La gráfica escandalosa muestra que “bajo el segundo piso de cuarta del gobierno”, entre octubre de 2024 y abril de 2025 se denunciaron 6,582 casos de extorsión en México, con un pico en marzo de 1,045 denuncias. Este flujo constante y elevado de casos refleja la magnitud del problema y la presión permanente que sufren miles de familias, comerciantes y empresarios de Tamaulipas bajo el gobierno de Americo Villarreal gobernado por el crimen organizado que se replica en todo el país.
La extorsión: el flujo de dinero que alimenta al crimen organizado
La extorsión es hoy uno de los principales motores financieros de los cárteles en México. El cobro de piso y otras variantes de extorsión han dejado de ser un “daño colateral” para convertirse en una fuente central de ingresos para las organizaciones criminales, especialmente en contextos donde el tráfico de drogas enfrenta obstáculos logísticos o guerras internas.
Según estimaciones publicadas por UNIVISION, la extorsión y el robo cuestan a las empresas mexicanas unos 6,800 millones de dólares al año, cerca del 0.67% del PIB nacional. Este dinero, extraído directamente de quienes trabajan y producen, es desviado a financiar la estructura criminal: armas, sobornos al mismo gobierno, logística, pago de estructuras criminales y la propia violencia que mantiene sometida a la población.
El impacto no es solo económico. La extorsión genera inflación, eleva los precios de productos básicos como el limón, la tortilla o el aguacate, y desincentiva la inversión, empujando al cierre de negocios y al desplazamiento forzado de familias y empresarios. El “impuesto” criminal se suma al que ya cobra el gobierno y se traslada a toda la sociedad, agravando la pobreza y debilitando el tejido social.
La respuesta del gobierno: ¿Ignorancia, omisión o incapacidad?
Aunque las autoridades reportan detenciones y campañas de prevención —por ejemplo, la SSC de la Ciudad de México presume la captura de 361 presuntos extorsionadores en el periodo analizado—, la realidad es que la mayoría de los casos no se investigan a fondo y la impunidad sigue siendo la norma.
Solo el 3% de las amenazas de extorsión son denunciadas formalmente, lo que sugiere que las cifras reales podrían ser mucho mayores. Muchos ciudadanos, incluso tras denunciar, no esperan avances reales en las investigaciones y optan por abandonar sus negocios o mudarse para sobrevivir.
Las estrategias oficiales suelen centrarse en la reacción y la contención, no en atacar la raíz financiera del problema. Mientras el gobierno y las fuerzas de seguridad se desgastan en enfrentamientos armados, los cárteles siguen recibiendo cientos de millones de pesos mensuales de la extorsión, lo que les permite sobrevivir, reorganizarse y corromper instituciones como ocurre en Tamaulipas donde el mismo gobernadora decir de “Breitbart News”, se beneficia mientras crecen las redes de extorsión a cambio de renta politica.
Pero son tantas y tan variadas que hasta el gobierno de Americo Villarreal las impone y hasta la mayoría de alcaldes las pagan, cita EL UNIVERSAL.
El combate frontal en las calles, sin una estrategia integral para cortar los flujos de dinero ilícito, resulta insuficiente y hasta contraproducente.
¿Cómo desactivar a los cárteles? Seguir el dinero y proteger a la sociedad
Expertos y organismos internacionales coinciden: la clave para debilitar realmente a los cárteles no está solo en los operativos armados, sino en atacar sus finanzas. Acciones como el bloqueo de cuentas, la persecución del lavado de dinero y la sanción a quienes facilitan estos flujos —como ocurre con sanciones internacionales contra redes de lavado del Cártel de Sinaloa— han demostrado ser más efectivas para desarticular estructuras criminales que la simple captura de sicarios o jefes de plaza que se recomponen 10 minutos después.
Además, es fundamental proteger y empoderar a las víctimas, garantizar la investigación de cada denuncia y ofrecer alternativas económicas y sociales en las comunidades más afectadas. Sin quitarles los recursos que obtienen de la extorsión —ese “tributo” que le arrebatan al pueblo—, los cárteles seguirán teniendo la capacidad de corromper, intimidar,levantar, matar y pagar a los que investigan para que sigan volteando para otro lado, como en Tamaulipas.
Conclusión
La acumulación de denuncias de extorsión no es solo una estadística: es el reflejo de un modelo criminal que expolia a la sociedad y financia la violencia. Mientras el gobierno no ataque de raíz el flujo de dinero que sostiene a los cárteles, la guerra en las calles seguirá siendo una batalla transexenalmente perdida, y la población seguirá pagando, en silencio o con sangre, el precio de la inacción, porque el que no paga o chivatea,lo matan.
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