Un grupo de abogados y familiares de presuntos integrantes de cárteles acusó al Gobierno Federal de violar las leyes al enviar a 92 ciudadanos mexicanos hacia Estados Unidos sin cumplir el proceso formal de extradición. Los señalamientos se presentaron en conferencia de prensa en Ciudad de México y mediante una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), menos de una semana después de que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó a 37 personas el 20 de enero de 2026.
Las entregas:
México trasladó a un total de 92 personas vinculadas con el crimen organizado hacia Estados Unidos en tres entregas desde febrero de 2025. El primer envío ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando el Gobierno trasladó a 29 personas, incluidos Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, y Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas. El segundo traslado se realizó el 12 de agosto de 2025 con 26 personas, entre ellas operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa. La tercera entrega se concretó el 20 de enero de 2026 con 37 operadores de organizaciones criminales trasladados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.
Un acto ilegal con uniforme
A veces el poder tiene la cortesía de avisar cuando decide saltarse la Constitución. Esta vez, lo hizo en avión militar. Noventa y dos ciudadanos mexicanos —presos, sentenciados o en proceso— fueron “trasladados” a Estados Unidos por decisión del Gobierno Federal. No extraditados: trasladados. Palabra elegante para el hecho brutal de mandar gente fuera del territorio nacional sin cumplir con el proceso de extradición. En el lenguaje jurídico del siglo XXI, el eufemismo es la nueva forma del golpe de Estado.
El artículo 17 de la Constitución dice que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, y el 21 deja claro que la investigación y persecución de los delitos corresponde a la autoridad. Pero aquí el Gobierno jugó a juez, fiscal y carcelero al mismo tiempo. Amparó la maniobra bajo el pretexto de la “seguridad nacional” —ese cajón de sastre donde cabe todo lo que políticamente incomoda y jurídicamente no resiste. En nombre de la soberanía, se violó la soberanía.
El argumento oficial es tan prodigioso como paradójico: los reos eran “una amenaza para la seguridad del país”. ¿Desde la cárcel? ¿Acaso el Estado mexicano confiesa su incapacidad para custodiar a quienes ya estaban bajo su dominio? Si el gobierno asume que los penales son incubadoras del crimen, entonces el delito no está tras las rejas, sino en las estructuras del propio sistema penitenciario que dirige.
La Ley de Extradición Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1975, establece en su artículo 8 que ninguna persona será entregada a un país extranjero sin resolución judicial que autorice la extradición. Y el artículo 133 de la Constitución —el de la jerarquía normativa— deja claro que los tratados internacionales (como el de extradición con Estados Unidos desde 1974) son ley suprema de toda la Unión. Saltarse esos pasos equivale, jurídicamente, a poner la “razón de Estado” por encima del Estado de derecho. O dicho en términos menos finos: un acto ilegal con uniforme.
Más grave aún es que el Ejecutivo justifique el acto con la retórica del patriotismo: “Decisión soberana”, dijo la presidenta. Pero la soberanía no se demuestra entregando nacionales al extranjero sin proceso; se ejerce justamente cuando se hace respetar la ley, incluso frente al extranjero dominante. En nombre de México, se hizo lo que México prohíbe. En nombre de la seguridad nacional, se sacrificó el principio constitucional del debido proceso. Lo único verdaderamente soberano en esta historia fue la arbitrariedad.
Lo de “traición a la patria” no es una metáfora literaria. El artículo 123, fracción II, del Código Penal Federal castiga con severidad al funcionario que entregue a un mexicano a una potencia extranjera sin las formalidades legales de extradición. No es poesía penal: es la letra viva de una nación que alguna vez escribió sus límites frente al abuso del poder. Si esta disposición no aplica aquí, habría que preguntarse para qué existe.
El problema no es si los enviados son inocentes o culpables. Es que, aun si fueran demonios con antecedentes al rojo vivo, el Estado no puede proceder como inquisidor disfrazado de estadista. El poder público, si no se sujeta al procedimiento, se convierte en el delito.
Así, las aeronaves que despegaron rumbo al norte no sólo llevaron criminales confesos o no; también cargaron con los restos del orden constitucional que, una vez más, se declara en “estado de excepción”, pero sin tener la decencia de reconocerlo.
Con informacion: NOROESTE/
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