La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, marca un momento clave en la ofensiva de Estados Unidos contra la cúpula del Cártel de Sinaloa.
La consigna de Washington es clara y viene con eslogan de serie de narcos: dos caídos, faltan dos. Y esos dos no son extras, son Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los herederos incómodos de la marca “Chapo Guzmán”.
Faltan dos
Tras la caída y el “me declaro culpable” de Joaquín Guzmán López, El Güero, la narrativa oficial en Estados Unidos se acomodó para venderlo como una victoria épica contra el Cártel de Sinaloa. La fiscal general Pamela Bondi habló de “gran victoria”, pero el remate lo dio el fiscal Adam Gordon: dos caídos, faltan dos, como si estuviera narrando un marcador de partido.
La frase resume la nueva temporada de la cacería: con Ovidio y Joaquín ya en el banquillo, el guion apunta directo a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, señalados como los operadores centrales de Los Chapitos. Para hacer más atractivo el casting, Washington pone hasta 10 millones de dólares por cada uno, recompensa incluida como anuncio de “se busca” en plena era digital.
El costo del “game over”
El Güero admitió que movió toneladas de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos usando de todo: autos, trenes, túneles, aviones y hasta submarinos. A cambio de intentar salvar algo de su futuro, aceptó entregar 80 millones de dólares y enfrentar una pena que va de mínimo 10 años hasta cadena perpetua, según qué tanto cuente y a quién delate.
Ovidio está en la misma ruleta: se declaró culpable de cuatro cargos de crimen organizado y narcotráfico, también pactó entregar 80 millones y cooperar, con la amenaza de cadena perpetua si se le ocurre guardar silencio. El mensaje es transparente: hablar es caro, pero callar sale peor.
Viejos capos, nuevas prioridades
Mientras tanto, el histórico Mayo Zambada, 78 años y décadas en las sombras, también se alineó al libreto de los acuerdos con la Fiscalía de Estados Unidos. Se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico y de dirigir una empresa criminal bajo la Ley RICO, aceptó pagar 15 mil millones de dólares y aun así podría acabar de por vida en prisión.
Desde febrero, el gobierno de Donald Trump etiquetó al Cártel de Sinaloa como “organización criminal extranjera”, lo que abrió la puerta para acelerar la maquinaria judicial y financiera contra el grupo. La DEA y el FBI repiten que no se van a conformar con las cabezas visibles, que la ofensiva va contra las redes logísticas y el dinero, pero el lema comercial sigue siendo el mismo: ya cayeron dos… y faltan dos.
El anuncio del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de emprender operaciones terrestres contra cualquier país con infraestructura vinculada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos volvió a colocar a México en el centro de la atención internacional
Aunque el mandatario estadounidense no mencionó directamente al país, sus declaraciones resonaron en la región porque, semanas atrás, había señalado tener identificados los domicilios de los principales narcotraficantes mexicanos y no descartó una incursión militar. Esa afirmación contradijo incluso a su propio secretario de Estado, Marco Rubio, quien había asegurado que Washington no contemplaba acciones unilaterales contra México.
El mensaje de Trump, emitido durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, dejó entrever su intención de ampliar el alcance de su política antidrogas más allá de los operativos marítimos. Si bien hizo referencia a Venezuela como el eje de su ofensiva, advirtió que cualquier nación donde se fabriquen o distribuyan drogas que terminen en Estados Unidos sería susceptible de ataques.
En México, las palabras del expresidente fueron interpretadas como una advertencia directa. En un momento en que la violencia asociada al narcotráfico sigue siendo un tema sensible, la posibilidad de incursiones militares extranjeras evocó viejas tensiones sobre soberanía y cooperación bilateral en materia de seguridad.
El tono beligerante del discurso de Trump reflejó una visión de la lucha antidrogas centrada en el uso de la fuerza y en la extraterritorialidad de la política estadounidense, marcando un nuevo episodio de presión sobre los países latinoamericanos involucrados en el combate al narcotráfico.
Las empresas de seguridad privada con las que operaba la red de tráfico de armas y huachicol en la que participaba Raúl Rocha Cantú, dueño del concurso Miss Universo, obtuvieron en el anterior sexenio decenas de contratos millonarios para labores de vigilancia de instalaciones gubernamentales, incluso de la propia Fiscalía General de la República que ahora las investiga, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Este es uno de los 30 contratos que la FGR otorgó una empresa que ahora investiga de traficar armas.
De acuerdo con un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con base en la información disponible en el portal de ComprasMx de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Compranet) y datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la compañía Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (SEICSA) recibió entre 2020 y 2022 al menos 30 contratos por parte de la FGR por más de 300 millones de pesos para el resguardo de sus inmuebles.
SEICSA es una de las cinco empresas empleadas para adquirir, rematricular y traficar armamento de la red de Rocha Cantú, de acuerdo con el expediente de la causa penal al que MCCI tuvo acceso.
De acuerdo con el material firmado por material firmado por Verónica Ayala e Iván Alamillo, la organización distribuía armamento a grupos criminales, los cuales recibían las armas con una licencia de portación a nombre de las empresas de seguridad, lo que impedía que los portadores fueran detenidos en flagrancia.
Detalles de otros contratos asignados por la FGR a SEICSA.
De la descripción de los contratos se desprende que SEICSA debía otorgar los servicios de seguridad y vigilancia en diversas sedes de la Fiscalía General de la República, así como en unidades administrativas y delegaciones de la FGR en los distintos estados del país.
Tan solo en 2021, la FGR otorgó un contrato por 181 millones de pesos a SEICSA para otorgar el servicio de vigilancia a las instalaciones de la dependencia.
SEICSA ha tenido como representante legal a Jorge Enrique Alberts Ponce, quien de acuerdo con la propia FGR era uno de los líderes de la organización y se encargaba de coordinar que las armas fueran rematriculadas y posteriormente distribuidas a otros grupos criminales.
Como lo dio a conocer MCCI, Alberts Ponce también participó en el desfalco multimillonario a Segalmex con otra empresa de su propiedad llamada Acurgen S.A. de C.V., la cual ya había sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber participado en los desvíos de la Estafa Maestra.
En la acusación de la FGR se menciona a Jorge Enrique Alberts Ponce como administrador de las empresas de seguridad utilizadas para traficar armas. En un acta mercantil de SEICSA consta que su nombramiento como apoderado se otorgó desde 2017.
Pero la Fiscalía General de la República no es la única que contrató a SEICSA para vigilar sus inmuebles, pues la compañía acumula entre 2018 y 2024 decenas de contratos con dependencias del Gobierno federal como CFE, Profeco, IMSS, SAT, Banjercito, Banco del Bienestar, IMSS, INEGI, Capufe, Lotería Nacional, INEA, Infonacot, INBAL, INDEP, ASIPONA de Guaymas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
Esto sin contar los otorgados por el Instituto Nacional de Migración para la vigilancia de estaciones migratorias que, aunque han sido documentados por medios, no se encuentran en su totalidad en las plataformas de contrataciones.
Contratos que el SAT asignó a SEICSA para custodiar las aduanas de Tijuana y Nogales, dos de los puntos que han sido conflictivos en el contrabando de combustible.
MCCI constató que el SAT le otorgó contratos a SEICSA para custodiar puntos fronterizos que han servido para el paso de combustible de contrabando, esquema conocido como huachicol fiscal, como es el caso de las aduanas de Tijuana, en Baja California, y Nogales y Guaymas, en Sonora.
Lluvia de contratos con CFE
Durante la gestión de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), SEICSA –administrada por Jorge Enrique Alberts Ponce– vivió una bonanza que le dejó contratos por hasta 264 millones de pesos para otorgar el servicio de vigilancia y seguridad para los inmuebles de CFE Distribución en el Valle de México.
MCCI reveló que Acurgen S.A. de C.V., en la que Alberts Ponce es accionista mayoritario, ha reportado como su domicilio el número 350 de la calle de Séneca en la colonia Polanco, inmueble que es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, empresaria y pareja de Manuel Bartlett.
El domicilio de Séneca 350 también es compartido con Servicios Profesionales de Seguridad Privada (SERPROSEP), otra compañía de seguridad cuyo director general es Christian Pablo Varela Escobedo.
En el expediente de la causa penal 495/2025 que se sigue contra la red criminal del dueño de Miss Universo, Varela Escobedo es mencionado como representante legal de Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER), una de las cinco compañías que eran usadas por la organización criminal para traficar armas.
Alberts Ponce, el operador de SEICSA, también fungió como representante de Acurgen SA de CV en un contrato suscrito con Segalmex. En ese contrato declaró que el domicilio de la empresa estaba en Séneca 350, inmueble que tiene en usufructo Julia Abdalá, pareja de Bartlett.Este es uno de los mayores contratos que la CFE otorgó, durante la gestión de Bartlett, a SEICSA.
Y también contratan a otras empresas de la red
Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V., otra de las empresas señaladas por las autoridades por su participación en la red de tráfico de armas de Rocha Cantú, acumula entre 2021 y 2024 al menos 12 contratos que suman casi 57 millones de pesos con dependencias federales como Capufe, IMSS, ISSSTE, Fonatur, Lotería Nacional y con la Sociedad Hipotecaria Federal.
Mientras que Servicios Terrestres de Seguridad Privada, S.A. de C.V. (SETER), otra de las compañías implicadas en las actividades delictivas del , también obtuvo al menos tres contratos con Liconsa, en 2019 y 2020, por cerca de 5 millones de pesos.
Con información: LASILLAROTA/ Unidad de Investigación Aplicada de MCCI/
Un reciente video, de la autoría del ex-senador y ahora Diputado Panista de Tamaulipas, Ismael Garcia Cabeza de Vaca,emitido luego de la reciente designación de Jesus Eduardo Govea Orozco,como nuevo fiscal de justicia, no es ningun desperdicio si cuestionamos el mensaje, antes que el mensajero, pues el legislador claridoso e informado,puso a relieve una vez mas el pasado criminal del fiscal que permaneció 7 meses en la prision de alta seguridad de Almoloya,hoy el Altiplano, por servir a su majestad Cartel del Golfo de Matamoros,el mismo que sirve el Gobernador,el mismo que sirvió su padre.
El circo del Congreso
En la versión estenográfica del video del Diputado Panista,Ismael García Cabeza de Vaca, lo que desfiló no fue un debate parlamentario, fue una liquidación en remate: “el Congreso se vendió y Tamaulipas lo pagará”, dicho por un panista de apellido incómodo, pero con un punto brutalmente claro. La designación de Jesús Eduardo Govea Orozco como fiscal no parece un acto de justicia, sino el acta notariada de quién manda de verdad en el sistema penal tamaulipeco.
Los diputados no discutieron un perfil, ejecutaron una orden de arriba: Morena y el gobernador Américo Villarreal pusieron al frente de la Fiscalía a un personaje con pasado probadamente criminal y amistades peligrosas, mientras simulan que refuerzan el Estado de derecho. El mensaje de fondo es indecorosamente sencillo: la Fiscalía no es institución, es botín político de siete años, con posibilidad de reelección.
El fiscal de los expedientes probadamente incómodos
El elegido, Govea Orozco, no llega como ciudadano inmaculado, sino como operador de guerra: fiscal anticorrupción que venía encabezando la ofensiva contra exfuncionarios de Cabeza de Vaca, aunque con investigaciones selectivas que huelen lo mismo a justicia que lucha de bandos de diferente banda.Su biografía oficial habla de títulos, maestrías y cargos en procuración de justicia, pero la conversación pública gira alrededor de sus probados vínculos con el Cártel del Golfo y sus antecedentes federales.
Mientras el discurso de Ismael Garcia Cabeza de Vaca exige “controles de confianza reales” y revisión de antecedentes, la mayoría levantó la mano por un fiscal cuya hoja de vida carga detenciones, notas nacionales y casos sin respuesta, según resume la propia intervención del diputado que ahora grita traición. Es casi una ironía de manual: quien debería perseguir redes criminales llega con su propio expediente moral en entredicho, legitimado por 27 votos que se venden como “rigor” y “transparencia”.
El mensajero tóxico y el mensaje brutal
Que el vocero de esta indignación sea Ismael García Cabeza de Vaca es una mala broma del destino político, porque arrastra su propio historial de escándalos, familia señalada y padrinazgos que huelen a pólvora y a huachicol fiscal. Pero justamente ahí está lo más revelador: cuando un personaje así acusa que “el Congreso se vendió” y que la justicia es cuota de lealtad, lo que asoma es el espejo de un sistema en el que todos conocen el menú porque todos han estado en la cocina.
Aunque,claramente el diputado no defiende a la ciudadanía, defiende su sobrevivencia: sabe que un fiscal alineado con el gobernador y con historial de perseguir al grupo Cabeza de Vaca puede convertirse en verdugo procesal de su propio bando.Aunque la realidad lastimosa parece gritar que la mediocridad institucional lo impide, pues al frente de la fiscalía anticorrupción, no logró nada, salvo vender carpetas como victorias.
Detrás de la retórica de “la voz que no se vende” solo hay una disputa por quién controla la daga llamada Fiscalía, no por quién rescata la justicia de la basura institucional donde la han dejado todos los gobiernos, unos mas, otros menos, pero todos.
Tamaulipas en la vitrina internacional
Las advertencias de Texas, Estados Unidos y Canadá sobre la inseguridad en Tamaulipas llevan años encendidas, pero la designación de un fiscal cuestionado las convierte en un meme diplomático con sello local.
¿Qué se supone que van a pensar afuera cuando vean que la respuesta del Estado a la violencia es colocar al frente de la procuración de justicia a un abogado que siempre la acompaña la sombra de nexos criminales y uso político de la Fiscalía Anticorrupción?
El discurso oficial vende la llegada de Govea como “nuevo rostro” para la Fiscalía, mientras las organizaciones de víctimas siguen arrumbadas y los colectivos de desaparecidos esperan que los reciban entre comunicados y poses para Instagram.
En los hechos, lo que se consolida es un sistema de justicia aún más frágil, donde el mensaje a la delincuencia y a la clase política es el mismo: lo importante no es la ley, es de qué lado de la mesa te sientas.
La pudrición de puerco completo
La versión estenográfica de este video es menos un documento legislativo que una autopsia política: un Congreso lejos de ser poder independiente, se deja mangonear como también los mangoneaban los «Cabeza de Vaca», un fiscal que llega con equipaje pesado,como el que se va y un mensajero que denuncia la corrupción mientras carga la suya, como la carga la parentela del gobernador Americo Villarreal Anaya.
La “pudrición de puerco completo” no está en una bancada ni en un partido, está en el consenso silencioso de que la justicia es moneda de cambio y la seguridad pública, simple utilería de campaña.
Más allá de quién habla en video o desde la tribuna, lo que queda claro es el mensaje: en Tamaulipas, la Fiscalía es el arma favorita de la política y el ciudadano común es apenas el daño colateral, invitado a “compartir el mensaje” mientras la élite sigue repartiendo el botín. Esa es la verdadera estenografía: no la de las palabras, sino la de los intereses que hoy quedaron firmados otra vez a mano alzada.
En la república pletórica de funcionarios borrachos de poder, dos próceres de la patria decidieron recordarnos que el fuero también sirve para medir la cantidad de tequila que aguanta un diputado antes de declararse víctima del sistema. Ublester Santiago Pineda, diputado federal del PT,de esos aliados de Morena, y Ariel Juárez Cisneros, flamante jefe de la Junta de Caminos del Edomex, protagonizaron un espectáculo digno de las fiestas patrias… pero sin mariachi oficial.
Según los testigos —y un video que ya circula más rápido que el arrepentimiento al otro día—, los funcionarios, en aparente estado de “inspiración líquida”, acusaron a los guardias del estacionamiento de haberles robado pertenencias del coche. Entre reclamo y reclamo, Santiago lanzó su credencial como si fuera espada en duelo: “Soy diputado federal”, exclamó, mientras intentaba manotear al guardia con menos precisión que un discurso en la madrugada.
A su lado, Juárez Cisneros, fiel escudero del caos, exigía respuestas a gritos y pregonaba con valentía de sobremesa: “¿Para qué te pagan?”; aunque el único pago visible era el de la dignidad política en abonos chiquitos.
El combate terminó con destrozos a un Tesla y a las estaciones de carga, quizá porque confundieron la energía eléctrica con “botellitas” nuevas del futuro. La Junta de Caminos, al parecer, también transita por la ruta del exceso.
Metepec y Toluca pueden dormir tranquilos: si estos son los guardianes del erario, al menos garantizan que el entretenimiento público no desaparezca.
Lo que empezo como un mero trascendido circulando profusamente en la frontera de Tamaulipas ,ya pasó de narrativas de opinión a un hecho consumado, el traficante de cocaina Edgar Alejandro Villarreal Guajardo, alias “El Fresa”, exhibido en imagenes con logos de MORENA y del grupo politico criminalmente organizado de la AVANZADA que opera AMERICO VILLARREAL SANTIAGO,alias «AMERIQUITO», hijo del Gobernador de Tamaulipas,Delegado del Bienestar en Coahuila y esposo de la Senadora de Morena Cecilia Guadiana,acepto ser culpable.
El traficante que aparecía en imagenes,tambien muy cercano a ALBERTO GRANADOS, actual alcalde de Morena en MATAMOROS, se declaró culpable en una corte federal de Texas tras ser detenido el pasado 22 de enero en posesión de 8 kilos de cocaina y está «cooperando con las autoridades de EE. UU.
De acuerdo con el trascendido ,el sujeto que públicamente se exhibía como patrocinador de las «obras sociales» del AMERIQUITO al igual que con el alcalde «Beto» Granados, se confesó su financiero de este y la AVANZADA ,como ya se habia advertido tras su captura.
Las ligas de MORENA y el alcalde Alberto Granados Favila han sido documentadas hasta el hartazgo,pero la protección federal,el calculo politico y el amasiato del gobernador con el mismo Cartel del Golfo han impedido un desenlace en prision que mas que fracaso,se antoja es un atraso, pues tarde que temprano todos terminaran el la carcel.
El «plea agreement», acuerdo de culpabilidad
El documento adjunto es acuerdo de culpabilidad del caso United States v. Edgar Alejandro Villarreal, aka “Fresa”, en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División Brownsville, con número criminal B‑25‑035‑01, fechado como presentado el 29 de octubre de 2025.
Contenido esencial del acuerdo
El texto establece que el acusado acepta declararse culpable de “Count One” (cargo uno) de la acusación, que lo imputa por conspiración para poseer con intención de distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, con base en el Título 21 del Código de Estados Unidos, secciones 846, 841(a)(1) y 841(b)(1)(A).
Al hacerlo, se especifica que renuncia a su derecho a exigir que esos hechos se prueben ante un jurado o más allá de duda razonable para efectos de la pena, es decir, acepta la responsabilidad penal de ese cargo concreto.
Elementos de cooperación
En el punto 2, el acuerdo condiciona un beneficio a que el acusado brinde testimonio veraz ante la Corte al momento de su rearraignment y sentencia, así como un relato honesto de los hechos al Departamento de Libertad Condicional de EE. UU. para la elaboración del informe pre‑sentencia.
A cambio de esa declaración de culpabilidad y de la cooperación descrita, el gobierno se compromete a formular una recomendación (por ejemplo, respecto de la pena y/o de otros cargos), lo cual encajaba con lo que se habia reportado en notas y columnas sobre que su colaboración podría traducirse en una reducción de condena y en información sobre redes y vínculos políticos.
Qué decían las redes
En redes sociales en los últimos dias, algunos espacios digitales de opinión ya se afirmaba que Villarreal Guajardo se habia declarado culpable en una corte federal de Texas por tráfico de más de 5 kg de narcótico, con un rango de pena de 10 años a cadena perpetua.
Esta no es la única delación que involucra al hijo del gobernador y su padre Americo Villarreal Anaya,ligas con otras facciones del mismo cartel lo llevaron recientemente s ser fichado por narcopolitico.
Es tan cercano el vinculo del gobernador con el crimen organizado, que en la reciente renovacion de la fiscalía de Justicia fue elegido un perfil vinculado al Cartel del Golfo.
