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domingo, 1 de noviembre de 2015

"CLASE POLITICA" esta "INFILTRADA por el NARCO" y 'DINERO SUCIO"...ya superan al "CRIMEN ORGANIZADO LAVANDO DINERO".


El lavado de dinero por corrupción política ha superado al que realiza el crimen organizado en México, lo que implica también la penetración de fondos de la delincuencia en esa esfera, por lo que es necesario reformular el renglón judicial, ya que no existen procesos legales al respecto, afirmó Edgardo  Buscaglia, profesor investigador de la Universidad de Columbia.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Buscaglia explicó que su nuevo libro, Lavado de dinero y corrupción política, rompe con la premisa de que los recursos provenientes del narcotráfico explican todo lo relacionado con el blanqueo de capitales en México y en otras naciones.
¿Cuál es el caso de México?
—El dinero de cárteles es claramente significativo, pasa en parte por el sistema político, lo cual hace que la corrupción siga siendo relevante en su relación con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros, pero además hay que agregarle todo el dinero sucio producto de actos de corrupción como malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, sobornos, entre otros.
La corrupción política en México engloba mucho más dinero sucio que el solamente ligado a los grupos de la droga, por lo tanto la considero como una fuente de recursos sucios más significativa que los generados por grupos del narcotráfico.
Además del dinero del narcotráfico, ¿de dónde fluye el capital ilegal a los políticos?
—El lavado de dinero por corrupción política en la República Mexicana está alimentado por narcotráfico y por muchos otros tipos de crímenes relacionados con conflictos de interés, licitaciones públicas, tráficos de influencia, evasión fiscal, sobornos y enriquecimiento ilícito que no se consideran para investigaciones judiciales.
En el caso mexicano no se puede partir de la premisa de que el narcotráfico es la principal fuente de lavado de dinero, ya que existe una gran proporción de delitos, incluyendo tráfico de drogas, que alimentan la corrupción política mexicana, entonces no se puede presuponer que las drogas sean la principal fuente de blanqueo de capitales.
¿Eso implica que miembros de la clase política mexicana están infiltrados por el narcotráfico?
—La clase política está infiltrada por la delincuencia organizada y por su propia corrupción interna ligada a empresas que no están relacionadas con narcotráfico, es dinero sucio por diferentes orígenes, por ejemplo, contrataciones públicas que se asignan con base en tráfico de influencias y conflicto de intereses, recursos que no son considerados como lavado de dinero.
¿Y los procesos penales de lavado por corrupción política?
—En el caso mexicano no existen procesos legales de lavado de dinero ligados a la corrupción política, lo que ha provocado que México se ubique como el tercer país del mundo con más recursos ilícitos que fluyen en su economía, y eso es una característica predominante que no se da en otras naciones.
El lavado de dinero por la corrupción política es más significativa y en ese sentido hay que reformular las estrategias y acciones judiciales en México para enfrentarla en serio; dentro de la política no existen incentivos para aplicar las recomendaciones que yo incluyo en este libro, la dolce vita es excepcional en ese ambiente de impunidad en
la nación.

¿Cómo se puede generar un cambio en el país?
—Desde el exterior se comienzan a observar fuentes de presión como las que se tenían en los años 80 en contra de Colombia e Italia, porque los países que interactúan con México están pagando un alto costo por el colapso de la seguridad humana que está sufriendo y la presión para mejorar la calidad de las instituciones nacionales.
Los sectores económicos como el minero y petrolero van a hacer que México se vea forzado, a través de su élite, a implementar algunas de las mejores prácticas, no todas, pero algunas.
Los partidos políticos se niegan a informar sobre el uso que le dan a cada peso que reciben vía financiamiento público, ¿eso facilita el lavado de dinero?
—Sí. No existe la cultura democrática republicana donde un funcionario tiene que hacer público todo su patrimonio y su ámbito de privacidad es mucho menor, por ley, que el resto. Los funcionarios consideran que el ciudadano es un siervo y que tienen que mantenerlos en sus redes patrimoniales como señores feudales, esa es una cultura política de la impunidad como en Rusia, Nigeria y México va a tener que superarla.
La presión para el cambio va a surgir desde fuera del sistema político y se verán forzados a limpiar desde fuera hacia dentro y viceversa, un poco de ese dinero.
Esperemos que muchos de estos políticos que hoy se resisten a abrir sus cuentas, en los partidos, y a sujetarse al escrutinio de su patrimonio sean procesados judicialmente, o se reformen a tiempo para que sean parte de la solución y no del problema, e incluyo a gente de todos los institutos políticos.
fuente.-

"JUCIO CIVIL en ZACATECAS a NARCOSOLDADOS y su CORONEL por EJECUCION de SIETE"


La obtención de pruebas en el proceso judicial contra el coronel Martín Pérez Reséndiz y sus tres elementos de ordenanza por la desaparición forzada y el homicidio de siete jóvenes en Calera, el pasado 7 de julio, ha obligado a ampliar en tres meses la investigación complementaria.
El 28 de octubre se celebró audiencia en el Centro de Justicia Federal, ubicado en Ciudad Gobierno, el enorme complejo administrativo estatal y federal construido en el sexenio de la gobernadora Amalia García en la ciudad de Zacatecas.
La audiencia fue presidida por el juez Juan Ramón Barreto López y estuvieron presentes los cuatro militares indiciados: el coronel Martín Pérez Reséndiz, José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Alderete y Juan Ordóñez Prado, así como los cinco abogados particulares que los defienden.
También asistieron –en una sala para testigos protegidos, a fin de no mostrar sus rostros– algunos familiares de las víctimas.
Germán Martín García González, Fernando José Rodríguez Rodríguez, Guillermo García Murrieta, Víctor Hugo González Cisneros, David Venegas Leaños, María Alejandra Rocha Montes y Beatriz Fernández Hernández, fueron sacados de una vivienda en Calera por efectivos del 97 Batallón de infantería con sede en Fresnillo, al mando de Pérez Reséndiz, quienes posteriormente los torturaron y asesinaron (Proceso 2021).
Sus esposas, padres y hermanos se enteraron del operativo del Ejército en la casa de la calle Francisco I. Madero 106, de Calera, y comenzaron a buscarlos. Desde el principio supieron que el jefe del batallón iba al frente. Tocaron a las puertas de la base militar, visitaron hospitales, el Servicio Médico Forense y las oficinas de la procuraduría estatal, la delegación de la PGR y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El 15 de julio se plantaron con pancartas afuera del domicilio allanado, donde colgaron una manta y denunciaron ante los medios al coronel y su tropa. Luego viajaron a la ciudad de Zacatecas y entraron al Congreso, donde se entrevistaron con diputados locales y algunos activistas de derechos humanos.
Sólo después de eso personal de PGR acudió a la casa, recabó declaraciones y realizó peritajes. Había ropa y objetos desperdigados, se llevaron televisores y el estéreo.
Dos días después, la procuradora zacatecana Leticia Soto Acosta anunció el hallazgo de cuatro de los desaparecidos en una casa cerca de la presa El Tesorero, en una brecha por la carretera Jerez-Fresnillo. Horas más tarde se localizó a los tres restantes. Todos tenían un disparo en la cabeza, signos de tortura y evidencia de haber muerto varios días atrás.
Las autopsias e informes forenses certificaron que las siete personas fueron asesinadas horas después de que los militares las sacaran de la casa mencionada.
En filtraciones a portales digitales y medios locales, tres de las siete víctimas (entre ellos Germán Martín García, un exmilitar que estuvo a las órdenes de Reséndiz) fueron señaladas como integrantes de grupos delictivos contrarios.
Para ese momento, el Ejército ya realizaba su propia investigación. Según fuentes militares, en medio del descrédito por casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se enojó por los excesos del coronel Reséndiz y la ostentación que éste hacía de su amistad, así que decidió ponerlo como ejemplo de que el Ejército “no toleraría violaciones a la ley ni a los derechos humanos”.
En un comunicado, la Sedena confirmó la detención de los cuatro militares y anunció que serían entregados a las autoridades civiles para ser procesados penalmente.
El 31 de julio, los cuatro militares fueron vinculados a proceso en el Juzgado Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, al concluir el juez que se presentaron elementos para señalarlos probables responsables de delitos contra la administración de la justicia, desaparición forzada y homicidio calificado.
Una vez vinculados a proceso el 31 de julio, el juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que venció el 30 de octubre.
Así empezó el juicio 43/2015, del cual formó parte la audiencia del mediodía del 28 de octubre, cuyo único propósito era registrar el cambio de asesores jurídicos de los familiares de las víctimas.
Por primera vez desde mediados de julio, cuando se hizo pública la desaparición de las siete personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hizo su aparición, enviando a un grupo de abogados desde la delegación de Guadalajara, para fungir como asesores jurídicos.
Minutos antes de la audiencia personal de la CEAV obtuvo la autorización de los familiares para representarlos, y después solicitó al juez Barreto copias de los audios, videos e informes escritos de las audiencias previas, para enterarse de los pormenores del caso.
Antes de que acabara la audiencia, la Fiscalía de la PGR pidió al juez que ampliara el plazo de la investigación complementaria por tres meses, es decir, hasta el 30 de enero de 2016, pues tiene pendientes muchas diligencias para recabar pruebas. La defensa de los militares se opuso, pero el juez Barreto aprobó la solicitud de la fiscalía.
Mientras tanto, varios integrantes del 97 Batallón de Infantería fueron reasignados a otras instalaciones. Días después de la detención del coronel Pérez Reséndiz, fue nombrado como nuevo comandante Alfredo Alvarado Rojas, coronel de infantería diplomado del Estado Mayor y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército.
Expediente Zacatecas, a la CIDH
Ricardo Bermeo, integrante de la organización Zacatecanos por la Paz, dice a Proceso que el expediente de este caso debió presentarse ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en las audiencias efectuadas hace semanas en varias ciudades del país.
Bermeo acudió a la del 29 de septiembre, que se llevó a cabo en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y llevó un caso similar ocurrido en 2012, en Estancia de Ánimas, comunidad del municipio de Villa González Ortega. Lo acompañaron dos familiares de cinco desaparecidos, a quienes se presume víctimas de elementos de la Policía Federal (PF).
El activista explica que su organización no tuvo acceso al expediente del caso de Calera –que equipara por su gravedad con los de Tlatlaya y Ayotzinapa–, y “aunque insistimos con familiares no obtuvimos respuesta. Su aprobación y participación es fundamental para que nosotros podamos entrar al proceso y acompañarlos”.
En la audiencia de Monterrey, Bermeo y los familiares de los desaparecidos narraron ante la comisionada Tracy Robinson que, la tarde del 7 de agosto del 2012, siete jornaleros fueron sacados violentamente por policías federales del rancho Los Pirules, en Estancia de Ánimas, donde trabajaban.
La corporación buscaba a integrantes de la delincuencia organizada con un helicóptero y 10 camionetas.
Dos de los detenidos fueron hallados después, cerca del municipio de Pinos. Según el expediente, sus captores recibieron una llamada con la orden de soltarlos “porque no les servían para nada y al cabo les daban 30 mil por cada persona que agarraran, delincuente o no”.
Decenas de pobladores de la zona vieron pasar el convoy de federales hacia San Luis Potosí, pero no se ha vuelto a saber de los otros cinco jornaleros: los hermanos Juan Carlos, Amado y Nectalí Delgado Rodríguez, así como Ismael Rodríguez Muñoz y José Castillo Aguayo.
Sus familiares los buscaron en la delegación de la PGR. En los hoteles donde se hospedaban los federales asignados a Zacatecas, les dijeron que fueran a la entonces SIEDO (ahora SEIDO) en la Ciudad de México. Hasta el 29 de agosto se admitió su denuncia en la procuraduría estatal.
La averiguación rebotó entre esta dependencia y la PGR en distintos momentos. Finalmente quedó en manos de la estatal, pero desde mediados de 2013 no hay avances.
Cuando Zacatecanos por la Paz preparaba un informe sobre tortura, ejecuciones y desapariciones para la CIDH, pidió reunirse con la procuradora Leticia Soto. Como la funcionaria no respondía y urgía asistir a la audiencia con la CIDH, el 29 de septiembre, los activistas no presentaron dichos informes, que siguen elaborando.
Pero ahora, dice Bermeo, “ya tuvimos la reunión con la procuradora y le expusimos nuestro interés. Su respuesta fue positiva. Esperamos tener los datos. Es importante, ahora que ya el caso de Estancia de Ánimas fue presentado ante la CIDH y no lo vamos a soltar”. 
fuente.-

LAS "PISTAS de la FUGA del CHAPO" en "TRES ESTADOS".


Una planta de luz y el transporte de un primate como mascota, en el Estado de México, así como dos motocicletas compradas en el DF y pistas clandestinas en Querétaro han sido clave para que las autoridades sigan la ruta de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, fugado de una cárcel de máxima seguridad el 11 de julio.
A diferencia de su escape en 2001, del penal de Puente Grande, Jalisco, el líder  del Cártel del Pacífico ahora ha dejado una serie de rastros que han permitido trazar el posible trayecto de su huida a Durango o Sinaloa. 
Con la información obtenida, no sólo se han centrado los operativos de recaptura en tres puntos de la Sierra Madre Occidental, entre Durango y Sinaloa; también se logró la captura de los principales operadores de la red que ayudó en el escape.
Hasta el momento hay 34 personas consignadas por el caso; entre ellas, Óscar Manuel Gómez Núñez y Édgar Coronel Aispuro, abogado y cuñado de El Chapo, respectivamente, y  23 servidores públicos.
La planta de electricidad y las motocicletas abandonadas en el túnel fueron la evidencia que llevó a la detención de cómplices de la fuga.
El transporte por tierra de un primate —presunta mascota de las hijas de Joaquín Guzmán—del Estado de México a Sinaloa, llamó la atención de los agentes del Cisen que al investigar el caso concretaron la captura de Coronel Aispuro.
 Las pistas que dejó El Chapo
A diferencia de su fuga en 2001 del penal federal de Puente Grande, Jalisco, Joaquín El Chapo Guzmán Loera y el grupo de personas que le ayudaron a escapar de la prisión del Estado de México, dejaron una serie de pistas que han permitido a las autoridades detener a los principales operadores y seguir la huella del capo hasta la frontera de Sinaloa y Durango.
Entre otras evidencias, el personal encargado de las investigaciones, siguió la ruta de las dos motocicletas que se montaron en un riel para sacar la tierra durante la construcción del túnel y, posteriormente, al capo la noche del 11 de julio del presente año.
También se encontró el número de serie de la planta de energía eléctrica que los constructores del túnel usaron para dotarse de luz y de electricidad para los extractores de aire en la obra de 1.5 kilómetros.
En las investigaciones se establece que de esta forma se obtuvo la identidad de los compradores de estos equipos, los que fueron adquiridos entre marzo y abril de 2014, casi inmediatamente después de la detención del capo.
Otro indicio se consiguió al rastrear las llamadas telefónicas a partir de la detención de dos abogados, uno de ellos Óscar Manuel Gómez Núñez, quien por encabezar la defensa de Guzmán Loera tenía acceso a diario al penal federal.
Este abogado fue señalado como el cerebro orquestador de la fuga, al servir como enlace de las instrucciones de El Chapo con los encargados de la construcción del túnel.
Una vez que se concretó la fuga, el sábado 12 de julio, Gómez Núñez intentó ingresar al penal simulando que no sabía lo que había pasado, por lo que fue detenido y enviado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para declarar, posteriormente fue puesto en libertad.
Del seguimiento que se hicieron a las llamadas desde el celular del abogado, se fueron obteniendo pistas, las que confirmaron que tras concretar su escape, El Chapo fue trasladado en un convoy de tres camionetas hasta Querétaro.
En el municipio de San Juan del Río sus cómplices lo llevaron hasta la localidad de Senegal de las Palomas, en donde abordó una de dos avionetas que lo esperaban en una pista privada. Las evidencias que fueron regando El Chapo y sus asistentes permitieron llegar hasta los pilotos, quienes fueron detenidos y consignados, como lo confirmó la procuradora general de la República, Arely Gómez González, el pasado 21 de octubre, en un mensaje sobre el avance de las investigaciones.
Guzmán Loera voló hasta Sinaloa en una nave comandada por Héctor Ramón Takashima Valenzuela, señalado como uno de los pilotos históricos del cártel del Pacífico.
La otra nave, que sirvió de señuelo en caso de que alguna autoridad hubiera intentado seguirlos, lo que no ocurrió, fue pilotada por Romano Lanciani Llanes, quien enfrentó una avería que lo obligó a desviarse a Culiacán, la capital del estado.
En ese momento fue contactado Julio César Takashima Valenzuela, hermano del primer piloto, mecánico en aviación que reparó la avioneta.
La segunda fuga
El Chapo Guzmán, se convirtió en el criminal más buscado y enemigo público número uno en Estados Unidos y México, tras su fuga del 19 de enero de 2001, en los primeros días de la administración del panista Vicente Fox Quesada.
En aquella ocasión, El Chapo logró salir del ahora Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2, Occidente, ubicado en Puente Grande, Jalisco.
Entonces se manejaron las versiones de que la fuga se concretó cuando Guzmán Loera utilizó un carro de lavandería, también se dijo que se disfrazó de mujer o que se vistió con un uniforme de custodio para salir por la puerta principal.
Esta situación terminó 13 años, un mes y tres días después, cuando la madrugada del 22 de febrero de 2014 elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), lograron la reaprehensión de El Chapo, en un departamento del condominio Miramar, en Mazatlán, Sinaloa.
Una vez recluido El Chapo en el penal, su abogado Gómez Núñez comenzó a orquestar la fuga por lo que llamó a Édgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, esposa de Guzmán Loera y madre de sus dos hijas gemelas, piezas clave en las pistas que llevaron a la detención de los involucrados.
También se convocó a Lázaro Araujo Burgos, hombre encargado de la construcción de túneles en la frontera con Estados Unidos para el trasiego de droga, ahora para abrir uno en las inmediaciones del penal.
En la colonia Santa Juanita, de Almoloya de Juárez, Calixto Estrada Castillo vendió una extensión de su predio a dos supuestos empresarios ganaderos de Guanajuato, quienes iban a construir un supuesto criadero de cerdos.
Los compradores eran Rigoberto Martínez Dávalos, quien bajo su nombre falso de Francisco Ramírez León concretó la compra, y Germán Valdez Estrada, quien junto con Estrada Castillo realizaron una ilegal transferencia del predio, a cambio de 1.5 millones de pesos.
La compra del terreno se concretó en junio de 2014 y a partir de ese momento se comenzó a construir una casa y una bodega, que sirvieron de parapeto para ocultar el objetivo, que fue la construcción del túnel.
Rastros de caricatura
Las fuentes consultadas confirmaron que la compra de dos motocicletas abandonadas en el túnel se realizó por tres personas en una tienda
Elektra, en la delegación Iztacalco, en la Ciudad de México, lo que se consiguió con sólo seguir los números de serie y registro de la armadora de los vehículos.

En las investigaciones se establece que el comprador usó un nombre falso y se identificó con una credencial del Instituto Federal Electoral (ahora Nacional), pero se logró establecer su verdadera identidad.
También, por el número de serie se logró establecer el lugar en donde se compró la planta de energía eléctrica, que dotó de luz a los hombres encargados de la construcción del túnel.
Una de las pistas más importantes que llevó a la detención del cuñado de El Chapo, Édgar Coronel Aispuro, fue la mascota de las hijas menores del líder del cártel del Pacífico, un primate de nombre Botas, como el que acompaña al personaje de caricatura Dora la Exploradora en sus aventuras.
Resulta que tras la detención de Guzmán Loera, su esposa y dos hijas fueron trasladadas a una casa cercana al penal de El Altiplano, para realizar visitas constantes al detenido, y las niñas se hicieron acompañar de su mascota.
Una vez que se concretó la fuga, Emma Coronel y sus hijas menores fueron llevadas también en avioneta al encuentro de El Chapo, por el piloto Héctor Ramón Takashima Valenzuela, pero Botas se quedó rezagado.
El Chapo le encargó a su cuñado Édgar ir por el animal, quien realizó diferentes trámites para un traslado en avión, lo que le fue negado por las oficinas correspondientes, desde gubernamentales hasta de compañías aéreas.
Por este motivo, Édgar decidió regresar a Sinaloa en auto con Botas, que ya había llamado la atención de los agentes del Cisen, y al detectarlos se concretó la captura de Coronel Aispuro.
Las investigaciones de la Procuraduría General de la República, relacionadas con la fuga del líder del cártel del Pacífico han llevado a tomar 273 declaraciones, 64 inspecciones y 13 cateos
Se han asegurado cinco inmuebles, entre los que se encuentran el predio donde se construyó el túnel y la pista La Palma, ubicada en Sinaloa.
Las autoridades tienen en su poder 182 equipos de cómputo, diez avionetas, dos fuselajes, dos motores de aeronaves, ocho armas de fuego, 34 teléfonos celulares, cinco vehículos y tres motocicletas.
A lo largo del recorrido del túnel de la celda 20 del Altiplano al predio de Santa Juanita, se recabaron 191 indicios, mientras que en la construcción se recabaron 20, entre ellos una pistola comprada en Estados Unidos y los comprobantes de la tienda en donde se le compró ropa y tintes para cabello a Guzmán Loera.
El pasado 21 de octubre, la procuradora Gómez González informó que por la fuga del capo hay 23 servidores públicos detenidos y consignados, son elementos de la Policía Federal, custodios del penal y monitoristas del Cisen.
En total, entre personas que operaron la fuga de El Chapo al interior y exterior de penal hay 34 personas consignadas, 28 órdenes de aprehensión cumplidas con su respectivo auto de formal prisión, seis órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar y tres personas arraigadas.
Entre los funcionarios de más alto nivel detenidos por estos hechos están Celina Oceguera Parra, excoordinadora nacional de Penales Federales, y Valentín Cárdenas Lerma, exdirector del Cefereso 1 El Altiplano.
Un hombre herido
Grupos especiales de las secretarías de Marina-Armada de México y de la Defensa Nacional, en coordinación con agentes del Cisen, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Federal realizan diferentes acciones para lograr la captura de Guzmán Loera.
Las fuentes consultadas indicaron que el operativo principal se realiza en tres puntos de la Sierra Madre Occidental, en la frontera entre Durango y Sinaloa.
En las acciones se están utilizando drones y otros equipos especiales, ante la dificultada geografía de la región y para mantener la seguridad del personal.
También se está intercambiando información con oficinas de Estados Unidos, principalmente la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), instancia que apoyó cuando El Chapo fue detenido en febrero de 2014.
La Semar realiza operativos en el municipio de Tamazula, Durango, en donde se han sostenido enfrentamientos con grupos de hombres armados.
Personal del Ejército mexicano realiza un cerco en las inmediaciones de Badiraguato, Sinaloa, tierra natal de Guzmán Loera.
La presencia de personal de las Fuerzas Armadas y la realización de los operativos para la localización del capo, ha provocado un desplazamiento de habitantes de la zona hacia el municipio de Cosalá, de acuerdo con reportes de las autoridades locales.
El pasado 16 de octubre, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal confirmó que los equipos de inteligencia reportaron que el líder del Cártel del Pacífico está herido de una pierna y la cara producto, señalaron, de una “huida precipitada”, y no de un enfrentamiento directo.
Fuente.-

...y ALCALDESA "INSISTE", BALTAZAR HINOJOSA también ABRIO "PUERTAS al NARCO" en MATAMOROS...es un "defecto" que ya le ven como "virtud" al "casi" candidato de los "PRIISTAS"..



Durante la Administración del ex Alcalde priista Alfonso Sánchez, el crimen organizado controló dependencias municipales, con lo que obtenían ingresos superiores a los 25 millones de pesos mensuales, afirmó la Alcaldesa panista Leticia Salazar.

A dos años de su Administración y en pleno proceso electoral, Salazar señaló que desde el inicio de su gestión, en octubre de 2013, hizo públicas estas anomalías.

Sin embargo, el ex Alcalde, quien nuevamente busca contender por el mismo cargo, negó las acusaciones y pidió a la Edil que demuestre sus hechos.

Fuente.-Internet
Salazar también acusó a otros ex Alcaldes (del PRI) de abrir puertas al crimen organizado.

Uno de los últimos ex Alcaldes, Baltazar Hinojosa Ochoa (2005-2007), es uno de los aspirantes más fuertes a la Gubernatura de Tamaulipas.

"Es un tema que yo declaré en los primeros meses de la Administración, lo puse en las mesas de seguridad en las que participaron las corporaciones del Estado y del Gobierno federal", dijo en entrevista ayer.

Indicó que además lo declaró ante medios locales.

Detalló que la delincuencia se encargaba de cobrar multas de tránsito, arrastre de grúas, días de corralón y hasta permisos de venta de alcoholes.


"De acuerdo a análisis de administraciones anteriores, no se reflejaban ingresos en grúas, en arrastre de vehículos o en temas de tránsito, que se iban a otro lado", explicó.

"Cuando empezó la Administración operaba una caseta en el corralón municipal que era operada por el crimen organizado".

Dijo que la caseta se tumbó y desde entonces el Municipio tomó el control del corralón.

"Mandamos un mensaje que la única autoridades después de Dios era Lety Salazar", indicó.

La Alcaldesa señaló que muchos de los Alcaldes por miedo o complicidad tienen enlace con el crimen organizado, lo que en su Administración no ha ocurrido.

"Tenemos que recordar que tristemente la cabeza del último enlace con el crimen (Wilfrido Campos) del anterior Alcalde Alfonso Sánchez amaneció enfrente del Palacio Municipal", indicó.

"Los gobiernos municipales anteriores abrieron las puertas al crimen organizado y ahora para sacarlos hemos tenido que hacer muchos esfuerzos".

Exige pruebas ex Edil de Matamoros

El ex Alcalde priista de Matamoros Alfonso Sánchez Garza negó que el crimen organizado haya permeado su Gobierno.

"Prueba de ello es que me mataron a un funcionario, que atacaron no una sino varias veces el Palacio Municipal", dijo.

En 2012 fue asesinado el director de Deportes, Wilfrido Campos, cuyo cuerpo fue arrojado frente al Palacio Municipal.

Indicó que la Alcaldesa panista Leticia Salazar deberá mostrar las pruebas que tiene de su dicho.

"Ya pasaron dos años, no entiendo por qué hasta ahora, que estamos en un proceso electoral, da esas declaraciones sin tener sustento", precisó.

Sánchez Garza exhortó a la Edil a presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), si es que tiene pruebas.

"En mi Administración, el tema de seguridad pública estuvo a cargo de un General y un Coronel del Ejército, quienes se encargaban de lo administrativo porque me dejaron sin Policía", señaló.



Fuente.-

EX-ALCALDE "PRIISTA" de MATAMOROS "NO PAGABA al CARTEL del GOLFO"...entre los "mismos" no se vale ?.


El exalcalde de Matamoros, Alfonso Sánchez Garza, negó ayer haber pagado durante su administración cuotas de hasta 25 millones de pesos mensuales al crimen organizado por concepto de ‘‘derecho de piso’’.
‘‘Imagínese… ¡300 millones de pesos por año!… Habría dejado al Municipio en quiebra’’, reviró el exedil.
Al descalificar ayer las aseveraciones de Leticia Salazar Vázquez, presidenta municipal de esa ciudad fronteriza, Sánchez Garza acusó a la alcaldesa de convertirse en cómplice por encubrimiento al no denunciar hace dos años el supuesto desvío de fondos hacia un cártel del narcotráfico.
‘‘En derecho hay dos principios fundamentales. El primero es que el que acusa está obligado a probarlo, y en segundo, el que tiene conocimiento y no denuncia se convierte en cómplice del delito’’, precisó en entrevista telefónica con EL MAÑANA.
Y enfatizó:
‘‘¿Por qué Salazar no presentó las pruebas ante las autoridades correspondientes?… si lo afirma es porque ella las tiene y debe presentarlas, pero no ante los medios. Si no lo hace, ya es cómplice’’.
MÓVIL POLÍTICO
–¿En qué sustenta la alcaldesa su denuncia de que usted pagaba 25 millones de pesos al narco?… ¿Percibe usted algún móvil?
‘‘El móvil es político y mediático. Estamos viviendo tiempos políticos y sin duda ella va a ganar popularidad. En el caso de Matamoros, yo me encuentro arriba en las encuestas para contender por un segundo mandato como alcalde y es una manera de golpear para desprestigiarme’’.
–¿Durante su gestión como alcalde recibió presiones o amenazas del crimen organizado?
‘‘Sí. En distintas ocasiones tuvimos amenazas graves. Primero mataron al funcionario del área de Deportes y luego secuestraron al Secretario del Ayuntamiento’’.
AMENAZAS, SÍ
–¿Le exigió el cártel el pago de cuota por ‘‘derecho de piso’’? ¿Millones de pesos?
‘‘Dinero, no. Nunca les pagamos nada. Lo que ellos nos presionaban era para que la policía municipal no fuera acuartelada, tal vez porque estaba infiltrada. Pero pese a las amenazas, los policías fueron acuartelados’’.
Sánchez Garza reveló que se encuentra en proceso de consulta con un equipo legal de abogados para analizar la posibilidad de interponer una demanda por difamación contra la alcaldesa de Matamoros.
Leticia Salazar declaró recientemente en un entrevista a Excélsior: “Hemos recuperado muchos espacios y eso ha incomodado a mucha gente; sabía que era una película fea, pero no de terror, tanto así que el anterior gobierno le entregaba al crimen organizado entre 20 y 25 millones de pesos mensuales que eran para obra pública. Ahora ya no hacemos eso”.
¿Y LOS MILLONES?
Sobre estas aseveraciones, el exalcalde de Matamoros revira:
‘‘Yo hago otro cuestionamiento: ella afirma que ahora que no se paga cuota al crimen organizado, el Municipio se ahorra 25 millones de pesos mensuales. Entonces ya son 600 millones de pesos ahorrados en dos años y yo no los veo reflejados. Veo una ciudad sucia, abandonada’’.
Y agregó:
‘‘Según los propios regidores hay un adeudo histórico de 160 millones de pesos a proveedores. Durante mi administración, no solamente no subió la deuda sino que la bajamos’’.
El exalcalde precisó que las participaciones gubernamentales son de entre 20 y 22 millones de pesos mensuales, una cantidad similar a la que presuntamente pagaba al cártel.
‘‘Habría dejado al Municipio en quiebra’’, puntualizó.
Fuente.-

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"Acusan en EU de lavado de dinero a ex alcalde de Matamoros".

LA "ARRESTAN en TEXAS", COMPRO 11 MIL MUNICIONES de AK-47 y 9MM para "CARTEL de la DROGA".


Agentes Federales de EEUU en El Paso, Texas detuvieron  a una mujer de nacionalidad mexicana por la presunta compra de cerca de 11.000 rondas de municiones para los cárteles mexicanos de la droga.

A principios de esta semana, María Del Rosario Antunez Gutierrez fue ante el juez federal Robert Castañeda quien formalmente la acusó de contrabando de municiones y quedo detenida sin fianza. Durante su audiencia, un intérprete de lengua española fue llamado para ayudar a traducir los eventos en la corte.
El arresto de Antunez llegó después de que agentes de Estados Unidos con Investigaciones de Seguridad Nacional recibieron información sobre un grupo de personas que habían estado comprando grandes cantidades de municiones en las tiendas de artículos deportivos locales, según documentos judiciales obtenidos por Breitbart de Texas revelaron.
Antúnez no es ni ciudadana estadounidense o residente. Los registros revelan que sólo tiene una visa fronteriza, por lo que es ilegal para ella adquirir o poseer cualquier tipo de arma de fuego o municiones.
Agentes Federales de EEUU comenzaron a investigar la información. Al marcar los registros de la tienda y la vigilancia del video e identificaron cuatro individuos,en grupo  llegaron a la tienda en un auto hatchback azul y compraron entre 500 y 2.000 rondas de munición y se van.
Autoridades cotejaron el  video de vigilancia con otro vídeo de cruces de puentes que mostraron el mismo vehículo y las personas procedentes de y yendo a México. Los vehículos cruzaron hacia la ciudad fronteriza de Juárez, una zona en años anteriores sinónimo de violencia de los cárteles.
Como parte de su investigación, HSI determinó que del 7 de agosto al 5 de octubre Antunez compró ilegalmente 10.900 rondas de municiones en 12 viajes separados. El coste de la munición adquirida por Antunez ascendió a más de $ 4.800 que había comprado 7.62 × 39 (utilizado típicamente en AK-47 rifles) y 9mm (pistola calibre muy popular).
Registros de la corte no especifican qué cártel mexicano fue el presunto destinatario de la munición, sin embargo, en los últimos años Ciudad Juárez se ha relacionado con tiroteos cártel feroz sobre los territorios de drogas.
fuente.-Breitbart.TX

SEGURIDAD de "SMARTPHONES" en "RIESGO" aun estando APAGADOS,dice SNOWDEN.



Cualquier usuario de un smartphone es vulnerable a ser espiado y monitoreado, advirtió Edward Snowden, ex asesor de la agencia de seguridad estadounidense (NSA) que reveló los programas de vigilancia del organismo.

"Quieren ser los dueños de los celulares, en vez de ti", señaló en entrevista con la BBC, en referencia a la NSA y su par británica, la GCHQ.

De acuerdo con el experto en informática, las agencias tienen un programa llamado "Pitufos", con tres componentes.

El primero es "Pitufo Soñador", con el que los organismos gubernamentales pueden prender y apagar el celular de un usuario sin que éste lo sepa.

El segundo, "Pitufo Chismoso", les permite interceptar el micrófono y escuchar cualquier conversación incluso si no hay una llamada activa, y "Pitufo Rastreador" es una herramienta de ubicación geográfica del usuario del teléfono.

"Con Dreamy Smurf pueden apagar y encender tu teléfono sin que tú lo sepas. Nosey Smurf es la herramienta que se encarga del micrófono. Por ejemplo, si el teléfono está en tu bolsillo, pueden activar el micrófono y escuchar todo lo que sucede a tu alrededor incluso si el teléfono está apagado", relató.

Según Snowden, las agencias secretas pueden obtener acceso a cualquier teléfono a través de un mensaje de texto que pasaría desapercibido para quien sea objetivo del seguimiento.

"Se llama un 'exploit'. Es un mensaje diseñado para ser enviado a un número de teléfono, como cualquier otro, pero que cuando llega al terminal se mantiene oculto, no se muestra al usuario", relató.

Estoy dispuesto a ir a prisión para volver a EU


Snowden también dijo que se ha ofrecido a volver a Estados Unidos e ir a prisión.

"Ofrecí al Gobierno ir a prisión muchas veces, pero no había recibido una oferta formal de acuerdo de culpabilidad", señaló Snowden a la BBC.

"Hasta ahora ellos han dicho que no me torturarán, lo que es un buen inicio, creo. Pero no hemos ido más allá de eso'', añadió.

En una entrevista transmitida el lunes en el programa "Panorama'' de la BBC, Snowden manifestó que él y sus abogados están esperando que los funcionarios estadounidenses le devuelvan la llamada.

A principios de este año, el ex Secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, dijo que un acuerdo de culpabilidad con Snowden era una posibilidad.

Las revelaciones de Snowden sobre la NSA, la GCHQ británica y otras agencias de inteligencia generaron un debate internacional sobre los poderes de los espías para interceptar comunicaciones personales, y sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad.

Los detractores afirman que sus revelaciones afectaron la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para combatir el terrorismo.


El subdirector del FBI, Mark Giuliano, dijo a la cadena británica que Snowden era un traidor.

"La pregunta es, si yo soy un traidor, ¿a quién traicioné?'', cuestionó Snowden.

"Yo proporcioné toda mi información a los periodistas estadounidenses y a la sociedad libre en general''.

"Pagué un precio, pero me siento cómodo con las decisiones que he tomado'', añadió.

"Si mañana ya no estoy, estoy contento con lo que tuve. Me siento bendecido''.

Con información de EFE.