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miércoles, 14 de enero de 2026

EL «CADETE,RICKY y el WERKO»: «CONSIDERAN INMINENTE TERCERA ENTREGA de TAKUACHEZ con CARA de CAPOS del CARTEL del NORESTE»…no crecen porque sean muy buenos para ser malos,sino porque autoridad es muy mala para ser buena.


Feliz Año Nuevo… pero no para el Cártel del Noreste. El 2026 trae consigo una amenaza para el grupo criminal que salió de las entrañas de Los Zetas, y el amago esta vez no proviene de sus depredadores naturales, como el Cártel del Golfo o el Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino del gobierno de Estados Unidos.

El 4 de diciembre del 2025, el diario estadunidense The Wall Street Journal aseguró que el gobierno de Estados Unidos y el de México afinan los detalles de una tercera entrega de narcotraficantes, luego de que 55 capos encarcelados en nuestro país fueron llevados por aire a la Unión Americana en dos eventos distintos en el año pasado.

Cuestionada al respecto en la conferencia matutina en Palacio Nacional del 8 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ese tercer envío no está contemplado por su administración… por ahora. 

“Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir después”, agregó la mandataria, alargando el suspenso para los jefes del crimen organizado mexicano, quienes se preguntan si tienen cuentas pendientes con la justicia administrada por Donald Trump.

MILENIO conoció a través de una fuente del gabinete de seguridad que existe una tercera lista preliminar de capos “trasladables”, pero sólo se accionará si se necesita reforzar la cooperación con el gobierno de Estados Unidos. 

En este listado se encuentran tres hombres y una mujer cuya extracción del país sería un golpe diseñado para noquear al Cártel del Noreste, considerado por Washington como organización terrorista y, por lo tanto, un objetivo prioritario.

“Son cuatro personas que están encarceladas, pero que siguen operando desde las celdas en México. Si se les traslada a Estados Unidos sería un golpe brutal, porque quedarían incomunicados. Sin ellos, se pierde la guía y la cohesión del grupo, lo que desataría una guerra interna que acabaría con el Cártel del Noreste como lo conocemos”, afirmó la fuente consultada.

Un par de cabecillas, el probable “envío”

El primero en esa lista es Ricardo González Sauceda, alias El Ricky o El Mando Erre, quien hasta su detención en febrero del año pasado era el jefe regional del cártel en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. 

Por su importancia en el norte del país, se le ubicaba como el número dos en el organigrama criminal, sólo debajo de Juan Cisneros Treviño, el jefe máximo del Cártel del Noreste, cuya fundación en 2015 tenía como propósito darle un segundo aire a Los Zetas, que se acercaban a su final.

El Ricky ingresó a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tres meses después de su captura, en mayo de 2025, y es señalado –junto con el prófugo Miguel Ángel de Anda Ledezma, alias De Anda– como responsable del ataque armado en marzo de 2022 contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, lo que obligó al cierre de esa oficina durante casi de un mes. La Casa Blanca quiere vengar el agravio.

Para castigarlo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto procesos en su contra en, al menos, dos cortes federales, donde El Ricky es acusado de tráfico de drogas y armas. 

Si es trasladado a la Unión Americana sólo tendrá dos caminos: contar los secretos de su agrupación para debilitarlos a cambio de beneficios personales o enfrentar un juicio que lo llevaría a una cadena perpetua.

El segundo es Fernando Martínez Adame, El Comandante Werko,acusado por las autoridades mexicanas de ser el líder absoluto de uno de los brazos armados más sanguinarios del Cártel del Noreste: la Tropa del Infierno, conocido por reclutar a la fuerza a niñas, niños y adolescentes para usarlos como sicarios.

La Tropa del Infierno alcanzó notoriedad internacional por una fotografía que se hizo viral en agosto de 2019: uno de sus integrantes yacía en el asiento trasero de una camioneta usada para emboscar militares. Decapitado, pero no por un arma punzocortante, sino por el disparo a distancia de un rifle de alto poder. A la víctima le decían Juanito Pistolas y tenía apenas 16 años.

El reclutador y superior de Juanito Pistolas era El Comandante Werko, quien fue detenido en agosto de 2021 tras un doble cateo en casas de seguridad en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su arresto fue azuzado por el gobierno de Estados Unidos, tras conocerse que el jefe de sicarios había ordenado una serie de ataques contra agentes de la Patrulla Fronteriza por varios decomisos de drogas durante la pandemia por Covid-19.

“El aislamiento de estos dos dirigentes del Cártel del Noreste haría que sus órdenes quedaran suspendidas. Si eso pasa, sus aliados se van. Y también la protección de mandos medios. Ese caos es perfecto, es lo que se busca en operaciones estratégicas”, asegura el funcionario.

Espías y una ex policía, también en la mira

Un tercer enviado a Estados Unidos sería Martín Rodríguez Barbosa, El Cadete, quien fue detenido en septiembre de 2021, acusado de usar sus conocimientos como ex policía estatal para brindar protección a la familia Treviño, líderes de Los Zetas hasta su casi extinción y luego fundadores del Cártel del Noreste.

Pero las funciones del Cadete iban más allá de las que tiene un simple jefe de seguridad. En realidad, era el jefe de un grupo clandestino conocido como Los Catas, que fungía como una célula de investigación. El grupo secreto de espías del cártel.

Ellos vigilaban a empresarios, tenían infiltrados en medios locales, hacían seguimientos físicos a policías, intervenían comunicaciones privadas de militares y amenazaban a ciudadanos que subieran a redes sociales cualquier información negativa sobre el cártel. 

Con los datos recabados eliminaban a rivales, asesinaban a traidores, ejecutaban secuestros o calculaban cuotas de extorsión. Y podían anticiparse a cualquier operativo en su contra.

Al momento de su detención, El Cadete equivalía a 2 millones de pesos en recompensa ofrecida por el gobierno de Tamaulipas, pero su valor también estaba más allá del Río Bravo: el gobierno de Estados Unidos lo acusa de orquestar secuestros contra ciudadanos estadunidenses y trasiego de drogas mediante una empresa fachada de transporte.

El cuarto nombre en la lista –la única mujer– es Edén Guadalupe Villarreal Gómez, La Teniente, otra ex policía que es un objetivo de interés para la administración del presidente Donald Trump.

Al igual que El Cadete, esta mujer es acusada de ser una secuestradora serial de estadunidenses, de controlar el envío de drogas al norte del Río Bravo y de financiar a grupos clandestinos en Estados Unidos. Con un pecado capital extra: sobornar a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Su salida de México aliviaría, como efecto colateral, a la jefa de gobierno, Clara Brugada, cuya administración sufre el poder de La Teniente: está acusada de controlar con violencia la vida cotidiana en el penal femenil de Santa Martha Acatitla en Iztapalapa.

Sangría de capos hacia EU

Hasta el momento, el Cártel del Noreste ha perdido sólo un jefe en los envíos de capos que ha hecho el gobierno de México hacia Estados Unidos en un gesto de cooperación binacional.

Se trata de Carlos Alberto Monsiváis Treviño, La Bola, líder del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien fue enviado a Estados Unidos durante el primer envío de altos mandos criminales, el jueves 27 de febrero de 2025, en la misma parvada que sacó del país a Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos, y Vicente Carrillo, El Viceroy, entre otros.

Como todos los líderes del Cártel del Noreste, La Bola fue miembro importante de Los Zetas, quienes han perdido a nueve líderes en los dos traslados internacionales: primero al Z13, Z40, Z42, Z100, El Rama, El Alfa Metro y El Chicles; luego, en el traslado del 12 de agosto de 2025, El Cachetes y El Mostachón dijeron adiós a México.

La noche del 11 de enero, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que su titular, Marco Rubio, conversó por teléfono con el canciller Juan Ramón de la Fuente sobre la “necesidad de acciones concretas” para desmantelar a las redes criminales en México.

Hora y media más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que la plática se dio por instrucciones de la presenta Claudia Sheinbaum como seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, bajo los principios de “respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial”.

Con informacion: MILENIO/ WSJ/

«ANIMO para INVERTIR anda por los SUELOS APLASTADO entre INSEGURIDAD,INCERTIDUMBRE POLITICA y ESCENARIO ECONOMICO ESTANCADO»….hay temor a ocurrencias por decreto.


Parece que el país despertó con la misma resaca económica de la pandemia, solo que ahora sin excusa sanitaria que valga. Según la Coparmex, el “ánimo para invertir” anda por los suelos, aplastado entre la inseguridad, la incertidumbre política y un escenario económico tan estancado que ni con respirador fiscal levanta el ánimo.

Juan José Sierra, presidente del gremio patronal, sonó en conferencia más a terapeuta que a empresario: la confianza, dijo, es “certidumbre jurídica”. Traducido: las empresas no saben si las reglas del juego van a seguir iguales o si mañana cambian por decreto, ocurrencia o berrinche presidencial. “Si queremos ser atractivos para invertir —agregó— hay que trabajar en seguridad, certidumbre y energía”. Fácil decirlo.

La encuesta interna de Coparmex retrata el humor empresarial con crudeza: solo 39.5% de los socios considera que hoy es un buen momento para invertir. El resto prefiere esperar —o rezar—. Sierra dice que este ánimo depresivo es muy parecido al que se vivió en plena pandemia, cuando el país estaba literalmente paralizado.

Pero si alguien anda buscando culpables, no hay que mirar muy lejos del norte. El 57.5% de los socios asegura haber sido afectado por los aranceles de Estados Unidos, medida que dejó la inversión privada igual de congelada que un tratado comercial en litigio.

Eso sí, no todo es muerte y desánimo: 62.8% de las empresas todavía muestra “voluntad” de invertir, aunque esperan a que las condiciones mejoren. En otras palabras: hay dinero, pero nadie quiere apostarle al caos.

Y como si el panorama no fuera ya lo bastante gris, 46.8% de los socios Coparmex fue víctima de algún delito en el último año. Los ilustres protagonistas de la lista: robo de mercancía, extorsión y robo de vehículos. La extorsión, el deporte nacional no oficial, subió de 16% a 17.3%, principalmente vía telefónica o por cobro de piso.

En esta jungla, las empresas terminan pagando por su propia supervivencia: su gasto total sube 20% solo por blindarse con cámaras, guardias y GPS. Y aun así, la economía no arranca. Según la Coparmex, México apenas generó 6% del empleo formal que se necesitaba en 2025, sin contar los trabajadores de plataformas.

El país, dice la patronal, está estancado. Pero no hace falta un estudio para notarlo: basta mirar la calle, revisar la nómina o abrir el noticiero. Es la misma historia, solo que ahora sin cubrebocas.

Con informacion: ELNORTE/

LA «IDEA es SIMPLE y PERVERSA»:»MORENA PREPARA JUGADA de SUPERVIVENCIA POLITICA LEGITIMANDO a SHEINBAUM el MISMO DIA de la ELECCION de 2027″…quitar el escudo legal a diputados y gobernadores, pero sin despojarse del suyo.


Morena lo vuelve a hacer: disfraza una jugada electoral como “reforma democrática”. En los hechos, lo que Sheinbaum y su mayoría preparan no es una reconfiguración del sistema, sino un truco de supervivencia política, un mecanismo calculado para ligar su permanencia en el poder con la elección intermedia del 2027.

La idea es simple y perversa: adelantar la revocación de mandato para que el mismo día en que el país elija congresos, alcaldías y 17 gubernaturas, el votante también se enfrente a una papeleta extra preguntándole si quiere que “la doctora” siga o no en el cargo. Difícil imaginar un terreno más favorable: Sheinbaum, en plena campaña, legitimando su gestión con el aparato gubernamental convertido en maquinaria electoral. No es revocación, es ratificación con esteroides.

La otra parte del paquete —la eliminación del fuero constitucional— se vende como la gran apuesta por la rendición de cuentas. Pero huele más a atole con el dedo: Morena ofrece moralidad institucional mientras protege, bajo el velo de la “voluntad popular”, su propio control del Congreso. Eliminar el fuero suena bien hasta que caes en cuenta de que la Fiscalía sigue bajo la sombra presidencial. Quitar el escudo legal a diputados y gobernadores sin desmontar el poder del Ejecutivo es, por decirlo claro, cambiar el fusil de hombro mientras se apunta al mismo blanco.

El calendario se convierte así en un tablero de ajedrez diseñado desde Palacio: Sheinbaum jugando de reina y su bancada como ejército obediente. Y Monreal, ahora convertido en portavoz del plan, vende el paquete como si fuera modernización política, cuando en realidad es un movimiento ensayado para amarrar la fidelidad del electorado y blindar el proyecto de la 4T en todas las líneas de sucesión.

La “consulta simultánea” es la joya del truco: una sola jornada con boletas mezcladas, discursos compartidos y recursos indistinguibles entre campaña y gobierno. Un hábil puente legal para hacer proselitismo presidencial con fondos públicos, mientras se presume escrúpulo constitucional.

En resumen: no es reforma, es jugada. No es democracia participativa, es marketing de permanencia. Morena no adelanta la revocación para someterse al veredicto popular, sino para colgarle a las urnas un espejo que refleje a Sheinbaum en la boleta de todos los niveles de poder. Todo bajo el mantra del “pueblo decide”, cuando el pueblo apenas podrá distinguir entre votar y ratificar.

Con informacion: ELNORTE/

LOS «DOS TIENEN RAZON»: «ACTORES POLEMIZAN NECESIDAD y DIGNIDAD por la PENSION que el GOBIERNO TE DA con una MANO MIENTRAS TE PIDE el VOTO con la OTRA»…pero al cajero automático cuando nos da dinero, no se le dan las gracias.


Carlos Bonavides y Laura Zapata acaban de protagonizar el sketch más realista del teatro mexicano: el enfrentamiento entre la necesidad y la dignidad. Y no es que alguno de los dos esté equivocado; lo trágico es que ambos tienen razón.

Zapata disparó con rabia contra el clientelismo disfrazado de ayuda social, esa vieja práctica de la política mexicana que te da una limosna con una mano mientras te pide el voto con la otra. No hay exageración ahí: los programas sociales, con todo su barniz de justicia, suelen ser la red con la que el gobierno pesca adeptos entre quienes solo buscan sobrevivir. No es solidaridad, es estrategia.

Durante la tercera marcha de la Generación Z, Laura Zapata lamentó que Bonavides cobrara el apoyo económico y añadió: “le dan lana; cuando la gente tiene hambre, pues ni modo, se calla y ya no dice nada”.

Pero Bonavides también tiene un punto. ¿Por qué el estigma? La pensión del Bienestar no es dádiva celestial del presidente o presidenta en turno ni un gesto de caridad del Palacio Nacional. Es dinero público, recaudado con los impuestos de los mismos que hoy hacen fila en el banco. Cuando un ciudadano retira efectivo en el cajero, no le da las gracias al banco: es su dinero. Lo mismo pasa aquí. El problema no es recibirlo, sino creer que te lo regalan.

En el fondo, Zapata protesta contra la manipulación de la miseria y Bonavides exige respeto a quien necesita una pensión en la vejez. Son dos caras de una misma moneda que el gobierno lanza al aire cada sexenio: por un lado, la careta del “pueblo agradecido”; por el otro, la del ciudadano que trabaja, paga y aún así tiene que dar las gracias por recuperar una fracción de lo que ya aportó.

El hambre no debe usarse como banderín político, pero tampoco como insulto. Y la dignidad no se mide por rechazar un apoyo, sino por exigir que sea un derecho y deje de ser un spot del gobierno.

Con informacion: ELFINANCIERO/

LA «HERMENÉUTICA de la VOLUNTA_ PRESIDENCIAL»: «FALLO de la CORTE TOMA lo que LOPEZ HABLADOR quiso HACER con la EDUCACION y lo CONVIERTE en VARA de MEDIR»…el “espíritu” del que se fue a La Chingada como brújula constitucional.


La sentencia huele más a alineamiento político que a creatividad jurídica: la Corte vistió de “nuevo método” lo que en la banqueta se llama obedecer la voluntad presidencial y santificarla como si fuera Constitución viva.

¿Qué resolvió la Corte?

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió el 6 de enero la acción de inconstitucionalidad 122/2019, declarando la validez de diversos artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras (LGSCMM). La decisión fue comentada en diversos medios, en tanto convalidó el trato preferencial otorgado a los maestros egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio.

Traducido al idioma banqueta

  • La pregunta original era: “¿Se vale que la ley haga favoritos en los concursos de plazas docentes y que además deje detalles a la burocracia?”.
  • La respuesta real que dio la Corte fue: “Si eso fue lo que quiso el presidente cuando reformó el artículo 3°, entonces se vale”.

O sea: en vez de comparar la ley con la Constitución, compararon la ley con el discurso del presidente sobre la Constitución.

El “nuevo método”: la Constitución soy yo

El proyecto reconstruye el sentido de la reforma educativa de 2019 casi exclusivamente desde la exposición de motivos de López Obrador: bienestar social, equidad, dignidad humana, revalorización del magisterio, etc. Con eso arma lo que llama un “parámetro constitucional específico” frente al cual medir la ley, es decir, una especie de mini-Constitución hecha a la medida de ese caso, guiada por la narrativa presidencial.

En cristiano:

  • La Corte toma lo que el presidente dijo que quería hacer con la educación y lo convierte en vara de medir.
  • Si la ley coincide con ese “espíritu presidencial”, entonces es constitucional por definición, porque no se confronta con el texto constitucional sino con la intención que el ministro cree leerle al presidente.

¿Dónde está la “falla” del fallo?

La cara de falla está en que casi no hay contraste de constitucionalidad, sólo hermenéutica de la voluntad presidencial. El propio texto señala que todo el andamiaje descansa en una “intencionalidad presidencial”, no en un examen serio de si el trato preferencial rompe la igualdad ante la ley o si la delegación a la autoridad administrativa viola el mandato de definir en la ley los procesos de admisión y promoción.

Además, el pleno compró el paquete por unanimidad, pero nadie se detuvo a discutir de verdad el famoso “parámetro constitucional específico”, justo donde estaba el truco metodológico. Se habló de revalorar al magisterio, de recuperar la rectoría del Estado y de condiciones preferentes para lograr igualdad real, pero se dejó intacto el corazón del método: tomar el “espíritu” presidencial como brújula constitucional.

¿Qué se esconde detrás del “nuevo estilo”?

Lo que se asoma es un regreso fino al viejo “espíritu del legislador”, ahora recargado en la figura del presidente: el sentido de la Constitución pasa a depender de cómo los ministros crean que el presidente quiso que sonara. Si esa golondrina se vuelve bandada, el mensaje de la nueva Corte es simple y brutal: la Constitución vale lo que valga la narrativa presidencial del día, y la técnica jurídica sólo sirve para ponerle moño.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/JOSE RAMON COSSIO/

«JUNTAN las FICHITAS y ARMAN BANDON Vs MAKITO»: «AMERICO VA UNGIR TESTAFERRO de FISCAL ANTICORRUPCION a OPERADOR POLITICO que COMBATIO y FRACASÓ contra EDIL de REYNOSA»…si son enemigos del alcalde,ya tienen chamba en el narcogobierno.


“Nunca me verán formando parte de una conjura o un complot para perseguir o amagar a servidor o exservidor público alguno”, afirmó Andrés García Repper Favila, al comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado, como aspirante a encabezar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Desde el inicio de su exposición, dejó claro que, en caso de resultar electo para el cargo, su eventual actuación estaría regida exclusivamente por la ley, la Constitución y el respeto al debido proceso, y no por consignas políticas ni intereses coyunturales.

La realidad dice otra cosa

El eminente fiscal anticorrupción en Tamaulipas habla como si recién hubiera bajado de una nube de pureza institucional. Jura que su cruzada será contra el abuso del poder, la simulación y el tráfico de influencias. Pero basta rascarle tantito al barniz para descubrir que debajo no hay fiscal, sino operador: el viejo testaferro del gobernador Américo Villarreal que ahora pretende reencarnarse en adalid de la justicia.

Que su memoria es corta o su cinismo largo: lo que hoy García Repper vende como autonomía es el mismo expediente que lo exhibe participando en la guerra sucia auspiciada desde Palacio de Gobierno contra Carlos Peña Ortiz, “Makito”, el enemigo público número uno del americanismo. 

Los registros documentan la operación quirúrgica para dinamitarle la candidatura a Makito cuando todavía incomodaba desde Reynosa, una maniobra que necesitaba un brazo jurídico dispuesto a hacerse el valiente a cambio de la venia del patrón.

Hoy, Repper aparece en El Diario MX negando persecuciones políticas y repitiendo la máxima de los conversos: “cuando declaro algo, es porque así va a ser”. Lo irónico es que ese aire mesiánico ya lo hemos escuchado antes, siempre en boca de los que confunden lealtad con impunidad. Lo de fiscal independiente suena bien en el discurso, pero en los hechos parece más un ascenso por servicios prestados: el premio al operador que supo camuflar la guerra política como acto de justicia política.

Qué explica ese: “Ni persecución politica,Ni fiscalía a modo»

Hay una explicación psicológica, aunque no es una “ley” infalible, sino varios mecanismos que se combinan: negación, autoengaño y proyección.

  • En psicología clásica se habla de negación como mecanismo de defensa: la persona rechaza una realidad incómoda (“no hay persecución política”) para protegerse del costo emocional y moral de reconocer lo contrario.
  • La negación suele ir acompañada de racionalización: se reescribe la historia con argumentos “legales” o “técnicos” que encubren decisiones motivadas por interés político, poder o miedo a perder privilegios.

Por qué mientras más se niega, más huele

  • Diversos autores explican que la negación reiterada funciona como distorsión cognitiva: el sujeto necesita repetirse la versión “limpia” para sostener su autoimagen, pero esa insistencia genera sospecha en los demás.
  • En comunicación política pasa algo parecido al “efecto de verdad”: repetir una frase busca instalarla como creíble, pero cuando choca con hechos conocidos, el público la lee como síntoma de culpa, no de inocencia.

En psicología a eso le llaman negación: el truco mental con el que alguien se convence de que no está haciendo exactamente aquello de lo que lo acusan. Mientras más jura que no hay persecución, más parece confesión disfrazada de rueda de prensa.​

Así que sí, cuando este hombre “declara algo” es porque quizá “ va ser” lo contrario y porque la línea vendra escrita por el fichado por narcopolitico desde una de las esquinas del piso más alto del Palacio del 15. El resto es puro teatro, con toga y código penal como escenografía.

Con informacion: ROGELIO RODRIGUEZ/ELDIARIOMX/

«LLEGA a la CDMX el ECO de la FABRICA de NO LOCALIZADOS de AMERICO en TAMAULIPAS»: «SUBCAMPEON NACIONAL con 13 MIL 650 DESAPARECIDOS»…mero saldo de la maquinaria de levantones de sus complices que opera 24/7/365.


Tamaulipas el subcampeón nacional de los «levantones’ llegó a la capital de la republica cuatritransformada a gritar lo que el gobierno de Morena prefiere maquillar con boletines: 13 mil 650 personas desaparecidas y no localizadas según el registro oficial del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas (SNPDNLO).

El mapa del horror

El propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas coloca a Tamaulipas como el segundo estado con más víctimas del país, solo detrás de Jalisco y el Estado de México, en un país que supera ya las 133 mil personas desaparecidas.

Es el mismo estado donde la “estrategia” presume fraudulentamente localizar 1,379 personas en 2025, mientras la montaña de expedientes crece mucho más rápido que los comunicados de éxito.

El gobierno del subcampeón

Américo Villarreal, gobernador morenista mutiacusado por sus desvíos de conducta que riñen con el Codigo penal, ya puede presumir medallita: bajo su mandato Tamaulipas dejó de ser tercer lugar en desapariciones para convertirse en un sólido segundo lugar en el ranking nacional del levantón.

En ocho años, la fiscalía especializada abrió 9,821 carpetas por desaparición forzada y solo 19 llegaron a un juez, con dos tristes sentencias condenatorias: el resto se perdió en el pantano de la impunidad institucional.

El plantón que cruzó fronteras

Al menos una veintena de familiares del campamento “Por amor a nuestros hijos y familiares” tuvieron que levantar su protesta de Tamaulipas y venir a plantarse frente a Palacio Nacional para que alguien en el poder volteara la cabeza.

Colgaron los rostros de sus desaparecidos en pleno Centro Histórico porque en su estado la Comisión de Búsqueda y la fiscalía sirven más para la foto que para encontrar gente con vida.

La 4T y su fábrica de ausentes

En siete años de gobiernos de Morena, el país sumó más de 70 mil nuevas desapariciones, duplicando las de la administración anterior, mientras el discurso oficial insiste en que “ya no es como antes”.

Casi la mitad de todas las personas desaparecidas se concentran en cinco entidades: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco,Veracruz y Nuevo León, el corredor del terror donde la vida vale menos que el hashtag del día.

Un reclamo irreverente

  • Por eso las familias de Tamaulipas llegaron a la puerta del poder federal a decirle a Américo Villarreal y compañía: si su gobierno es el subcampeón del levantón, ellas no van a conformarse con el trofeo de la resignación.
  • Mientras la presidenta del continuismo del «humanismo y la “transformación” los desaparece de las mañaneras, ellas siguen contando fichas rojas en lugar de hijos presentes, porque en este país encontrar a un desaparecido parece más milagro que política pública.

Con informacion: SNPDNLO/ REDES/

EL «PITUFO lo ABSOLVIO ANTES de MORIR»: SE «CAE el ANDAMIO a FGR por CULPA de la PODREDUMBRE PROCESAL de BARRIOS MOJICA y la PGR contra YARRINGTON»…falló Judicial ordena reponer todo el proceso.


La pesquisa de la vieja PGR contra Tomás Yarrington no sólo apesta: se descompuso por completo. Un tribunal federal, con bisturí de precisión quirúrgica, la diagnosticó como un caso terminal de violación al debido proceso y al principio de legalidad. La magistrada Angélica Lucio Rosales no se anduvo con eufemismos: las pruebas con las que el exgobernador fue procesado eran, literalmente, fotocopias de otras averiguaciones. Copias, ni siquiera originales. La Fiscalía construyó una acusación de alto calibre con papel carbón.

En términos técnicos, eso equivale a decir que todo el andamiaje probatorio se vino abajo, porque la Suprema Corte lo ha dicho con todas sus letras: ningún testimonio arrancado en otro expediente puede servir como sustento penal si no se rinde ante el juez competente. Pero la PGR, en sus años de plenitud inquisitorial, prefirió el “copiar y pegar” a la ortodoxia procesal. Y con esa ligereza levantó el andamio de un proceso por narcotráfico contra uno de los símbolos más visibles de la corrupción priista.

La demolición de un montaje

Lucio Rosales fue más allá: advirtió que el tribunal de apelación en Matamoros ni siquiera valoró las pruebas de descargo ofrecidas por la defensa. Entre ellas, una carta del testigo protegido “Pitufo”, fechada en 2016, donde confiesa haber sido presionado por agentes estadounidenses para fabricar testimonios contra Yarrington y Eugenio Hernández. Un documento que, en cualquier sistema penal serio, bastaría para encender alarmas rojas sobre contaminación probatoria y colusión internacional.

El «Pitufo» ,quien a decir de las autoridades ,se suicidó en febrero de 2017 en Texas ,fue un delator por encargo reclutado en los tiempos de Marisela Morales, ex-titular de la Procuraduría General de la Republica (PGR) y el ahora ex-fiscal de Tamaulipas,Irving Barrios Mojica,pero antes de morir,de puño y letra elaboro la carta «absolutoria«.

La otra omisión raya en lo grotesco: la propia FGR había dictado el no ejercicio de la acción penal para uno de los supuestos cómplices, al considerar que los testigos eran insuficientes para acreditar los delitos. Aun así, sus mismos dichos se mantuvieron como base para prolongar el proceso del exgobernador. Kafka habría sonreído con ternura ante semejante lógica.

El alcance jurídico del desastre

Desde el punto de vista técnico-penal, el fallo de la magistrada es devastador. Si se confirma en revisión, obliga a reponer el procedimiento, descartando las pruebas viciadas y considerando las de descargo omitidas. Esa reposición, en los hechos, equivale a una limpieza de cirugía mayor: el tribunal de Tamaulipas tendría que rehacer casi todo el expediente sin los testimonios apócrifos. Y sin esas piezas, el caso se queda sin armazón.

Lo que parece un trámite judicial menor es en realidad una bomba procesal. La resolución es el reconocimiento implícito de que la persecución penal estuvo viciada desde el origen. La FGR —heredera institucional de aquellos errores— enfrenta no sólo la pérdida de un caso, sino el descrédito de su propio método: la persecución a ciegas y sin garantías, la confesión como dogma, el expediente armado con engrudo y recortes.

Y aunque Yarrington siga preso por otros cargos, este golpe jurídico deja a la Fiscalía al borde del ridículo. Cada reposición de procedimiento es un recordatorio de su incompetencia metódica: montaron un caso de alto perfil con bases ilegales, y ahora un tribunal les devuelve los escombros envueltos en jurisprudencia.

Fabrica de condenas defectuosas

Lo que cayó en pedazos no es sólo una causa penal, sino una forma de investigar: la del expediente mal oliente, reciclado, sin control judicial ni lógica legal. Que un tribunal llame a recomponerlo es un acto de higiene institucional. En ese sentido, el fallo de la magistrada Lucio Rosales no sólo reivindica el debido proceso, sino que desnuda, de una vez por todas, a la PGR como lo que fue: una fábrica de condenas defectuosas, donde la justicia se imprimía en copias certificadas.

Con informacion: ELNORTE/