Mario, 33 años, jornalero y padre de familia, presume que pasó de víctima de extorsión a “secuestrador de avión” y ahora se aferra al Protocolo de Estambul como tabla de salvación desde una celda en Puente Grande. Su apuesta: demostrar que lo que el Estado llama “detención” fue en realidad una paliza casi mortal a manos de la Guardia Nacional.
Del secuestro virtual al avión
Todo arranca con una llamada: a su esposa la enganchan en un secuestro virtual, la mueven de punto en punto y le exigen 200 mil pesos que la familia no tiene. Mario rasca debajo de las piedras, junta 150 mil y los entrega, pero a los extorsionadores “les pareció poco” y siguen las amenazas como si fuera plan de pagos infinito. La familia entra en terror constante, se desplaza, huye, vive con la paranoia de que en cualquier esquina les van a cumplir las amenazas.
En ese caldo de pánico, el 8 de diciembre de 2024 Mario se sube a un vuelo de Volaris Guadalajara–Tijuana y decide hacer lo impensable: intenta desviar el avión rumbo a Estados Unidos porque le siguen llamando para decirle que, al aterrizar, los van a matar. No es un narco, no es un terrorista internacional, es un jornalero paniquiado y al límite que toma la peor decisión posible en el peor contexto posible.
Guardia Nacional: del arresto a la golpiza
La tripulación y pasajeros lo someten, el avión aterriza en Guadalajara y entra a escena la Guardia Nacional, que en teoría está para proteger, no para hacer castings de película de tortura. Lo esposan con las manos a la espalda, lo suben a la patrulla y, según la defensa, ahí empieza la función: amenazas, humillaciones, terrorismo psicológico minuto a minuto.
Le sueltan el choro de la intimidación: que le van a hacer cosas a su esposa, que van a matar a sus hijos, que ya se fregó, que ya se amoló, que de ahí no sale vivo. En un punto, uno de los elementos se pone pasamontañas, “corta cartucho” y le ordena: “date la vuelta, porque ya te fregaste”; Mario está convencido de que lo van a ejecutar a pie de carretera como si fuera basura.
La versión oficial asegura que Mario intentó fugarse y provocó un choque de la patrulla, de donde salió “lesionado” en el accidente. La defensa responde que eso es cuento: que lo bajan esposado, cabeza hacia el suelo, y ahí lo revientan a patadas, golpes y hasta un corte en el estómago con navaja, mientras le repiten que violarán a su esposa y matarán a sus hijos.
Coma, miedo y silencio
El resultado: Mario queda inconsciente, tirado en la vía pública, bañado en sangre, mientras paramédicos lo atienden ante la cámara que luego entra a la carpeta de investigación. Termina en el hospital con traumatismo craneoencefálico grave y en coma inducido, literalmente entre la vida y la muerte, mientras en los medios lo bautizan como el “loco” que quiso desviar un avión.
Cuando despierta, no corre a denunciar la tortura: se queda callado, tragándose el miedo y el trauma porque sabe que quienes lo golpearon traen uniforme, escudo nacional y fuero práctico. Un año después, ya con abogados encima del caso, se anima a decir lo que no se atrevió a decir al principio: “me torturaron”.[
Protocolo de Estambul como último cartucho
La defensa presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República y exige activar el Protocolo de Estambul, el estándar de la ONU para documentar tortura cuando el propio Estado es el presunto verdugo. Lograr que la institución siquiera acepte la denuncia ya es una odisea, pero el 9 de enero se solicita formalmente aplicar el protocolo y un policía ministerial acude a Puente Grande a preguntar si Mario lo acepta; él dice que sí, aunque desconfía del Estado mexicano y pide un perito independiente.
Si el dictamen le da la razón, los tres elementos de la Guardia Nacional que lo golpearon podrían enfrentar cargos penales, no solo regaños administrativos de powerpoint y curso de “derechos humanos”. La defensa ya tiene claro el siguiente paso: abrir un proceso diverso contra la Guardia Nacional para que se judicialice la golpiza que “casi lo mata” y que hoy sigue impune.
Víctima, no villano de cómic
Mientras tanto, Mario sigue en Puente Grande: ya le tiraron varios delitos (lesiones a sobrecargo, amenazas, secuestro en modalidad de privación de la libertad y ataque peligroso), pero continúa preso, medicado por secuelas neurológicas y con antidepresivos para aguantar el encierro. Psicológicamente está por los suelos y repite a sus abogados que nunca imaginó que iba a terminar purgando cárcel por intentar salvar a su familia de unos extorsionadores.
Su abogado Francisco Jiménez Reynoso lo define como lo que es: un jornalero, un ciudadano común, un migrante temporal de pizca, no un delincuente de carrera.
En un país donde hay 28 llamadas solicitando auxilio cada hora por culpa de extorsionadores y los secuestros virtuales son deporte nacional, Mario no es un caso aislado; es el recordatorio incómodo de que la línea entre víctima y acusado la decide, muchas veces, quien trae el uniforme… y la navaja.
Con informacion: MILENIO/ TELEDIARIO/
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