El Congreso de Sinaloa acaba de recetar la misma medicina hipócrita y caduca de siempre: más años de cárcel para un sistema que ni siquiera es capaz de atrapar al enfermo y hacerle cumplir las leyes vigentes.
El circo punitivo
- Hoy el robo de vehículo ya tiene penas de 5 a 15 años de prisión, que pueden subir hasta 25 con agravantes como violencia, armas, varios participantes o que sea en despoblado o carreteras.
- Aún así, en 2025 se registraron 6 mil 810 denuncias por robo de vehículo en Sinaloa, frente a 4 mil 019 en 2024 y la suma desde la guerra de bandos de la misma banda,avanza a los 10,000 autos robados, de acuerdo con Noroeste.
- O sea: con penas altas el robo subió, pero la genial respuesta legislativa es… subirlas más, hasta 35 años, como si al ladrón le diera tiempo de revisar el Código Penal antes de encañonar a alguien.
Legislando a golpes de calendario
- El Congreso bajó el dictamen del PAS para “perfeccionarlo” e incorporar más agravantes, sobre todo por el perfil de la víctima: mujer, menor, adulto mayor o persona con discapacidad, con 4 a 8 años extra.
- La presidenta de la Jucopo, María Teresa Guerra Ochoa, presume que quieren que las agravantes se “conjunten” para que el juez no tenga margen y se acumulen castigos como combo de fast food punitivo.
- Todo esto mientras el propio artículo 207 ya considera el robo de vehículo como delito de alta gravedad, incluye desmanteladores, comercializadores, alteradores de series y usuarios de carros robados.
Impunidad: el elefante que no quieren ver
- El coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Enrique Calderón Quevedo, lo dice clarito: sin atacar la impunidad, cualquier reforma se queda corta y el delito sigue siendo un incentivo.
- Sinaloa ya tuvo más robo de vehículos en 2010 y 2011, es un problema viejo, pero la apuesta sigue siendo cambiar el papel en vez de cambiar la realidad: investigar, detener, judicializar y sentenciar.
- Cuando los delincuentes saben que hay pocas denuncias efectivas, carpetas mal integradas, audiencias mal litigadas y órdenes que no se cumplen, da igual si el techo de pena es de 15, 25 o 35 años.
La retórica de la “protección a las víctimas”
- La iniciativa paralela de Morena propone subir la pena base a 6–16 años e incorporar agravantes como destrucción deliberada, traslado a otras regiones y uso del vehículo robado, incluso sin beneficio económico.
- También venden como gran avance una excluyente de acción penal para quien acredite procedencia legítima, mientras la mayoría de las víctimas sigue lidiando con trauma emocional, cambio de rutina y afectación económica sin que haya culpables claros.
- En el discurso, todo es “fortalecer la seguridad pública” y “dar certeza jurídica a las víctimas”; en la práctica, certeza solo hay de una cosa: la tendencia del Congreso a legislar de cara a la nota, no de cara a la estadística criminal.
Más cárcel, mismo resultado
- Si con 25 años posibles de castigo el robo de vehículo ya es la principal preocupación de las y los sinaloenses, el salto a 35 años no es política pública, es maquillaje penal para encubrir la parálisis institucional.
- La única reforma que de verdad cambiaría el juego no pasa por el catálogo de penas, sino por lo que el Congreso nunca quiere tocar: evaluación de policías, ministerios públicos y jueces, controles reales y consecuencias por no hacer su trabajo.
- El día que el ladrón sepa que casi todos los que roban terminan tras las rejas, la conducta cambia; mientras solo cambie el número de años en el papel, lo único que aumenta es el ridículo legislativo.
Con informacion: REVISTA ESPEJO/SCARLETH NORDAHL
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