La justicia mexicana vuelve a dar material para la vergüenza: mientras las víctimas del Casino Royale siguen exigiendo respuestas por la masacre que dejó 52 muertos en Monterrey, se reportó una orden de libertad bajo protesta para dos integrantes de Los Zetas vinculados al caso.
Quince años después del ataque, las familias todavía tienen que preguntar quién permanece preso, quién podría salir y qué demonios están resolviendo las autoridades. Porque ni siquiera esa información les han entregado con claridad.
Según lo denunciado por el colectivo de víctimas y publicado por Infobae, la medida corresponde a José Alberto Loera Rodríguez, alias «El Voltaje», y Héctor Javier Montoya Chávez, alias «La Rana», y se limita a la causa penal 162/2011.
Aquí conviene ponerle freno al titular antes de que se vaya de hocico: hay una orden de libertad reportada, pero aun no está confirmado que ambos hayan abandonado la cárcel; podrían permanecer recluidos por otros procesos. Una cosa es ordenar la libertad en un expediente y otra estar ya en la calle.
La precisión no vuelve menos indignante el panorama. Lo exhibe mejor: las familias no tienen la resolución judicial, no conocen con certeza sus alcances y no cuentan con confirmación documental sobre la situación de cada uno.
El sistema puede producir expedientes, notificaciones y boletas; lo que parece no poder producir es una explicación completa para quienes llevan años cargando con los muertos.
La justicia presume sentencias; las víctimas tienen que perseguir respuestas
En julio de 2025, la Fiscalía General de la República informó que «El Voltaje» y Montoya Chávez habían recibido condenas de 15 años de prisión dentro de una causa en la que fueron encontrados responsables de delincuencia organizada, en la hipótesis de delitos contra la salud y secuestro.
Aunque hay otro ángulo que plantea total impunidad con distintas puertas: los que evaden la captura, los que nunca llegan ante un juez, ese es el caso de mando criminal del Cartel del Golfo en Reynosa, ligado a Cesar Morfin Morfin,alias «Primito» y Hector Joel Villegas,alias «Calabazo», Secretario General de Gobierno de Tamaulipas.
No son situaciones jurídicamente equivalentes, pero la pregunta editorial es la misma: ¿qué resultados puede acreditar el Estado, más allá del operativo anunciado, la captura presumida o la sentencia convertida en boletín?
Ahora, el colectivo encabezado por Samara Pérez exige conocer la resolución de libertad, saber si ambos siguen recluidos y recibir información individualizada sobre sus procesos, sentencias y órdenes de aprehensión.
Además, reclama protección para las familias que han dado la cara. Es decir: después de perder a sus seres queridos, también les toca vigilar al aparato que debería informarles y protegerlas. Una justicia que obliga a las víctimas a hacerle de fiscalizadoras de su propio expediente ya viene bastante averiada.
El añadido incómodo: no todo se reduce a quién sale
En el Casino Royale, esa exigencia tiene nombres y una ausencia que no admite maquillaje: 52 personas murieron en el ataque del 25 de agosto de 2011. Frente a ese saldo, las familias no están pidiendo una función de relaciones públicas; están pidiendo saber qué ocurrió con los responsables y qué decisiones se han tomado sobre ellos.
Porque el verdadero escándalo no necesita inventar que alguien ya salió: basta con que, quince años después de una masacre, quienes perdieron a sus familiares sigan sin recibir respuestas claras. La justicia no tendría que ser un acertijo burocrático ni una ventanilla donde el dolor vuelve a formarse cada aniversario.
Con información: INFOBAE/
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