Norma Solano Rodríguez, comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), garantizó que la plataforma que emplean las compañías telefónicas para validar la identidad de usuarios está totalmente blindada, pues es similar a la que usan bancos.
Pero el mismo Estado que presume un sistema “infalible” para frenar chips fraudulentos es el que ya demostró, una y otra vez, que el sistema si falla.
El candado mágico contra los chips
El discurso oficial de la funcionaria vende una plataforma “blindada”, del nivel bancario, capaz de detectar PDFs tramposos, selfies fake y hasta tics faciales sospechosos, como si la delincuencia organizada siguiera usando Photoshop 2007.
- Se promete que no se pueden utilizar documentos falsos, ni fotocopias, ni inteligencia artificial para registrar líneas.
- Se insiste en que el sistema “ya está probado” en bancos, sector que en México jamás ha sido hackeado, vulnerado o usado para lavar dinero, según los mismos cuentos de siempre.
Mientras tanto, el país arranca el registro obligatorio con 158 millones de líneas activas, de las cuales 85% son de prepago y anónimas, convertidas de golpe en sospechosas por definición.
De tu línea a tu “huella dactilar”
El truco de la “trazabilidad perfecta” es simple: asociar tu nombre, CURP y número para que el teléfono deje de ser herramienta y se convierta en coartada del Estado.
- El gobierno jura que no espía, que los datos los guardan las telefónicas, como si en México nunca se hubieran filtrado bases de datos completas “desde dentro”.
- El diseño es perfecto para que tu línea termine funcionando como huella dactilar de delitos que pueden cometer otros con tus datos, tu identidad robada o tu SIM clonada.
Pero la ecuación es sencilla y se resume con precisión incómoda: primero se roban datos, no teléfonos; luego el sistema asume que toda coincidencia entre número y delito es prueba, y te toca a ti demostrar que no eras tú.
La inversión brutal de la carga de la prueba
Bajo la narrativa de “es por tu seguridad”, el registro obligatorio se combina con una lógica perversa: si el crimen se comete desde “tu” número, el que arranca perdiendo eres tú.
- La trampa está en desplazar la carga: el Estado se reserva el derecho de convertir tu nombre en presunción automática de culpabilidad, amparado en su fetiche por la base de datos.
- El sistema no se diseña para reconocer sus propias vulnerabilidades (clonación, portabilidad fraudulenta, robo masivo de identidades), sino para fingir que eso no pasa y cerrar el caso más rápido.
Es el sueño húmedo de cualquier burócrata de seguridad: si algo sale mal, fue el usuario, nunca el diseño.
Extorsión real, soluciones de cartón
El problema de la extorsión es enorme: se estiman 7.4 millones de casos en 2024 y 90% por teléfono, pero la respuesta estatal es registrar a todos, como si la extorsión se resolviera con formularios.
- De 158 millones de líneas, 134 millones son anónimas y el relato oficial las presenta como un “universo de riesgo”, sin admitir que también son producto de años de regulación laxa y corrupción tolerada.
- Mientras se montan operativos de comunicación con Facebook para bajar anuncios de “chips ya registrados”, nadie explica cómo se va a impedir que los mismos grupos que compran policías compren identidades completas.
La extorsión es real, pero el remedio luce hecho a la medida de la vigilancia, no de la inteligencia ni del debido proceso.
El sistema que sólo se deja engañar hacia arriba
El corazón de la contradicción está aquí: el Estado que asegura que su plataforma no puede ser burlada es el mismo que tolera filtraciones, portabilidades dudosas y mercados paralelos de datos personales.
- La fe ciega en la “trazabilidad perfecta” ignora que, en este país, lo único perfectamente trazable suele ser el camino de la impunidad hacia arriba, nunca hacia abajo.
- Lo que se vende como protección contra chips fraudulentos termina siendo un seguro contra la duda: si tu número aparece ligado a un delito, el sistema ya decidió a quién creerle, y no eres tú.
La moraleja es incómoda: no es que no se pueda engañar al sistema; es que el sistema sólo admite haber sido engañado cuando el costo político de reconocerlo es menor que el placer de culparte.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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