Desde una cárcel de Durango, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, condenado a 60 años, sigue manejando las actividades del Cártel de Santa Rosa de Lima a través de listas entregadas a sus abogados y otras personas que lo visitan.
El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a ese cártel a mediados de diciembre del año pasado. Acusó que el grupo de Santa Rosa de Lima es epicentro de un mercado transfronterizo de tráfico de huachicol, que socava a las empresas estadounidenses dedicadas a la producción de petróleo y gas natural, y que priva al gobierno de México de “ingresos críticos”.
Hace unos días, luego de que 37 operadores de organizaciones criminales fueran entregados al gobierno de Estados Unidos, para completar la expulsión de un total de 92 integrantes de la delincuencia organizada, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la expulsión de dichos narcotraficantes tenía como fin detener las actividades de sujetos que seguían operando desde las cárceles, formando alianzas entre grupos, ordenando extorsiones y homicidios, y consolidando importantes redes criminales.
En esa última entrega, la tercera en menos de un año, parecían haberse agotado los nombres de narcotraficantes importantes. Aparecieron algunas figuras de relevancia, pero la entrega, destinada a calmar las exigencias del gobierno de Donald Trump, se hallaba compuesta en su mayoría por personajes de segundo nivel.
De manera inexplicable, no figuraba en la lista, como se esperaba, el nombre José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, detenido hace cinco años (agosto de 2020) en una finca del municipio de Juventino Rosas, en Guanajuato.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado que, a pesar de llevar ya un quinquenio tras las rejas, El Marro sigue siendo un factor decisivo en la oleada de violencia que ha llenado de masacres el estado de Guanajuato. La última, ocurrida en un campo de futbol de Loma de Flores, en Salamanca, a donde sicarios de su organización, comandados por Moisés Soto Bermúdez, jefe de una célula de ejecución del Cártel de Santa Rosa de Lima, arribaron el domingo pasado a bordo de tres camionetas: buscaban a un sujeto conocido como El Cholo, dueño de las canchas conocidas como Campos de las Cabañas.
Ese día se había jugado en ese sitio el primer partido de la final de futbol amateur Liga Premier de Loma de Flores. Eran las 17:30. Según testigos, en el momento en que se pagaba a elementos del cuerpo de seguridad privada de la empresa Orión por los servicios que habían prestado durante el partido, comenzó la agresión en contra de guardias, jugadores y familias. Se contabilizaron al menos 100 disparos.
La empresa Orión ha sido vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con quien el Cártel de Santa Rosa de Lima sostiene desde hace una década una violenta disputa por el control de la extracción ilegal de combustible en los municipios en que corren los ductos de Pemex. El ataque dejó once muertos y diez heridos. Ese fin de semana se habían registrado otras siete ejecuciones en Salamanca.
A través de labores de inteligencia realizadas por autoridades estatales se detectó que Soto Bermúdez, líder de la célula identificada como Los Marros, actúa bajo las órdenes del jefe de plaza de Salamanca, Mario Eleazar Lara Belman, alias El Negro, El Camorro o El Gallo. El grupo está ligado a una serie de extorsiones y ejecuciones ocurridas en Irapuato, Celaya, Villagrán y Cortazar.
Las listas de pendientes de El Marro, enviadas desde la cárcel (“qué hay que hacer, a quién hay que matar o extorsionar”) llegan, según las investigaciones, a manos de su hermana, Karem Elizabeth Yépez Ortiz, conocida como La Patrona, quien al menos desde 2022 asumió el mando del Cártel de Santa Rosa de Lima, apoyada por su esposo, Santiago González, El Bachicha.
La estructura criminal había sido heredada por el hermano de El Marro, Juan Rodolfo Yépez, El Rudy, pero tras la detención de este el poder quedó en manos de dos mujeres, según reportes tanto de la Sedena como de autoridades del estado: la ya mencionada Karem Elizabeth, y la esposa de El Marro, Elsa Marisol Martínez La Güera, a quien la UIF ubicó hace meses como “cerebro financiero” del grupo criminal, encargada del lavado de activos a través de empresas fantasma supuestamente dedicadas al transporte de mercancías.
De acuerdo con la UIF, el dinero se dispersa a lo largo de redes familiares.
La masacre del domingo en Salamanca es como la del bar La Playa en marzo de 2019 (15 muertos y 5 heridos); como la del 3 de octubre de 2024 en que doce 12 personas fueron asesinadas en el lapso de una hora y aparecieron con las manos y los pies atados en diversos lugares de la ciudad; como la del 23 de febrero de 2025, en que mataron a ocho en el interior de una vivienda; como la de la cancha de usos múltiples en San José de Mendoza, en marzo de 2025, que dejó siete muertos, entre ellos un niño: como todas las masacres registradas desde 2017 a la fecha, desde que por medio de videos se anunció el inicio de la pugna entre los dos grupos criminales.
Van 4 mil detenidos. 45 objetivos considerados prioritarios han sido detenidos. Pero la violencia dictada desde una cárcel de Durango, a través de la lista de pendientes de El Marro, sigue dando coletazos.
¿Qué hace falta para detenerla?
Con informacion: HECTOR de MAULEON/ELUNIVERSAL+
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: