierno estatal no solo queria meter mano en la universidad, sino hacerlo con la sutileza de un operativo antidrogas mal editado.
Según el propio Abud, desde 2022 el Gobierno de Layda Sansores venía intentando colar a sus fichas en puestos directivos, como si la Universidad fuera una dependencia más del estado. Pero lo que empezó con presiones y “recomendaciones” terminó con patrullas afuera del campus, una detención por presunta posesión de drogas —qué coincidencia—, y un Consejo Universitario convocado de madrugada para ejecutar el relevo rectoral entre sirenas y reflectores. Un golpe de Estado académico, pero con olor a marihuana plantada.
La escena parece calcada de un manual de control político por vía penal: primero inventas el crimen, luego fabricas la urgencia institucional y, por último, vistes la arbitrariedad con un nombramiento exprés. La nueva rectora, una notaria —figura jurídica, pero ajena a la vida universitaria—, simboliza la colonización total: el saber sometido al poder, la academia al servicio del palacio.
La Ley Orgánica de la Universidad dice lo contrario, claro. Establece que ante la ausencia del rector, la suplencia corresponde al secretario general académico por tres meses. Pero en Campeche la ley es un accesorio cuando el interés político está en juego. Lo urgente no era respetar la norma: era asegurar el botín del segundo gobierno más lucrativo del estado, el universitario.
El rector caído responsabiliza directamente a Sansores por lo que pueda pasarle a él o a su familia. Y no suena exagerado: en este país, los expedientes judiciales se abren y cierran al ritmo del poder. Lo realmente inquietante es que el laboratorio de control político se haya expandido al espacio que debería ser más libre: la universidad pública. Porque cuando el gobierno siembra drogas para cosechar obediencia, la educación deja de ser un derecho y se convierte en territorio conquistado.
Con informacion: ELNORTE/
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