Un ejército que se supone “docto” en manuales terminó haciendo lo único que su propio Manual del Uso de la Fuerza Letal les prohíbe a gritos: dispararle al coche equivocado porque trae el color equivocado, en la hora equivocada y frente a los soldados equivocados.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por homicidio y lesiones contra cuatro militares, por la muerte a balazos de Fernando Alan Cháidez y su novia durante una persecución contra criminales, según ha informado la Secretaría de la Defensa al diario español,El Pais.
El ataque ocurrió en Culiacán, en la tarde del 13 de enero, él murió y ella quedó malherida. Cháidez tenía 24 años y acababa de recibirse como abogado, por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El caso ha generado críticas por la actuación castrense y sacó a cientos de ciudadanos a marchar por las calles de Culiacán, este domingo, convocados por la familia del muchacho. Según explicaron los familiares, la pareja iba esa tarde al gimnasio, en el norte de la ciudad, cuando, a eso de las 16.40, su carro quedó en medio de una persecución de un convoy militar a un coche con presuntos criminales. Tanto el carro de estos últimos como el de Cháidez y su novia fueron blancos de las balas oficiales, muy y pese a que nadie de ellos les disparó.
Los militares sí tienen reglas… solo que las ignoran
El propio manual castrense dice que la fuerza letal solo se justifica para proteger la vida ante una agresión real, actual o inminente, y como última opción cuando los medios menos extremos son insuficientes. Pero en Culiacán bastó que un coche blanco frenara por unos ponchallantas para que lo trataran como blanco legítimo una turba de ondeados con permiso para matar.
El texto publicado en el Diario Oficial de la Federación en Mayo de 2014 ordena privilegiar disuasión y persuasión antes que balas, y usar armas de fuego solo en legítima defensa o para evitar un delito grave que represente una seria amenaza a la vida. Lo que hubo ahí fue un convoy nervioso, un civil que frena, y un pelotón que, en vez de pensar, aprieta el gatillo.

“No disparar a vehículos en movimiento”… ¿les suena?
El manual es cristalino: disparar desde o hacia vehículos en movimiento está prohibido, salvo que de no hacerlo sea “evidente y notorio” que militares o terceros resultarán gravemente afectados y no haya otra alternativa. No dice “si el coche es blanco y se atravesó en la persecución, báñalo en fuego y luego ya vemos”.
También prohíbe disparar cuando hay riesgo inminente para terceros, disparar a través de obstáculos sin identificar plenamente el objetivo y tirar balas para “controlar” a quien solo puede dañarse a sí mismo. Aun así, el resultado fue un abogado de 24 años muerto, su novia malherida y los presuntos delincuentes tan campantes como antes.
Manual de Derechos Humanos de dientes para afuera
El documento oficial repite como mantra que el uso de la fuerza debe respetar derechos humanos, seguir principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad. En versión campo de guerra mexicana eso se traduce en: “si se atraviesa un civil en mi persecución torpe, que se atenga a las consecuencias”.
El manual obliga a evaluar la situación, planificar el nivel de fuerza y reducir al máximo los daños a personas ajenas a los hechos. En Culiacán, la evaluación fue tan sofisticada como “es blanco, va enfrente, dispara”. Luego vienen los comunicados solemnes sobre investigaciones y carpetas, como si no existiera un documento firmado por los propios secretarios que ellos mismos destrozan a diario.
No es accidente, es patrón
El mismo Ejército que presume adiestramiento en “uso gradual de la fuerza”, “protección a grupos vulnerables” y “lecciones aprendidas” ya había disparado más de cien veces contra un vehículo con una pareja y cuatro niños en Badiraguato, matando a Alexa y Leidy de siete y once años.
Se habla de “errores”, pero el sistema entero está diseñado para que los errores siempre acribillen impunemente,lo mismo niñas o niños, jovenes, madres, jovenes embarazadas, jornaleros,enfermeras, policías y hasta entre ellos mismos se matan,ya sea por error o con toda intención.
Las “lecciones aprendidas” parecen una: si fue masacre, se administra como “exceso de fuerza”.
El manual establece que hacer uso indebido de la fuerza genera responsabilidad penal y administrativa, incluso para mandos que ordenan o toleran estos actos. En la práctica, cuatro soldados son presentados ante un juez militar, la institución promete “coadyuvar” y el mensaje real al personal sigue siendo brutalmente sencillo: dispara primero, el manual lo arreglamos después.

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