Luego de que una jueza de Tamaulipas dictaminara la no vinculación a proceso de Carlos G «La Rana, por no encontrar elementos suficientes que lo acrediten como responsable del delito de violación, ciudadanos se volcaron a las redes sociales para exigir la reparación del daño para el camillero del Hospital Infantil.
Pero mas alla de esta,pues es obligacion del gobierno otorgarla y no como favor,la libertad de la “La Rana” no limpia al sistema; al contrario, firma de recibido el delito de fabricar culpables desde el poder y deja al Estado bajo el gobierno de Morena de Americo Villarreal, sentado en el banquillo de los acusados.
Delitos de la Fiscalía y sus captores
Abuso de autoridad: agentes de la Policía de Investigación, bajo la batuta del fiscal Jesús Eduardo Govea, ejecutaron una orden de aprehensión que terminó desacreditada por una jueza al no encontrar datos suficientes para siquiera vincular a proceso a Carlos “G”, lo que revela un uso desviado y desproporcionado de la fuerza punitiva del Estado.
Detención arbitraria: la familia denunció que primero intentaron encajarle narcomenudeo, luego armas y al final abuso sexual, un carrusel de tipos penales que exhibe que el objetivo no era investigar la verdad, sino cazar a un chivo expiatorio
Tortura psicológica y tratos crueles: el traslado al penal de Altamira, la prisión preventiva “justificada” y el linchamiento mediático sobre un hombre que hoy es judicialmente inocente constituyen un castigo anticipado disfrazado de medida cautelar.
Responsabilidad de Jesús Eduardo Govea
El fiscal Govea defendió públicamente la orden de captura como “exigencia constitucional”, asegurando que había datos suficientes, mismos que la jueza pulverizó al negar la vinculación por insuficiencia probatoria; eso se llama falsedad en declaraciones y ejercicio indebido del servicio público, no simple “error de apreciación”.
Al sostener el caso en medios mientras la carpeta hacía agua por todos lados, Govea contribuyó a la difamación institucional de un inocente y a la contaminación del debido proceso, abriendo la puerta a responsabilidades administrativas, penales y patrimoniales del Estado.
El gobernador como autor intelectual político
Américo Villarreal no puede fingir que pasaba por ahí: fue abordado en un acto público por la familia de “La Rana”, prometió revisar el caso y aun así permitió que su Fiscalía siguiera adelante con una acusación que terminó jurídicamente hueca.
La fabricación de este expediente no es un desliz técnico, sino el síntoma de un andamiaje de injusticia construido desde Palacio: un gobernador humanista de bolsillo que tolera que su fiscalía use la prisión preventiva y el escarnio público como herramienta política responde por omisión, por encubrimiento y por mantener en el cargo a un fiscal que ya acreditó ser peligroso para los inocentes.
Reparación del daño: lo mínimo indecoroso
Si “La Rana” es inocente, la reparación ya no es un gesto de buena voluntad: es obligación constitucional e incluye disculpa pública, indemnización por los días de encierro, el estigma, el descrédito profesional y la violencia mediática desatada desde oficinas oficiales.
Además, corresponde investigar y sancionar a cada eslabón que participó en la cacería: policías investigadores, ministerios públicos, mandos de la Fiscalía y, sí, al gobernador que permitió que su gobierno convirtiera a un trabajador de hospital en trofeo político; de lo contrario, el mensaje es claro: mañana la próxima “rana” puede ser cualquiera.
Con informacion: ELDIARIO DE VICTORIA/
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