La guerra entre la Federación y el Estado por el caso del ex-gobernador panista y ahora Senador Morenista,Javier Corral ,tiene todo el sello de una pugna entre cárteles de la política. Misma lógica, distinto uniforme. Nomás que aquí las calibres son expedientes judiciales y los levantones se ejecutan vía boletín de prensa. La FGR dispara desde Ciudad de México; la Fiscalía de Chihuahua responde atrincherada en la Sierra Tarahumara, asegurando cabañas como si fueran “casas de seguridad”.
Del lado federal, Corral posa de capo arrepentido: dice que ya no trafica con los recursos del erario azul, que ahora milita en la “plaza” de Morena y que peleará hasta lo último por limpiar su nombre. En la otra esquina, la gobernadora panista Maru Campos exhibe credenciales de madrina territorial: heredera del viejo “maruduartismo”, mezcla de narcopolítica y administración pública.
Ambos bandos jurando que la ley los respalda, cuando en realidad lo que los mueve es la venganza, el control de rutas (de poder) y la siembra de miedo mediático.
A estas alturas, hablar de justicia en Chihuahua es como pedirle a un cártel que cumpla el debido proceso. Los fiscales se comportan como jefes de plaza, los jueces son sicarios de toga que ejecutan órdenes al mejor postor y los políticos actúan como si la impunidad se pudiera repartir en cuotas territoriales. Ni buenos ni malos: solo estructuras criminal y politicamente organizadas peleando por legitimidad desde diferente banda y bando.
Así que no, no se trata de “a ver quién gana”. Ya lo dijo el cronista del bajo mundo: cuando dos mafias se enfrentan, lo único asegurado son los daños colaterales. Y en esta guerra pintada de legalidad, los únicos perdedores, como siempre, son los ciudadanos —esos que ni cargo ni fuero tienen, pero pagan la factura de cada balazo discursivo.
Con informacion: ELNORTE/
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