La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, embarrada por su ex esposo narco y sin visa estadunidense; Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, estrena mansión de 43 millones de pesos; 6 marinos acusados y presos por operar el multimillonario huachicol fiscal; y 9 ministros de la Corte estrenando camionetas de lujo blindadas, conforman hoy la agenda de la corrupción gubernamental y política en México.
El discurso de la austeridad y del “somos distintos” quedó hecho añicos y los morenistas se exhiben y se mueven entre la riqueza, los lujos y la vinculación al crimen organizado, sin que haya autoridad que los contenga, investigue y mucho menos sancione.
Porque el movimiento político que hoy gobierna México se ha quitado la máscara y desde su fundador, sus hijos y entre sus líderes más prominentes en el Congreso y sus gobernantes federales y locales, abundan los escándalos y las evidencias de enriquecimientos, corrupción y negocios al amparo del poder, al mismo tiempo que figuras prominentes del oficialismo morenista son señalados, tanto en Estados Unidos como en México, como “protectores o colaboradores” de los cárteles de la droga y del crimen organizado que hoy gobierna y controla en buena parte del país.
Todo eso ocurre mientras la presidenta Claudia Sheinbaum todos los días se desgañita y se desgasta teniendo que salir a dar la cara y defender a personajes de la 4T que claramente no la escuchan ni la respetan y que se pasan sus decálogos de austeridad por el arco del triunfo. Son tantos y tan frecuentes los escándalos, que la mandataria ya luce agotada y enojada de que cada día le pregunten de un caso distinto de corrupción, excentricidades o gastos excesivos de sus compañeros de movimiento; y se le ve tan rebasada y desbordada por la incongruencia y excesos de los morenistas, que parece que sus propios correligionarios no respetan su autoridad.
Para colmo, la Presidenta que tiene que estar defendiendo cada día lo indefendible, enfrenta al mismo tiempo las presiones y amenazas de los Estados Unidos y de su impredecible presidente que, mientras amaga con intervenciones por tierra contra los narcoterroristas mexicanos, aprieta cada vez más a su gobierno para que colabore entregando no sólo a capos y a operadores, sino también a narcopolíticos de su partido y de otros signos políticos, y permitiendo que las agencias de seguridad y el ejército estadounidenses aumenten su presencia y sus operativos camuflados dentro del territorio mexicano.
A la Presidenta en su primer año, le están pesando cada vez más los errores, caprichos y excesos de su antecesor. Lo mismo en la crisis de seguridad y narcoviolencia que le heredó, que el colapso del sistema de salud pública y hasta en las obras faraónicas en las que afloran corrupción y negocios en los contratos públicos, que en tragedias fatales como el descarrilamiento del Tren Interoceánico, incendios en la Refinería Dos Bocas y contaminación de los acuíferos de la península de Yucatán por las obras del Tren Maya; eso además de que cada una de esas obras -a las que se suma el AIFA– siguen absorbiendo subsidios millonarios del erario federal para poder funcionar, porque ninguna de ellas genera aún ingresos que las hagan autofinanciables.
En apenas 7 años, la marca de Morena que creció como la espuma de la mano de López Obrador y del uso político de las ayudas sociales, acusa ya un desgaste porque su imagen pública pasó, por obra y gracia de sus políticos y dirigentes, de defender la austeridad a los lujos y excesos en el servicio público; de representar y defender a los pobres, a engendrar y producir nuevos ricos, al mismo tiempo que benefician y prohíjan a los grandes multimillonarios del neoliberalismo; de cuestionar y aborrecer al nepotismo y al influyentismo, a perfeccionar esas “lacras de la política”, a practicarlas, normalizarlas y llevarlas a niveles de paroxismo; de abanderar la lucha contra la corrupción a justificar y proteger a políticos corruptos; y de representar la democracia a concentrar todo el poder y a mostrar su cara autoritaria.
Las luchas y reyertas internas dentro de la 4T son otro síntoma de la temprana descomposición que hoy vive el régimen gobernante. Con una oposición minimizada y sin líderes importantes, los propios morenistas, divididos en tribus y grupos cada vez más radicales, se pelean entre ellos por mantener sus cotos de poder y por acaparar candidaturas y espacios de poder. Los radicales dominan hoy en el partido gobernante y han desaparecido y debilitado a los pocos grupos de moderados que quedan en ese movimiento; son los más duros los que, mientras empujan reformas que les otorguen el control de los órganos electorales y de las reglas de la contienda política, promueven también impunidad e inmunidad para corruptos y narcopolíticos.
El tiempo, como el discurso, están jugando en contra de los que llegaron al poder jurando que “no eran iguales” a los anteriores partidos que gobernaron al país. Y aunque desde el poder de la Presidencia de la República se sigue condenando y culpando al pasado priista y, sobre todo al panista de Felipe Calderón, entre amplios sectores de la sociedad mexicana cada vez permea más la percepción y la afirmación de que los morenistas que hoy gobiernan a la mayor parte de la República no eran efectivamente iguales a los corruptos del PRI y del PAN, sino que resultaron peores.
En este séptimo año, donde el país enfrenta una encrucijada externa por las políticas proteccionistas, xenófobas y amenazantes de Donald Trump, a la Presidenta no le están ayudando dos cosas que hoy son tan inocultables e inaceptables: la primera la descomposición y corrupción desbordada de su movimiento político, y la percepción, cada vez más confirmada por los hechos y las acciones, de que Sheinbaum no termina de anteponer su responsabilidad constitucional de gobernar y decidir por sí misma y a favor de los intereses del país, porque sigue atada a la lealtad ciega hacia su antecesor y a defender toda la corrupción y los pactos inconfesables que le heredó López Obrador.
Con informacion : SALVADOR GARCIA SOTO/ELUNIVERSAL/@MexicoElige
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