Dentro de las dependencias federales y entre los expertos en tecnología corre la versión —cada vez más sólida— que el gobierno mexicano está hackeado en sus sistemas y que piratas informáticos le han dado como plazo hasta el viernes de esta semana para liquidar una fuerte suma de dinero. De no hacerlo, aseguran, habrá una filtración masiva de datos sensibles con dimensiones incluso mayores a las del caso Guacamaya.
El asunto, que se ha colocado como uno de los temas principales dentro de la llamada “dark web”, tiene respaldo tras los recientes ataques cibernéticos de dependencias como la Sociedad Hipotecaria Federal. Esta y otras áreas del gobierno federal han reconocido tener problemas en sus sistemas y en su dominio digital.
Por el lado de los argumentos técnicos, se detalla que por estrategia de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los servicios digitales se concentraron bajo un mismo dominio, “gob.mx”, por lo que si un hacker logra capturar una sola dependencia tendría posibilidad de entrar prácticamente a todas. “Tendría las llaves de todas las puertas del castillo”, explican especialistas en ciberseguridad.
Hasta el momento, el único ataque confirmado es el de los archivos de la Sociedad Hipotecaria Federal. Los piratas informáticos lograron infiltrarse hasta comprometer los sistemas del organismo, provocando además una caída masiva de sus plataformas digitales desde el pasado 24 de enero. El gobierno se ha limitado a clasificar el episodio como una “contingencia tecnológica”.
“Al personal involucrado en procesos críticos y tiempos de entrega: agradecemos su comprensión ante esta contingencia tecnológica. Nuestro equipo se encuentra trabajando para restablecer la operación a la brevedad”, expone el comunicado publicado el lunes 26 de enero. Sin embargo, además de esta página, también permanece caída la plataforma de Transparencia, la cual brinda acceso a información de múltiples dependencias.
El primer ataque digital confirmado contra una dependencia de la administración que encabeza Claudia Sheinbaum ocurrió en 2024, cuando ciberdelincuentes hicieron públicos 206 gigabytes de información de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, entonces a cargo de Ernestina Godoy. En aquella ocasión se liberó en la “dark web” información sensible de funcionarios y trabajadores del gobierno.
También se han contabilizado al menos otros cinco ciberataques a dependencias gubernamentales e instituciones públicas. Entre ellos destacan incidentes en la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezada por Leonardo Lomelí; el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, de Ricardo Dueñas; la plataforma TrabajaEn de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, así como un intento de intrusión en el teléfono personal de la propia Presidenta.
En la administración de Andrés Manuel López Obrador también se registraron hackeos que tuvieron resonancia internacional. Pemex fue víctima de un ataque de ransomware mediante el cual el grupo Doppel Paymer exigió a la Secretaría de Energía un rescate de 565 bitcoins —equivalentes entonces a unos 4.9 millones de dólares— para liberar la información secuestrada. A ello se sumó el caso Guacamaya Leaks, que logró sustraer más de seis terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Especialistas del sector aseguran que desde 2018 el monto promedio de los rescates exigidos en ciberataques ha crecido 589%. Y aunque desde los canales oficiales se han minimizado o negado los detalles de estos incidentes, lo cierto es que tampoco existe plena certeza sobre la solidez de la seguridad digital del gobierno. Hasta el cierre de esta columna, el sitio de la Sociedad Hipotecaria Federal continúa inactivo, sin una explicación técnica pública que disipe las dudas.
Con informacion: MARIO MALDONADO/ELUNIVERSAL+/ CETYS/
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