En Sinaloa lo que no está funcionando no es “la estrategia de Sheinbaum”, es el libreto Harfuch aplicado con fe ciega a un estado que no es la CDMX, contra un monstruo que no se parece ni tantito al narcomenudeo de colonia brava que combatia el hoy estratega cuando fue responsable de la seguridad en CDMX.
El modelo Harfuch aterrizando en narcolandia
El guion es sencillo y mediocre: mover militares y Guardia Nacional como si fueran fichas de ajedrez, anunciar despliegues espectaculares, presumir “coordinación” con el estado y decir en conferencia que los homicidios ya van bajando, aunque las cifras digan exactamente lo contrario. Eso es Omar García Harfuch: estadística maquillada, operativo vistoso, narrativa de éxito adelantado y una fe religiosa en que presencia = control.
En Sinaloa ese modelo hace agua porque aquí no están llegando a “recuperar territorios”, están pidiendo permiso para entrar a ellos. El cartel te presta el espacio, te deja posar los camiones para la foto oficial y, cuando apagan la cámara, te regresa a tu hotel.
Cifras que le rompen el guion
Mientras en la mañanera y en los reportes federales presumen reducciones, en Sinaloa los homicidios se dispararon: de 994 víctimas en 2024 a 1,663 en 2025, un incremento de 67%, cuarta entidad con más asesinatos del país. Eso, en lenguaje llano, significa que el “éxito” de la estrategia Harfuch es que Sinaloa volvió a sus niveles más violentos en una década mientras en la narrativa oficial hablan de disminuciones espectaculares.
Encima, los homicidios ya son la cuarta causa de muerte en el estado y la segunda entre hombres, o sea, morirse asesinado es estadísticamente casi tan “normal” como enfermarse. Y para rematar, la Fiscalía se da el lujo de reclasificar casos para que diciembre no se vea tan rojo, porque si la realidad estorba, se corrige el Excel.
El refuerzo militar que llega tarde y mal
Después del ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano y del plagio de ingenieros en una mina, la reacción del aparato federal fue la de siempre: meter 1,600 militares más, anunciar operativo especial, prometer coordinación impecable. Es la estrategia del bombero pirómano: no hay prevención real, no hay investigación profunda, no hay inteligencia financiera; solo despliegues reactivos cada vez que el escándalo se hace nacional.
El problema es que en Sinaloa los grupos armados no están “probando” al Estado: ya lo tienen medido y lo usan de telón de fondo. Los operativos quedan como ruido ambiental mientras la disputa interna del Cártel de Sinaloa sigue marcando el ritmo de la violencia, no los oficios de la DEFENSA en medio de la estrategia.
La trampa del éxito fabricado
Lo más perverso del libreto Harfuch es que necesita éxito inmediato para sostenerse políticamente: cada cifra que incomoda se “reinterpreta”, se acota a periodos que convienen, se trocea el año hasta encontrar un tramo donde algo parezca bajar. En papel, es una estrategia ganadora; en Sinaloa, es una política criminal que abandona a la gente y protege la narrativa presidencial.
La crónica de Marcos Vizcarra:
«Desde septiembre de 2024, cuando explotó públicamente la afrenta entre “los Chapitos” y “los Mayos” en la vistosa fractura del cartel de Sinaloa, el gobierno federal decidió enviar militares, fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Marina. Han sido ya más de 13,500 efectivos como estrategia para reducir la violencia, pero el resultado es distinto.
En los primeros 30 días de 2026 se puede contar la desaparición masiva de 10 trabajadores mineros de la empresa Vizsla Silver en Concordia; el ataque contra los legisladores Sergio Torres y Elizabeth Montoya de Movimiento Ciudadano en Culiacán; el asesinato de un médico que se resistió atender a hombres armados en Costa Rica; las 16 fosas clandestinas localizadas entre Mazatlán, Culiacán y Guasave por colectivos de mujeres buscadoras; las nueve mujeres asesinadas en menos de un mes; el hallazgo de un hombre desollado y abandonado a las afueras de una plaza comercial en el Fraccionamiento Tres Ríos; el atentado contra Alejandro Bravo Martínez, secretario de Seguridad Pública de Culiacán; el asesinato de cinco policías municipales, uno de ellos dejado a las afueras del Congreso de Sinaloa; el asesinato de Francisco Zazueta, director de Tránsito Municipal de Culiacán; el asesinato de Fernando Alan a manos del Ejército por una supuesta “equivocación”.
El gobierno de Sinaloa ha dado a conocer que 3 mil 236 personas fueron detenidas por las autoridades locales y federales en el último año solo en Sinaloa, también que se han dado grandes decomisos que podrían significar el desarme de un batallón. A eso se suman los operativos estratégicos para la detención de personas señaladas como operadores de violencia, desde Mario Alexander Gámez Cuevas, “el Piyi” o Daniel Alfredo Blanco, “el Cubano”, hasta Pedro Inzunza Noriega, “el Sagitario” o “señor de la silla”, señalado por el gobierno de Estados Unidos como “narcoterrorista” ha bastado para reducir la violencia en el Estado.
Los crímenes, sin embargo, persisten, hay una tasa de 18 vehículos robados, unas ocho personas desaparecidas y otras seis asesinadas diariamente. En números puede verse un crecimiento histórico de violencia, como con el feminicidio que pasó de 31 casos en 2024 a 72 en 2025, un aumento del 132 por ciento; el narcomenudeo que creció 89 por ciento, al pasar de 198 a 374 denuncias; el robo de vehículo con un aumentó del 70 por ciento, con 6,851 denuncias en 2025 frente a 4,019 en 2024; el homicidio doloso subió 66 por ciento, al pasar de 993 a 1,653 denuncias; las desapariciones se dispararon 44 por ciento, con 2,208 denuncias en 2025 contra 1,529 casos en 2024.
La respuesta de la Presidencia de Claudia Sheinbaum ha sido la de enviar 1,600 elementos militares, incluidos 90 de fuerzas especiales como reacción a los hechos criminales y las manifestaciones que se han dado de manera multitudinaria en Culiacán, así como las expresiones de políticos de la oposición, empresarios y hasta la Iglesia Católica que ha llamado a la paz y mejora de justicia tras el atentado contra los legisladores de Movimiento Ciudadano.
“No voy a parar hasta que mi hijo tenga justicia”, dijo el señor Bryan Cháidez, padre de Fernando Alan, tras terminar una marcha en Culiacán el 25 de enero, la cual congregó también a madres buscadoras para exigir un alto a las desapariciones.
Aunque no todo ha sido ruidoso para las autoridades. En comunidades rurales del centro y sur de Sinaloa han sufrido ataques en medio de zonas silenciadas. Solo en Concordia, donde ocurrió la desaparición masiva de mineros, también se desplazaron hasta 100 familias en esa región, mientras que en Badiraguato se han movilizado otras 200 familias de cinco pueblos distintos hacia la cabecera municipal y hacia colonias de Culiacán para huir de los enfrentamientos por la pugna interna del cartel de Sinaloa.
El desafío para las autoridades de Sinaloa y las federales ha sido mayúsculo, pues las afectaciones sociales incluyen también un golpe económico, con más de 20 mil empleos perdidos ante los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cierre de más de 400 empresas solo en Culiacán, el freno a más de 20 proyectos inmobiliarios en la capital sinaloense –según datos obtenidos con desarrolladores de vivienda–, la disminución del paso de turistas, la retracción en el mercado de venta de vehículos, y la percepción ciudadana de inseguridad que supera los 80 puntos porcentuales en la encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana sobre Culiacán y Mazatlán.
Casi 500 días después de que comenzó la confrontación, justificada con la detención de Ismael Zambada García, “el Mayo”, por ser una presunta traición que habrían cometido los hijos de su ex socio, Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, la violencia no disminuye, sino que sostiene tendencias históricas de inseguridad y violencia en Sinaloa, teniendo como testigos a miles de militares y policías especiales que fueron enviados como estrategia federal de seguridad.»
Con informacion: REVISTA ESPEJO/MARCOS VIZCARRA/
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