La cuerda se rompió por lo delgado, otra vez. La Fiscalía General de la República, en su infinita vocación por los símbolos, decidió que el responsable del descarrilamiento del Tren Interoceánico no son las vías, ni los contratos inflados, ni los jefes Militares Navales del megaproyecto sureño, sino el chofer y el exceso de velocidad.
Sí, así de quirúrgica la justicia mexicana: la “acción penal” cayó justo sobre el hombre más prescindible de la cadena, mientras los ingenieros de confianza y los hijos del patriarca se deslizan del expediente más rápido que los vagones al despeñarse.
Ernestina Godoy, Fiscal de la Republica, fiel al guion, apareció frente a las cámaras con el libreto de siempre: fue exceso de velocidad, no infraestructura, no corrupción, y tampoco la mafia de la familia del poder cuyo patriarca se fue a La Chingada a descansar. El discurso suena tan reciclado que podría emitirse en automático desde cualquier dependencia del obradorato: la culpa es del operador, no del sistema, y las vías estaban en “perfecto estado” —como todo lo que se derrumba bajo el sello de la 4T.
Lo que nadie dice en las conferencias es que si las vías hubieran estado realmente en condiciones, el tren habría resistido el vértigo del proyecto político. Pero es más cómodo convertir al maquinista en chivo expiatorio que admitir que el acero se pudre al mismo ritmo que la lealtad institucional. Ahí está el nuevo cuento ferroviario: el Tren Interoceánico se descarriló por exceso de velocidad, pero la justicia mexicana se descarrila por exceso de servilismo.
Con informacion: ELNORTE/
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