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miércoles, 11 de junio de 2025

¡OJO al DATO,PARCES !: “COLOMBIANO que LLEGO por PLATA FACIL y VA TERMINAR con PLOMO SEGURO ARMO BOCHINCHE en TANQUETA del MENCHO en ZITACUARO”…llego siguiendo el ecosistema de impunidad con google maps.


Un extranjero presumió en video la irrupción a balazos junto con al menos otros siete sujetos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los límites de Michoacán con el Estado de México.

El sicario, presuntamente de origen colombiano, evidenció su ingreso y el de otros sujetos a bordo de un “monstruo”, como se le conoce a los vehículos blindados artesanalmente y utilizados por grupos criminales, en la localidad de El Olivo, en el Municipio de Tuzantla, cercano a Zitácuaro.

Con sabor Colombiano 

¡Vamos a darle sabor colombiano a este relato con todo el glosario paisa, costeño y rolo que se pueda:

Un extranjero, presuntamente colombiano, se puso a hacer alarde en video de una irrupción a tiros junto con otros siete sujetos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los límites de Michoacán con el Estado de México. El tipo, que parece más bien un “paisa perdido en la selva”, se subió a un “monstruo” (así le dicen a los carros blindados artesanales en el bajo mundo mexicano), pero si fuera en Colombia, le diríamos que anda en una “tanqueta” o, mejor dicho, en un “monstruo” como los que usan los “paracos” en el monte.

En la localidad de El Olivo, municipio de Tuzantla, cerca de Zitácuaro, el man gritaba entre risas:

“¡Pura cuatro, andamos adentro del Olivo, pura gente del señor de las rayitas, pura menchada papá, pura gente del señor Don Mencho!”
Y mientras tanto, el tipo mostraba el arma larga y el chaleco antibala, como si fuera un “cachaco” en una película de acción. En Colombia, le diríamos que anda “armado hasta los dientes” o “con la parca en la mano”.

El video también muestra a otros integrantes del CJNG, y uno de ellos, con el orgullo bien puesto, decía ser de Honduras. El supuesto colombiano seguía:

“¡No le atoran… arriba la menchada, arriba la menchada! Pura gente del Mencho. Todo mundo cerraron negocios, casas, todo el pedo, póngase vivos que les matamos hasta el perro. Nadie se asomó.”
En Colombia, eso se traduce como: “¡Todo el mundo se encerró, ni el perro se asomó, parce!”, o sea, ni el más valiente salió a ver qué pasaba.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmó que hay un patrón de reclutamiento de exmilitares colombianos por parte de grupos como el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Según él, la mayoría de los reclutas han sido para el CJNG, aunque también hay algunos que caen en las filas del CDS.

En Colombia, se diria que estos “parceros” están siendo “jalados” con promesas de “plata fácil” o “trabajo seguro”, pero al final terminan “en la olla” o “en la maleta”.

En los últimos meses, el CJNG, liderado por Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas”, se ha movido por la región cercana a Valle de Bravo, en Estado de México, para disputarse el territorio con “La Familia Michoacana”. Los enfrentamientos han sido tan fuertes que hasta un camión de transporte público quedó calcinado en la carretera Zitácuaro-Tuzantla.

En Colombia, eso sería como una “guerra de galladas” o una “toma de barrio”, pero a lo bestia y con armas de alto calibre.

Para rematar, el lunes pasado atacaron con explosivos el Palacio municipal de Juárez, y en mayo, los habitantes de Tuzantla quedaron en medio del fuego cruzado por más de 48 horas, dejando al menos dos muertos.

En Colombia, dirían que ahí “se armó el bochinche”, “se prendió la candela” o “se armó la de San Quintín”.

Que les recomienda El Cabo en Mexico:


¡Qué pena con el man, pero este paisa se la creyó muy bacano y terminó de sicario de cartel!

Resulta que el tipo, en vez de buscar trabajo honrado, se metió en la gallada del Mencho y se la dio de “parcero” del bajo mundo.

Se puso chaleco antibala, se subió al “monstruo” y salió en video gritando como si fuera el malandro más arrecho, pero la verdad es que solo es un “mandadero” más, uno de tantos “parceros” que andan haciendo el trabajo sucio.

¡Qué nivel, parce!

En vez de salir adelante en su tierra, se fue a México a hacer el papel de malandro, y ahora anda de “pela’o” entre tiros y explosivos.

Se la cree muy duro, pero al final es solo un “matón” más, un “pistolero” que no le llega ni a los talones a los verdaderos capos.

Eso sí, en el video se la dio toda de “parce del Mencho”, pero la verdad es que ni nombre propio tiene, solo es uno más de la “menchada”, un “parcero” que se la cree pero que seguro ni sabe en qué barrio está parado.

Resumen con jerga colombiana :

  • Paisa en México: Un colombiano, posiblemente exmilitar, se volvió “parce” del CJNG y se puso a hacer alarde en video de una irrupción a tiros en El Olivo, Tuzantla.
  • Monstruo: Andaba en un carro blindado artesanal, que en Colombia sería una “tanqueta” o “monstruo”.
  • Pura menchada: Se refiere a la gente de “El Mencho”, el jefe del CJNG. En Colombia, sería como decir “pura gente del patrón” o “pura gente del jefe”.
  • No le atoran: No le entienden, no le paran bolas. Aquí, nadie se asomó porque “se asustaron como gallinas”.
  • Arriba la menchada: ¡Viva el grupo! ¡Aguante la gallada!
  • Reclutamiento: Los carteles mexicanos están “jalando” exmilitares colombianos con promesas de “plata fácil”, pero al final los dejan “en la olla”.
  • Guerra de galladas: Los enfrentamientos entre el CJNG y “La Familia Michoacana” son como una “guerra de galladas” o “toma de barrio” a lo bestia.
  • Se armó el bochinche: Los ataques y los tiroteos dejaron a la gente “en la candela” y “con el pelo parado”.

¡Así que, parceros, cuidado con las ofertas de trabajo fácil: a veces, lo que parece “plata fácil” termina siendo “plomo seguro”!

Con informacion: ELNORTE/

“QUE TANTOS son 37 ?”:”LEALTADES DIVIDIDAS estan MATANDO a POLICIA de SINALOA y BASTA con ESCUCHAR aquel VIDEO de MINISTERIAL EJECUTADO PONIENDO el DEDO a TODOS”…ausencia total de detenidos es una invitación aceptada para seguirlos matando.


La situación de la policía en Culiacán y Sinaloa expone una crisis de seguridad profunda y paradójica: quienes deberían protegernos están expuestos a la violencia, la infiltración y la impunidad, mientras que la ciudadanía queda desprotegida y atemorizada.

Quienes deberían cuidarnos no se cuidan

La frase “los que deberían cuidarnos no se cuidan” cobra sentido al analizar la vulnerabilidad extrema de los agentes policiales. En los últimos nueve meses, 37 policías han sido asesinados en Sinaloa, la mayoría en ataques directos y con un claro mensaje de intimidación de los grupos delictivos. 

Infiltración y lealtades divididas

La infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiales es un problema estructural. Documentos filtrados han demostrado que existen personas dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa que trabajan para el Cártel de Sinaloa, enviando información sensible y permitiendo que el crimen reaccione rápidamente ante acciones de las autoridades. 

Esta infiltración quedo por demas acreditada cuando un agente Ministerial,antes de ser ejecutado y su cuerpo lanzado al exterior del Congreso del Estado,le puso el dedo a todos.

La situación se complica aún más por la existencia de bandos dentro de la policía, donde algunos agentes sirven a intereses de diferentes facciones del crimen organizado, como Los Chapitos y los aliados de Ismael “El Mayo” Zambada. Esta división interna genera desconfianza, debilita la coordinación y expone a los agentes honestos a mayores riesgos.

Impunidad y ausencia de detenidos

A pesar de la magnitud de los asesinatos de policías y la violencia generalizada, la impunidad es la norma. No existen detenciones significativas vinculadas a estos crímenes, ni por los asesinatos de agentes ni por los otros homicidios relacionados con la guerra entre cárteles. Esto envía un mensaje claro: no hay consecuencias para los perpetradores, lo que perpetúa el ciclo de violencia y desprotección.

El chorreadero de sangre

Desde el mes de septiembre del 2024, cuando estalló una pugna interna del Cártel de Sinaloa, en el estado han sido asesinados 37 agentes policiacos, desde municipales, estatales y hasta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los ataques han sido en contra de agentes en diferentes circunstancias, ya sea en cumplimiento de su deber o en descanso, hacia agentes en activo o en retiro.

El primer registro que se tiene de homicidio de un agente fue el 11 de septiembre del 2024, en Las Tapias al sur de Culiacán, donde asesinaron a Raúl Demetrio Herrera “El Brujo”, quien era subdirector de la Policía Municipal, y tenía alrededor de un año retirado.

A partir de ese día, hasta 36 uniformados más adscritos a corporaciones policiales, sin considerar el elemento asesinado a Omar Garcia Harfuch cuya viuda reclamó en redes al inutiltampoco militares, ni de Guardia Nacional.

Los mandos en la mira

En los meses de septiembre y noviembre, se registraron los asesinatos de cinco policías en Mazatlán, dos de ellos fueron ex Secretarios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El 19 septiembre atacaron a balazos y quitaron la vida a un comandante de la Municipal en la colonia Francisco Villa, tras recibir hasta 30 impactos de bala dentro de su camioneta particular.

Los ex titulares de Seguridad Pública de Mazatlán, Simón Malpica Hernández y Juan Ramón Alfaro Gaxiola, cayeron asesinados los días 9 y 24 de noviembre, el primero en la colonia Juárez y el segundo en la colonia Hacienda Urías.

Mientras que en la capital sinaloense, en Culiacán, el 22 de noviembre un grupo armado irrumpió en una cafetería del sector Montebello y asesinó a Benjamín Villarreal Guerrero, ex subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, quien seguía activo, pero ya no como mando.

También en Culiacán, el 28 de noviembre encontraron sin vida por La Costerita a Francisco Javier “N”, comandante de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa.

Las agresiones a mandos policíacos se extendieron a Navolato, el 28 de abril, cuando asesinaron a Marco Antonio “N”, comandante de la Policía Municipal, en las afueras de su domicilio.

Caídos en servicio

La noche del 25 de octubre del 2024, los oficiales Carmen e Iván Orlando, de la Policía Municipal de Navolato, se encontraban dentro de una patrulla estacionada afuera de un plantel del Cobaes en San Pedro, cuando hombres armados los asesinaron.

La mañana del 6 de diciembre, un grupo de policías estatales transitaban cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán para dirigirse a un festejo por el Día del Policía, los interceptaron y asesinaron a un elemento, además de herir a cuatro más.

El 23 de enero, dos agentes de la Municipal de Culiacán perdieron la vida tras un ataque a balazos frente al Parque 87, mientras transitaban dentro de una patrulla.

Tres elementos de la Policía Municipal de Culiacán atendieron un reporte en el sur del municipio el 28 de febrero, y reaparecieron asesinados hasta el 2 de marzo, en una brecha de terracería en la sindicatura de Costa Rica. Joel Alberto, Ezequiel y Petra Emilia presentaron huellas de tortura.

La noche del 7 de mayo, en el sector Pradera Dorada de Mazatlán, un comando armado atacó a balazos a un grupo de policías municipales, dicho atentado dejó a dos oficiales asesinados y cuatro más lesionados.

$!Policías bajo ataque:En nueve meses han asesinado a 37 agentes

Ataques a domicilio 

El 12 de noviembre del 2024, un oficial de la Municipal de Mazatlán fue asesinado apenas llegó a su vivienda en el fraccionamiento San Marcos.

En la capital, el 18 de noviembre privaron de la libertad a un Policía Municipal de Culiacán en la sindicatura de Quilá, y el 20 de noviembre lo hallaron sin vida en un camino de terracería en la sindicatura Costa Rica.

Patricio “N”, otro Policía Municipal de Culiacán, estaba en un local donde venden pollos en la colonia Progreso, cuando llegaron a asesinarlo a balazos el 15 de marzo del 2025.

El pasado 8 de junio, agresores irrumpieron en una vivienda en Cofradía de La Loma, municipio de Navolato, y quitaron la vida a Rafael “N”, policía estatal activo, junto con su hermano.

La otra violencia: agentes desaparecidos

De septiembre de 2024 al 10 de junio de 2025 la Fiscalía General del Estado ha registrado 17 desapariciones de personas con ocupación Policía Estatal o Municipal.

De los agentes desaparecidos, tres fueron localizados con vida y seis sin vida, mismos que se ubican dentro de los 37 policías asesinados.

La FGE estableció que continúan activas las búsquedas de ocho agentes, pues no han sido ubicados.

Uno de los casos reportados fue el 13 de septiembre del 2024, cuando quedó abandonado dentro del Parque 87 de Culiacán el vehículo de un policía estatal activo, quien fue privado de su libertad y horas más tarde lo localizaron sano y salvo en su domicilio.

Para el 26 de septiembre del 2024, ocurrió con un oficial de la Municipal de Mazatlán.

Asimismo, una custodio del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fue vista por última vez en el fraccionamiento Villa Bonita, en la capital. Pasó su periodo de descanso de 72 horas, pero ya no se presentó a trabajar.

La noche del 21 de noviembre del 2024, un agente de la Policía Estatal celebraba el cumpleaños de su padre en el poblado Estación Obispo, de la sindicatura Higueras de Abuya, en Culiacán. Sujetos armados irrumpieron en el convivio disparando al aire, luego asesinaron al padre del policía y a un amigo de la familia, y posteriormente privaron de la libertad al oficial y su hermano.

El caso más reciente registrado es el de Urías Hernández Pardiñas, policía municipal de San Ignacio y ex mando de la misma corporación.

En la ficha de su desaparición se señala que no se sabe de su paradero desde la noche del domingo 8 de junio, cerca de las 21:30 horas, en la colonia Labastida Ochoa, perteneciente a San Ignacio.

Conclusión

La crisis de seguridad en Sinaloa, y particularmente en Culiacán, es reflejo de una estructura policial debilitada por la infiltración, la división interna y la impunidad. Los policías están bajo ataque constante, tanto por el crimen organizado como por la falta de protección institucional. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando respuestas y justicia, en un contexto donde quienes deberían garantizar la seguridad no pueden ni siquiera protegerse a sí mismos.

Con informacion: NOROESTE/

“MAS INTELIGENCIA a MILITARES ?”: “PRENSA ESPAÑOLA presume MOVIMIENTO de SHEINBAUM para DESATASCAR LEYES que DAN SUPERPODERES a BATMAN y QUE NO QUISO el EJERCITO”….pero que el cuentachiles García “Lunita” tendra la ultima palabra.


La presidenta, Claudia Sheinbaum, tiene preparado un movimiento con el que confía desatascar de una vez por todas su Estrategia Nacional de Seguridad, atorada en el Congreso. 

La mandataria ha enviado este lunes a la Cámara de Diputados, vía la Comisión Permanente —órgano legislativo que funciona en los periodos de receso de las cámaras— una iniciativa que busca dar más poder, sobre todo en materia de Inteligencia, al Ejército y así equilibrar su plan de seguridad. 

Las leyes que le dan superpoderes de investigación e inteligencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), liderada por Omar García Harfuch, llevan meses atascadas por falta de consenso dentro del propio partido gobernante. 

La nueva propuesta reforma un puñado de leyes y crea una nueva, la Ley de la Guardia Nacional. Con este ambicioso paquete legislativo equilibra la balanza entre los mandos civil y militar, en busca de allanar el camino para que sus propuestas iniciales logren ver la luz en el periodo extraordinario de sesiones. 

En su propuesta, la mandataria armoniza las facultades en materia de investigación e inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de su apéndice, la Guardia Nacional, encargada de la seguridad pública.

La Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia son las dos propuestas presidenciales que otorgan amplias facultades a la SSyPC para investigar delitos y realizar labores de inteligencia. 

Ese fue el punto de quiebre que tenía paradas las propuestas presidenciales, según confirman fuentes de Morena cercanas a la presidencia. La Secretaría de la Defensa Nacional del general Ricardo Trevilla, refieren las fuentes consultadas, puso resistencia a la potestad concedida a la corporación policial. 

Sheinbaum ha dado al Ejército lo que pide, al menos en el papel. La enmienda a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que entre las facultades de la Sedena están “generar, operar, procesar y utilizar información en materia de seguridad nacional” y desarrollar productos y servicios de inteligencia”.

En todo caso, en los hechos, será el secretario de Seguridad quien tenga la última palabra en materia de investigación e inteligencia. “[A la Sedena le corresponde] Requerir e intercambiar información en materia de seguridad nacional, previa coordinación con las instancias del Consejo de Seguridad Nacional [presidido por el secretario de Seguridad] para el cumplimiento de sus funciones”, se lee en uno de los apartados que se propone reformar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, uno de los siete ordenamientos que han sido tocados en la iniciativa presidencial enviada este lunes a la Comisión Permanente.

Esta nueva iniciativa se sumará al paquete de 22 temas pendientes, incluido un puñado de propuestas enviadas por Sheinbaum que han generado polémica y se han estancado. En el sexenio pasado fue impensable que una propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, no se aprobara en fast track y sin cambios. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, su discusión, se frenó al filo del cierre del periodo ordinario de sesiones con el objetivo de apagar las críticas que, sostienen, pretende controlar los contenidos de radio, televisión e internet.

También está la reforma a la Ley de Búsqueda y a la del Registro de Población, pausada para su aprobación en un intento de la presidenta en incluir las voces de los familiares de desaparecidos. Las leyes en materia de seguridad también entran en el paquete de iniciativas sin desahogar.

La propuesta presidencial, en su conjunto, consólida el control total de la Guardia Nacional en la Sedena, incluida la homologación de ordenamientos que delimitan la actuación de la corporación para fines de seguridad pública, salvaguarda los derechos militares de los elementos, sanciones bajo la justicia penal castrense y facultades de investigación e inteligencia a la corporación. 

A Morena no le ha tomado por sorpresa la repentina propuesta presidencial. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas, sustuvo este lunes que esta propuesta “tiene por objeto la construcción de la paz en todo el territorio nacional”.

Con informacion: Elia Castillo / Diario Español/El Pais/

“BUSCA DESAPARECIDOS y YA lo DESPARECIERON”: “CRIMINALES LLEGARON a LEVANTAR a DOMICILIO a DON PANCHITO pero antes MATARON a su HIJO”…pero que tal el atole con el dedo “mañanero del pueblo”.


José Francisco Arias Mendoza, “Don Panchito”, miembro del colectivo “Hasta Encontrarte”, fue plagiado ayer en su vivienda en Irapuato, Guanajuato, por hombres armados, quienes además mataron a uno de sus hijos, identificado como Jaime.

De acuerdo con miembros del colectivo, los hechos ocurrieron el lunes 9 de junio en su domicilio ubicado en la Calle Guillermo Prieto, en la Colonia Álvaro Obregón, en la región del Bajío.

Activistas señalaron que los captores de “Don Panchito” podrían estar vinculados con los asesinos de su Miguel Ángel , quien quien desapareció en enero de 2022, motivo por el cual el señor se unió a colectivos de búsqueda y halló pistas incriminatorias.

Arias Mendoza, de 54 años, es un activista buscador que a pesar del hallazgo sin vida de su hijo en 2023, continuó participando activamente en la búsqueda de personas desaparecidas.

La Fiscalía General de Justicia guanajuatense inició una investigación por la privación de la libertad del buscador. La Comisión de Búsqueda, en tanto, emitió una ficha de reporte.

El colectivo “Hasta Encontrarte” urgió la aparición con vida de su integrante.

“Desaparecieron a un buscador del colectivo ‘Hasta Encontrarte’ y antes de desaparecerlo matan a su hijo. Exigimos a las autoridades buscarlo con vida. ¡Ni un buscador más! Solo los buscamos por que los amamos”, posteó.

Amnistía Internacional México hizo un llamado urgente a las autoridades para dar con su paradero y garantizar la seguridad de estos activistas.

“Llamamos urgentemente a la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado y a la Fiscalía General del Estado a la búsqueda inmediata y presentación con vida de Don Panchito. Exigimos a las autoridades garantizar la seguridad de quienes buscan a sus seres queridos”, demandó.

La ficha de búsqueda de Arias Mendoza detalla que presenta tatuajes: en el brazo izquierdo una india, en la mano izquierda un escorpión y en el brazo derecho un león.

Con informacion: ELNORTE/

martes, 10 de junio de 2025

Es el “MOTOR que los MUEVE”: CON “ESTRATEGIA CHINGONA de SHEINBAUM y HARFUCH EXTORSION SUBIO 26.7% en 7 MESES y en TAMAULIPAS AVAnza y esta GARANTIZADA”…ecuacion es simple,ese dinero paga el soborno a uniformes de todos colores.


La gráfica escandalosa muestra que “bajo el segundo piso de cuarta del gobierno”, entre octubre de 2024 y abril de 2025 se denunciaron 6,582 casos de extorsión en México, con un pico en marzo de 1,045 denuncias. Este flujo constante y elevado de casos refleja la magnitud del problema y la presión permanente que sufren miles de familias, comerciantes y empresarios de Tamaulipas bajo el gobierno de Americo Villarreal gobernado por el crimen organizado que se replica en todo el país.

La extorsión: el flujo de dinero que alimenta al crimen organizado

La extorsión es hoy uno de los principales motores financieros de los cárteles en México. El cobro de piso y otras variantes de extorsión han dejado de ser un “daño colateral” para convertirse en una fuente central de ingresos para las organizaciones criminales, especialmente en contextos donde el tráfico de drogas enfrenta obstáculos logísticos o guerras internas.

Según estimaciones publicadas por UNIVISION, la extorsión y el robo cuestan a las empresas mexicanas unos 6,800 millones de dólares al año, cerca del 0.67% del PIB nacional. Este dinero, extraído directamente de quienes trabajan y producen, es desviado a financiar la estructura criminal: armas, sobornos al mismo gobierno, logística, pago de estructuras criminales y la propia violencia que mantiene sometida a la población.

El impacto no es solo económico. La extorsión genera inflación, eleva los precios de productos básicos como el limón, la tortilla o el aguacate, y desincentiva la inversión, empujando al cierre de negocios y al desplazamiento forzado de familias y empresarios. El “impuesto” criminal se suma al que ya cobra el gobierno y se traslada a toda la sociedad, agravando la pobreza y debilitando el tejido social.

La respuesta del gobierno: ¿Ignorancia, omisión o incapacidad?

Aunque las autoridades reportan detenciones y campañas de prevención —por ejemplo, la SSC de la Ciudad de México presume la captura de 361 presuntos extorsionadores en el periodo analizado—, la realidad es que la mayoría de los casos no se investigan a fondo y la impunidad sigue siendo la norma. 

Solo el 3% de las amenazas de extorsión son denunciadas formalmente, lo que sugiere que las cifras reales podrían ser mucho mayores. Muchos ciudadanos, incluso tras denunciar, no esperan avances reales en las investigaciones y optan por abandonar sus negocios o mudarse para sobrevivir.

Las estrategias oficiales suelen centrarse en la reacción y la contención, no en atacar la raíz financiera del problema. Mientras el gobierno y las fuerzas de seguridad se desgastan en enfrentamientos armados, los cárteles siguen recibiendo cientos de millones de pesos mensuales de la extorsión, lo que les permite sobrevivir, reorganizarse y corromper instituciones como ocurre en Tamaulipas donde el mismo gobernadora decir de “Breitbart News”, se beneficia mientras crecen las redes de extorsión a cambio de renta politica.

Pero son tantas y tan variadas que hasta el gobierno de Americo Villarreal las impone y hasta la mayoría de alcaldes las pagan, cita EL UNIVERSAL.

El combate frontal en las calles, sin una estrategia integral para cortar los flujos de dinero ilícito, resulta insuficiente y hasta contraproducente.

¿Cómo desactivar a los cárteles? Seguir el dinero y proteger a la sociedad

Expertos y organismos internacionales coinciden: la clave para debilitar realmente a los cárteles no está solo en los operativos armados, sino en atacar sus finanzas. Acciones como el bloqueo de cuentas, la persecución del lavado de dinero y la sanción a quienes facilitan estos flujos —como ocurre con sanciones internacionales contra redes de lavado del Cártel de Sinaloa— han demostrado ser más efectivas para desarticular estructuras criminales que la simple captura de sicarios o jefes de plaza que se recomponen 10 minutos después.

Además, es fundamental proteger y empoderar a las víctimas, garantizar la investigación de cada denuncia y ofrecer alternativas económicas y sociales en las comunidades más afectadas. Sin quitarles los recursos que obtienen de la extorsión —ese “tributo” que le arrebatan al pueblo—, los cárteles seguirán teniendo la capacidad de corromper, intimidar,levantar, matar y pagar a los que investigan para que sigan volteando para otro lado, como en Tamaulipas.

Conclusión

La acumulación de denuncias de extorsión no es solo una estadística: es el reflejo de un modelo criminal que expolia a la sociedad y financia la violencia. Mientras el gobierno no ataque de raíz el flujo de dinero que sostiene a los cárteles, la guerra en las calles seguirá siendo una batalla transexenalmente perdida, y la población seguirá pagando, en silencio o con sangre, el precio de la inacción, porque el que no paga o chivatea,lo matan.

Con informacion: ELNORTE/ TRESEARCH/

"NO FUE ROBO,FUE MANITA de PUERCO": "CONTEXTO HISTORICO de IMAGEN EXPLICA el CONTEXTO ACTUAL ...México, exhausto y dividido, tuvo que aceptar términos muy desventajosos.


La imagen trascendida a redes sociales con la frase “Ningún mexicano es ilegal en tierra robada” ,apela a una narrativa profundamente arraigada en la memoria colectiva mexicana y en la historia de la relación México-Estados Unidos. Su potencia simbólica reside en la evocación de la pérdida territorial tras la guerra México-Estadounidense y los acuerdos posteriores, especialmente el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 y el Tratado de la Mesilla de 1853, por los cuales México cedió más de la mitad de su territorio original a Estados Unidos, incluyendo California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Kansas, Oklahoma y Wyoming.

Estos tratados, aunque legales bajo el derecho internacional de la época, fueron percibidos por amplios sectores de la sociedad mexicana como injustos, producto de la coacción militar y la debilidad política. 

La frase “tierra robada” sintetiza ese sentimiento de despojo y agravio histórico, aunque en términos estrictos, las cesiones fueron formalizadas mediante acuerdos internacionales y compensaciones económicas, como los diez millones de dólares pagados por el territorio de la Mesilla.

Legalidad vs. justicia: la migración y la frontera

La imagen también interpela el debate entre legalidad y justicia en el contexto migratorio. La frontera actual es resultado de esos tratados, pero durante décadas, la movilidad entre ambos lados fue fluida y la frontera, en muchos sentidos, “porosa”. La construcción del concepto de “ilegalidad” migratoria es relativamente reciente, consolidándose en el siglo XX con leyes como la Immigration Act de 1891 y la creación de la Patrulla Fronteriza en 1924, que institucionalizaron la criminalización de la migración irregular.

Desmitificando la narrativa romántica

Es fundamental señalar que la narrativa de “tierra robada” tiene elementos de verdad histórica, pero también simplificaciones. Los tratados fueron legales, aunque desiguales y forzados por la coyuntura bélica y política. La integración de los territorios cedidos a Estados Unidos fue compleja: muchos mexicanos que permanecieron allí sufrieron discriminación, pérdida de derechos y desplazamiento, pero también contribuyeron decisivamente a la construcción económica y cultural del suroeste estadounidense.

Por otro lado, la migración mexicana a Estados Unidos ha respondido no solo a factores históricos, sino también a dinámicas económicas, políticas y sociales contemporáneas, como la demanda de mano de obra, las asimetrías económicas y las políticas migratorias restrictivas que han forzado a millones a la irregularidad.

Orgullo, pertenencia y resignificación

A pesar del despojo y las adversidades, el sentido de pertenencia y orgullo nacional mexicano se mantiene fuerte, tanto en México como en la diáspora. La imagen, entonces, no solo denuncia una injusticia histórica, sino que resignifica la identidad mexicana en el contexto transfronterizo: ser mexicano en “tierra robada” es un acto de resistencia, de memoria y de reivindicación.

Técnicamente, no hubo un “robo” en el sentido estricto del derecho internacional de la época: la cesión de más de la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos se formalizó mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 y, posteriormente, la Venta de la Mesilla en 1853, ambos acuerdos ratificados por los congresos de ambos países y acompañados de compensaciones económicas.

Sin embargo, estos tratados se firmaron bajo condiciones de ocupación militar y presión, tras una guerra iniciada por el expansionismo estadounidense y la invasión de territorio mexicano. México, exhausto y dividido, tuvo que aceptar términos muy desventajosos para poner fin al conflicto. La indemnización pagada por Estados Unidos (15 millones de dólares por la cesión principal, 10 millones por la Mesilla) fue considerada insuficiente frente al valor y la extensión del territorio perdido.

Por eso, aunque legalmente fue una “cesión”, en el imaginario nacional y en la memoria histórica mexicana se percibe como un despojo forzado, un agravio, sintetizado en la frase “tierra robada”. El sentimiento de injusticia proviene de la desigualdad de fuerzas y la coacción implícita en la negociación, más que de la ausencia de formalidad legal.

En resumen:

  • No fue un robo en términos jurídicos estrictos, porque hubo tratados y pagos reconocidos internacionalmente.
  • Fue un despojo en términos históricos y morales, porque México perdió la mitad de su territorio bajo presión militar y en condiciones de debilidad extrema.
  • Lo que hubo fue una cesión forzada, legal pero profundamente injusta y desventajosa para México, lo que alimenta hasta hoy el sentimiento de agravio nacional.

Así, la frase “tierra robada” expresa una verdad emocional y política, aunque los hechos se encuadran en la legalidad internacional de la época. La historia, por tanto, es más compleja que una simple dicotomía entre robo o venta: fue una cesión legal bajo coacción, que la memoria colectiva resignifica como despojo.

Con informacion: Memoria PoliticaNational Archives/ElSevier