El priista Carlos Sansores Pérez gobernó Campeche de 1967 a 1973. Su fama quedó retratada en la entonces naciente revista Proceso.
En 1977, el reportero Elías Chávez entrevistó a José Ortiz Ávila, político que aceptó hablar sobre su sucesor. Entre muchas anécdotas, dijo esto de la forma en que ya desde el Gobierno estatal, Sansores Pérez se hizo de fortuna: “Cuando se apropió de una de las gasolineras, la del señor Rosado, en Escárcega, lo mandó llamar y le dijo: ‘Moncho’ (porque le faltaba un brazo), ‘te voy a dar tanto por tu gasolinera’. ‘No, negro’, contestó Rosado a Sansores, ‘no la vendo’. ‘No te estoy preguntando. Te voy a dar tanto’, insistió. ‘Pero es que vale más’, replicó Rosado. ‘Ya hicimos el cálculo. Vete a la tesorería para que te den el dinero y firmes los documentos”.
Ortiz Ávila concluye que Sansores Pérez, por quien él había abogado en varias ocasiones, “llegó al gobierno con una voracidad desenfrenada y no hubo actividad económica en la que no estuviera metido: controló las gasolineras, hizo una poderosa flota camionera, compró una hacienda que se llama San Lorenzo, a la que está llevando arena de otros lugares para hacer playas artificiales, acaparó la producción de miel, estafó a los campesinos de los ejidos forestales, saqueó la riqueza forestal de Campeche…”.
¿Por qué podía pasar todo eso? El académico Jorge Javier Romero, por cierto de raíces campechanas, expone que desde el siglo XIX “los gobernadores se convirtieron en los agentes del orden legal y comerciaron con él a su antojo”*.
Al correr del siglo XX, sigue Romero, se acotó al periodo sexenal el horizonte de ese absolutismo, y su perfeccionamiento implicaba las reglas no escritas de tener “disciplina con el centro, y no llevar la arbitrariedad a extremos que pusieran en riesgo la paz”.
El resultado es, en parte, esa nostalgia que hoy persiste en no pocos segmentos de una sociedad que aprendió que, dado que no era la ley, ni mucho menos las instituciones, lo que contenía los apetitos de los Sansores Pérez de toda entidad, solo quedaba implorar al presidente.
Los priistas fueron parchando su invento y en cada sexenio había descabezadero de gubernaturas por los más eufemísticos motivos, cuando la causa real era que el “no llevar la arbitrariedad a extremos” puede ser una cosa si uno es gobernado y otra si uno es gobernador.
Carlos Salinas (1988-1994) fue uno de los presidentes que más gobernadores retiró, más Ernesto Zedillo (1994-2000), en un país ya con alternancias estatales y donde priistas como Roberto Madrazo (Tabasco) se indisciplinaron exitosamente, el modelo mostró fatiga.
La caída del PRI en el 2000 ante el panista Vicente Fox no significó real cambio en lo local. En parte porque aun sin jefe en Los Pinos los gobernadores priistas chantajearon a un foxismo timorato, en parte porque las alternancias se quedaron lejos de democratizar el poder.
Sin embargo, la posibilidad de que en cada cambio sexenal pudiera cambiar de partido la gubernatura —como de hecho pasó en todas salvo Coahuila, donde siempre ha gobernado el PRI— abría la expectativa de un ajuste de cuentas con los que se iban.
Pasamos del tiempo en que, sin importar lo grave de los escándalos de un priista, el presidente castigaba al defenestrado con un exilio dorado e incluso un ascenso federal (la famosa patada para arriba), a un breve periodo en donde el gobernador entrante podía perseguir, casi siempre con todas las de la ley, al saliente. Eso acabó en 2018.
Desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador la lógica centralista del poder creció a la par de los numerosos espacios que Morena fue conquistando en las entidades en estos años, lo que reeditó la regla de la tolerancia desde Palacio a cambio de lealtad estatal.
En esa lógica, más gubernaturas, como de hecho se consiguieron para el obradorismo en 2024, año en que ganó la presidencia Claudia Sheinbaum, se tradujo en un endurecimiento del régimen, que actúa como quien sabe que la oposición está lejos de un ciclo ganador.
Por eso a nadie debería sorprender que Layda Sansores se haya convertido rumbo al fin de su sexenio como gobernadora de Campeche, cargo que entregará en 2027, en una mandataria que lo mismo persigue policías que detiene al rector de la universidad.
No es genética, y para decirlo con las letras de la Biblia, ningún hijo debe pagar pecados de su padre. No. Lo que pasa en Campeche es producto de las condiciones estructurales; mejor dicho: del socavamiento de lo poco que quedaba de incipientes instituciones.
Sea o no el nuevo PRI, Morena repite errores del priismo autoritario del siglo XX. Cede a los gobernantes de cada entidad, por ejemplo, una potestad que va más allá de las leyes. Si gano, diría López Obrador, no hay manera de quitarlo. Ni por el Senado, que tiene facultades.
Conscientes de que Palacio los necesitará lo mismo para llenarle el Zócalo cada que la anemia patriotera así lo exija, que para operar elecciones en distintas adscripciones, gobernadores como Layda Sansores se atreverán a demasiado sin temer a la ley, ni al partido.
La única premisa de Morena es no perder los siguientes comicios, ni los siguientes, ni los siguientes de los siguientes. Para lograrlo, algún extraviado querrá hacer un buen gobierno; otros, ¿como Layda?, preferirán perseguir judicialmente a opositores y periodistas.
La revolución dejó, dice Luis Farías Mackey en su nuevo libro*, “un sistema político que, diseñado para conservar el poder, perdió un siglo en conservarlo”.
Morena parece tentado a perder los años que sean necesarios para pagar a sus hijos la lealtad del tiempo en la oposición, y la sumisión a cualquier cosa que les demanden desde Palacio.
Pero con sus prácticas antidemocráticas, e incluso policiacas, esos malos gobiernos, esos hijos sin límite ni decencia, engullirán al movimiento que, supuestamente, no quería emular a tantos como el Negro Sansores.
Con informacion; SALVADOR CAMARENA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
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