Con discreción, sin mayores aspavientos, la Marina dio a conocer un hecho sobresaliente en su historia aeronaval reciente: la graduación de su primera piloto de intercepción aeronaval, la Teniente de Corbeta Sandra Guadalupe Ávila Portillo, Comandante de un T6-C Texan II y, desde el pasado 17 de enero, pionera y pie veterano para sus compañeras de la Armada de México.
La Teniente Ávila Portillo pilotea un turbohélice T6-C Texan II y de acuerdo con la SEMAR, ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar (HENM) de Antón Lizardo, en Veracruz el 3 de agosto de 2015, en donde realizó cursos y adiestramiento aeronaval durante cinco años.
Al terminar, se especializó en pilotaje del turbohélice T6-C Texan II, aeronave de ala empleada por la Marina y por la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en operaciones de intercepción antidrogas. De hecho, la teniente Sandra Guadalupe Ávila pertenece al Escuadrón Aeronaval 512 que tiene su base de intercepción en Chetumal, Quintana Roo, desde donde los Texan navales se coordinan para el seguimiento e intercepción de aeronaves sospechosas que ingresan al Caribe mexicano desde Centro y Sudamérica.
Sandra Ávila Portillo tiene 24 años de edad y en solo mes y medio de pruebas y prácticas profesionales –tras cinco años de capacitación– se coinvirtió en la primera piloto aeronaval en comandar un T6-C Texan II.
La SEMAR cuenta con una flota aeronaval integrada por 132 aparatos, de los cuales 70 son de ala fija y 62 de ala rotativa.
De las 132 aeronaves de la Marina, 13 son T6-C Texan II, fabricadas por Beechcraft Defence Company, LLC. Sus misiones fundamentales son de “apoyo aéreo cercano, interceptación marítima y terrestre”, indican datos de la SEMAR.
En junio de 2019, la Armada de México presentó a su primera tripulación formada totalmente por mujeres, integrada por la piloto aeronaval, teniente de Corbeta Sofía Teresa Flores Vázquez; la copiloto, teniente de Corbeta Susana Vázquez García; la enfermera de vuelo, teniente de Corbeta Lakhrir Singh Ortega y la mecánica de aviación, la cabo Leslie Pineda Ortiz. Esta tripulación opera un King Air 350i para traslado y evacuación aeromédica.
En noviembre de 2020, la SEMAR adelantaba que en los meses siguientes presentaría a las oficiales María Isabel Jiménez y Citlalli Nieto como las primeras pilotos helicopteristas de la institución en comandar una aeronave de ala rotativa.
Las oficiales de la Escuela de Aviación Naval (EAN) de la Marina, se graduaron en 2021 y están capacitadas para operar helicópteros AS 565 Panther, H-145, Mi-17 y UH-60M Black Hawk, el material de ala móvil con el que cuenta la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) en su flota de 132 aparatos.
El primer diagnóstico gubernamental de los servicios forenses del país —realizado en 2019— que debería servir como base para elaborar un plan que permita devolver la identidad a miles de cuerpos enterrados en fosas comunes, está incompleto y tiene datos imprecisos.
Con todo y ello, el “Análisis de las capacidades de los Servicios Forenses y Periciales del país” —documento del cual A dónde van los desaparecidos obtuvo una versión— presenta un panorama avasallador de la crisis forense que atraviesa el país: en 25 de las 32 entidades sólo se identificó a menos del 30% de los cuerpos que, hasta febrero de 2019, se encontraban en los Servicios Médicos Forenses (Semefos).
Atendiendo a una indicación del propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR), la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) elaboraron el documento a través de entrevistas y cuestionarios aplicados, entre el 1 y 5 de abril del 2019, a titulares de los Semefos y servicios periciales de las 32 entidades.
Uno de los hallazgos más preocupantes que arroja este informe es que, hasta febrero de 2019, a nivel nacional, las instituciones forenses sólo lograron restituir el nombre a 17 de cada 100 cuerpos.
Sin embargo, el documento no contiene un dato clave para dimensionar en toda su magnitud la crisis forense: el número total de cuerpos que permanecen sin identidad resguardados en instituciones forenses del país. El diagnóstico sólo contabiliza aquellos que se encontraban al interior de los Semefos durante el levantamiento de los datos y no a los que han sido enterrados en fosas comunes —donde se encuentra la mayoría de los cadáveres desconocidos— o que fueron enviados a universidades o incinerados o resguardados en otros sitios sin haber sido identificados.
A partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, declarada por el expresidente Felipe Calderón a finales de 2006, el número de cuerpos sin identificar creció alarmantemente: una investigación de Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos encontró que, al cierre de 2019, la cifra ascendía a 38 mil 891 cuerpos sin nombre. En un informe reciente, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México determinó que, hasta agosto de 2020 el número alcanzaba los 52 mil. A la par, en el país se contabilizan más de 93 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Lo que el documento de 77 páginas sí incluye es información —desagregada por entidad federativa— sobre necropsias realizadas, número de especialistas para la identificación de cuerpos, hallazgos de cadáveres en fosas clandestinas y la normativa para el procesamiento y disposición final de los cuerpos.
“El fortalecimiento de los servicios forenses y periciales del país es un elemento fundamental en la definición de un Programa Nacional de Exhumaciones que establezca una política nacional para asegurar el trato digno de los cadáveres, así como establecer su identidad y su regreso con sus deudos, esto como un elemento fundamental para asegurar el acceso al derecho a la verdad de las víctimas de delitos que implican violaciones graves a los derechos humanos”, dice el documento titulado “Análisis de las capacidades de los Servicios Forenses y Periciales del país”.
En junio de 2019, algunos de los resultados del diagnóstico fueron presentados por el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, y la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana. En esa ocasión el subsecretario dijo que: “Junto con el incremento del número de homicidios y personas desaparecidas, también se alentó una práctica deleznable en nuestro país: a un gran número de cuerpos no se les practicó la necropsia y fueron inhumados indebidamente en distintas fosas comunes, bajo el argumento de que existía una sobrecarga de los servicios forenses a nivel nacional”.
Sin embargo, a las reiteradas peticiones de información realizadas desde entonces a ambas dependencias, y donde se les ha solicitado la versión pública del documento, responden que sólo la FGR tiene este diagnóstico.
Por su parte, la Fiscalía General responde que el documento, que sería el primer paso para elaborar el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, continúa en elaboración a pesar de que algunos resultados se presentaron hace más de dos años.
A pesar de la negativa de su existencia y que nunca dejó de ser una versión preliminar, la Fiscalía General sí entregó este documento a las personas expertas que forman el Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano multidisciplinario e independiente que se echó andar en agosto de este año para atender la crisis forense. Esto lo aseguró uno de los integrantes en un evento público.
A dónde van los desaparecidos obtuvo la última versión del diagnóstico anterior a la conformación del Grupo Coordinador del MEIF.
Rastreo de fosas clandestinas por el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora en el Campo 30, en Cajeme, Sonora, en abril de 2019. La búsqueda arrojó el hallazgo de 30 cuerpos y osamentas humanas. Crédito: Astrid Arellano
Un país que no identifica a sus muertos
De acuerdo con la versión del diagnóstico, hasta el 28 de febrero del 2019, en México había 8 mil 196 cuerpos pendientes de identificación en todo el país.
Las razones para explicar la poca capacidad para identificar cuerpos sin nombre —según se señala en el diagnóstico— tienen que ver con la falta de equipo, personal especializado y las condiciones de los cuerpos no identificados, que muchas veces son incinerados, hallados bajo cuerpos de agua, en fosas clandestinas o desintegrados con soluciones químicas.
El documento también hace evidente la falta de capacidades para analizar y obtener perfiles genéticos: de las 39 mil 475 muestras que se tomaron hasta el 28 de febrero de 2019, sólo se había procesado el 79% y se había obtenido un perfil genético en el 68% de casos. Los estados que obtienen un porcentaje más bajo de perfiles, respecto a la cantidad de muestras, son Estado de México (45%), Guanajuato y Coahuila con 57%, y Nayarit con 27%. Tlaxcala y Yucatán no reportaron ninguna muestra genética por procesar.
Gráfico 1. Muestras genéticas ingresadas y procesadas en los laboratorios de genética.
De igual forma, el diagnóstico incluye una tabla con datos de cuerpos sin identidad rezagados —anteriores a 2019—, ingresados —hasta febrero de 2019—, identificados y pendientes de identificación. Además, presenta un porcentaje de “productividad” de cada institución forense, es decir, cuántos cuerpos de los rezagados e ingresados lograron identificar.
Según esta información, el mayor porcentaje de identificación lo tienen Nuevo León, Michoacán y Ciudad de México. Trece estados no lograron regresar el nombre ni al 10% de los cuerpos que resguardaban en sus Semefos. Tabasco, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas reportaron cero identificaciones.
Gráfico 2. Número de cadáveres pendientes de identificar, identificados y e resguardo en los Servicios Forenses y Periciales del país por entidad hasta el 28 de febrero de 2019.
Sin embargo, estas cifras son incompletas: en el caso de Estado de México no se reportaron los cuerpos en rezago, los Semefos de Guerrero no registraron los cuerpos ingresados y en Campeche se identificaron más cuerpos de los que había en rezago e ingreso.
La suma total de cuerpos acumulados también es errónea: mientras en el diagnóstico se reportaron 8,196 pendientes de identificar, el cálculo de los datos presentados, omitiendo Campeche, da 835 menos.
Es importante recordar que en el diagnóstico no se determinó un dato clave para enfrentar la crisis forense: el número de cuerpos en total, tanto en instalaciones forenses como en otros sitios, sólo se documentó una fracción del problema al recabar información únicamente de los Semefos.
De acuerdo con la investigación Crisis Forense, realizada por el Proyecto A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab, de 2006 al cierre de 2019, en el país habrían más de 38 mil 500 cuerpos sin identidad. Los cuerpos en Semefos (5 mil 446) representaron apenas el 14%.
Hace un par de meses, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos dio a conocer que, hasta agosto de 2020, la cifra ascendió a 52 mil cuerpos anónimos; de estos, 3 mil 641 se encontraban dentro de las instalaciones de las instituciones forenses, lo que significa 7%.
Peritos trabajan en un predio donde se encontraron restos humanos. Crédito: Lucía Flores/A dónde van los desaparecidos
En ese sentido, mientras Nuevo León y Michoacán, Ciudad de México fueron calificados con alto porcentaje de “productividad” para la identificación, lo cierto es que, de acuerdo con el informe del Movimiento, estos estados acumulan 2 mil 77, 765 y 6 mil 701, respectivamente, es decir, casi la quinta parte del total de cuerpos sin identidad.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que durante el 2020, de 9 mil 908 cuerpos ingresados a 26 instituciones forenses en calidad de no identificados al 22.7% no se les había devuelto la identidad al final del año. Del resto de Semefos ni siquiera se contó con datos.
Sin necropsias
En el documento se señala que la principal causa de que no se identifiquen los cuerpos es la falta de necropsias, es decir, el estudio que obligatoriamente se le debe practicar a cada cuerpo para identificar la causa de muerte y que es indispensable para la emisión del Acta de Defunción y requisito obligatorio para que pueda ser enterrado en fosas comunes.
“Es posible que los Semefos y Servicios Periciales, con autorización del Ministerio Público, hayan expedido certificados de defunción en los que no se les practicó necropsia”, se lee en el diagnóstico.
Durante el periodo 2006-2017, de acuerdo con los datos de Estadísticas Vitales del INEGI, retomadas en el diagnóstico, no se especificó si se le practicó la necropsia a 37 mil 443 cuerpos. Es decir, este dato podría incluir personas fallecidas plenamente identificadas a quienes no se les realizó la necropsia junto con cadáveres que no han sido reconocidos.
En el diagnóstico se atribuye la falta de necropsias al incremento de asesinatos registrados en ese periodo: “que ocasionó la acumulación de cuerpos, y la descomposición de los cuerpos que no alcanzaron a ser procesados a tiempo”.
Nayarit, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Guerrero y Chiapas fueron las entidades con menor capacidad para practicar necropsias, indica el documento.
Las entidades con mayor capacidad fueron: Ciudad de México —que alcanzó el 98% de cuerpos con necropsias practicadas—, Estado de México, Querétaro, Yucatán, Guanajuato y Colima.
Sin embargo, como se mencionó antes, el diagnóstico no cuenta con datos sobre cuerpos no identificados con los cuales comparar la aplicación de las necropsias. Equiparar ambos procedimientos sería un error, puesto que hay cuerpos sin identidad a los que sí se les practica la necropsia.
De hecho, datos obtenidos en la investigación “Crisis Forense” en la que se consultó a todas las fiscalías estatales muestran que las autoridades que sí entregaron información sobre necropsias practicadas entre 2006 y 2019, reportaron haberla realizado en el 99% de los cuerpos, es decir, en 32 mil 985. Solo en 193 casos reconocieron que no se llevó a cabo el procedimiento.
Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, además de la FGR, no especificaron si se realizó o no la necropsia a un total de 5 mil 298 de los cuerpos que ingresaron a los Semefos, según esta misma investigación.
Saturación de Semefos
Hasta 2019, según el diagnóstico realizado entre el 1 y 5 de abril de ese año, en México había capacidad para almacenar 5 mil 190 cuerpos, por lo que había un sobrecupo de 3 mil 6 cuerpos registrados hasta el corte del informe.
Sinaloa, Zacatecas, Sonora, Morelos y Durango fueron las entidades con mayor nivel de sobreocupación en sus Semefos. Otras entidades que también registraban saturación, aunque en menor medida, eran Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua, Puebla, Quintana Roo, Colima y Baja California. El resto de las entidades se ubicaron por debajo del 100% de saturación de cuerpos en los Semefos.
Sin embargo, en el documento se advierte que no se contabilizaron otros cuerpos desconocidos que también estaban en los Semefos, pero que el Ministerio Público no había ordenado su disposición final, es decir, si se serían donados a una universidad, enterrados en fosa común o resguardados en las cámaras frías de las instalaciones forenses. Esto implica que la cifra en el diagnóstico no es precisa y el sobrecupo sería mayor.
Fosas clandestinas: la eterna contradicción de los datos
Respecto a la identificación de cuerpos o restos humanos localizados en fosas clandestinas, el diagnóstico indica que Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y Nuevo León fueron las siete entidades que identificaron un número mayor de personas. Pero en el caso de Guerrero no hubo respuesta siquiera sobre cuántos cuerpos fueron exhumados de fosas clandestinas y Nuevo León tenía pendiente de identificar a casi un millón de fragmentos humanos.
Además, los datos de fosas clandestinas, cuerpos y fragmentos recuperados en ellas no son exactos.
“En el periodo referido (2006-2018) se reportó un total de 2 mil 187 fosas clandestinas que fueron intervenidas por los Servicios Periciales de las entidades federativas. Sin embargo, dentro de la información referida, mucha de esta no corresponde con el periodo de tiempo solicitado, sino a un corte distinto (…). De los audios de las entrevistas realizadas se advierte que algunos de los informantes no proporcionaron la información con base en un registro administrativo sino estableciendo un número aproximado al momento de la entrevista”, señala el diagnóstico.
Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Michoacán no reportaron hallazgos durante el periodo referido. El Estado de México y Guanajuato no respondieron a la pregunta.
El caso de Guanajuato es paradigmático puesto que investigaciones académicas y periodísticas revelaron que en ese estado se han localizado —al menos— 235 fosas clandestinas durante el periodo 2009-2020.
Por otro lado, las entidades con mayor concentración de entierros ilegales, de acuerdo con el diagnóstico, fueron Tamaulipas con el 15% (338), Chihuahua 12% (268) y Zacatecas con el 10% (223). “Por su parte la FGR (antes PGR) intervino en el 13% de los casos (293), sin embargo, es posible que haya repetición como parte de la información reportada con las entidades debido a las intervenciones que se han realizado en colaboración”, se indica.
Perito abre una bolsa en la que se resguarda un cuerpo dentro de un Semefo. Crédito: Rafael del Río
Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos obtuvieron, vía peticiones de información pública, los cuestionarios originales respondidos por Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas para el diagnóstico forense. En ellos se muestran variaciones en el número de fosas y cuerpos exhumados: en Tamaulipas, el cuestionario da cuenta de 311 fosas con 327 cuerpos y 711 restos óseos, mientras que en el diagnóstico el número de fosas ascendió a 338 y el de restos 775. Puebla, por su parte, reportó cuatro fosas con 32 cuerpos y cuatro restos óseos; en el documento que compiló la FGR —en cambio— se da cuenta de 23 fosas con 20 cuerpos y tres restos óseos.
En un reporte reciente, la CNBP contabilizó en total 4 mil 806 fosas clandestinas encontradas de 2006 hasta septiembre de este año en todo el país, un 120% más que en 2018.
Estos datos también presentan inconsistencias: en el diagnóstico Chiapas registra 12 fosas, mientras que el informe de la Comisión Nacional aparece sólo con dos. Por su parte, Nuevo León contabilizó 99 fosas hasta el último corte, pero en el diagnóstico de la Fiscalía General dio información de 119.
Un pedazo de hueso es encontrado al buscar restos humanos en una fosa clandestina. Foto: Lucía Flores/A dónde van los desaparecidos
La deuda de la FGR
De acuerdo con los hallazgos del documento “Análisis de las capacidades de los Servicios Forenses y Periciales del país”, hasta 2019 no existía en México claridad respecto al manejo y trazabilidad —el registro de los lugares donde ha sido resguardado cada cuerpo hasta su destino final de los cuerpos no identificados.
La Ley General de Salud y su reglamento “resulta insuficiente; ya que es poco específica respecto a los procedimientos a seguir en materia de disposición de cadáveres o restos humanos y no logra definir con precisión los tramos de competencia de las autoridades responsables, además de incluir artículos que no guardan relación con lo dispuesto en el resto de la normatividad”, señala el documento.
Mientras que la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012 en materia de información en salud; “contemplan breves apartados” y son poco claras respecto al manejo de cuerpos.
La falta de normatividad y procesos claros también afecta a la puesta en marcha de cementerios forenses en México, de los cuales hay 15 proyectos en marcha: tres en Veracruz, tres en Sinaloa, dos en Jalisco, dos en Guerrero y uno en Michoacán, Baja California, Colima, Nayarit y Tamaulipas.
La FGR tampoco ha puesto en marcha herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, del cual su único avance es el diagnóstico inconcluso, de acuerdo con respuesta de la propia Fiscalía a peticiones de información hechas por este medio.
Según este medio pudo saber, el diagnóstico se realizó a las prisas, se envió de Ciudad de México a gente inexperta que no siempre supo de qué le hablaban cuando llenaban la encuesta y fue difícil homologar los datos. Según Anselmo Apodaca, coordinador general de la Unidad de Servicios Periciales de la FGR hasta diciembre de 2019 dijo a Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos esto luego se subsanó en llamadas telefónicas a cada titular de servicios periciales.
Sin embargo mencionó que la negativa para publicar el diagnóstico fue un acuerdo político.
“(Fue) para no evidenciar a nadie, porque era un tema también político. Los servicios periciales no manejan el tema político, pero algunos estados estuvieron renuentes por su gobernador, por su fiscal, de no dar los datos adecuadamente, esto fue al inicio”, afirmó el ahora consultor independiente en una entrevista publicada en septiembre de 2020.
Además, en los tres cuestionarios —de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas— obtenidos por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos, se incluyen apartados en los que se habría asentado información sobre el número de fosas comunes, su ubicación y en cuántas de ellas se habían enterrado cadáveres o restos óseos; sin embargo, estos datos no se reflejan en la versión del diagnóstico obtenida por este medio.
Tampoco se incluyen los datos recabados en los cuestionarios sobre el uso y la cantidad de huellas dactilares ingresadas al sistema Automated Fingerprint Identification System (AFIS), la existencia de registros digitalizados de tatuajes, señas particulares y características odontológicas, así como el número de casos dados de alta en el sistema Antemortem/postmortem, que agiliza el proceso de comparación entre la información de personas desaparecidas y cuerpos sin identidad.
La activista María Desideria Rentería Jara, de 48 años de edad, se encuentra desaparecida desde el pasado día 19 de enero. Ella es integrante del grupo de búsqueda de personas desaparecidas Frida, de San Blas, Nayarit.
A través de redes sociales se inició su búsqueda. Y se pide a quien tenga información que permita llevar a su localización y paradero, favor de reportarlo al 911 o al 089 denuncia anónima.
María Desideria se integró al Colectivo Frida en 2017 buscando a su marido desparecido, lo encontraron en una fosa en Mecatán.
Sin embargo, un año después, en 2018, desapareció su hijo Jorge Manuel Kisaman Rentería, en Aticama, San Blas. Jorge de apenas 23 años de edad, no ha sido encontrado.
El pasado jueves 13 de enero, Antonio García Jara, también de 23 años de edad, hermano de María Desideira, también fue “levantado” del domicilio de su mamá en la colonia 10 de mayo de San Blas.
A la mamá le fracturaron un brazo y al muchacho se lo llevaron privado de su libertad.
Al parecer, el “encargado de la plaza” pide dinero a cambio de no molestarlos. En caso de no entregarlo, se los llevan.
Otro de ellos es Miguel Camarena Limas, fue visto por última vez en Playa las Islitas, trabajando en una arramada llamada Cachito. Desde el 1 de enero no llegó a casa.
María Desideria pertenece a la Asociación UKA-Ukanuiwame, Asociación civil en defensa de los derechos humanos, mujeres, niñas y niños, dirigida por Mayela Ruiz.
Después de una larga batalla con sus adversarios políticos, Benjamín López inició su mandato como alcalde de Xoxocotla el 1 de enero. Los últimos seis meses habían sido un horror, un disparate. Los vecinos habían acudido a las urnas dos veces y luego se habían reunido en asamblea, tribunales mediante, para decidir cuál de las dos elecciones contaba. “Al final hicimos una votación al pelotón”, recuerda Manuel Alejandro Jiménez, el secretario municipal. “Pintamos una raya en el suelo. Los que preferían la elección del 6 de junio se quedaron a un lado y los que querían la del 3 de octubre, a otro. Al final, ganamos nosotros”, añade.
López apenas pudo disfrutar de la victoria. Días después de jurar el cargo, el martes 11 de enero, sicarios lo acribillaron en su casa. Los pistoleros llegaron a la hora de comer al domicilio, en una de las calles comerciales del pueblo. Su asistente y su chofer trataron de disuadirlos, de convencerles de que el alcalde andaba en otro lado, pero fue en vano. Cuando lo encontraron dispararon y López murió allí poco después. “¿Qué tipo de seguridad debía haber tenido?”, reflexiona el secretario Jiménez, de 33 años, “¿un militar? Había alguien con él”, dice, en referencia al chofer, “pero más bien por si surgía alguna pelea o así. No iba armado”.
Envuelto en una niebla de dudas y sospechas, su asesinato culmina tres años extraños en la región, el Estado de Morelos, aledaño a la capital, donde los homicidios han aumentado y la sucesión de insólitos y violentos ataques han enrarecido el ambiente, algo a lo que ha contribuido una serie de episodios tan extravagantes como preocupantes. “La tensión es brutal en el Estado”, dice a EL PAÍS un funcionario del Gobierno federal con amplio conocimiento de la política regional.
No hay mejor ejemplo del caos local que la figura del gobernador, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Hace una semana, medios locales divulgaron una fotografía de Blanco con tres líderes criminales en teoría antagónicos, los cuatro abrazados y sonrientes. Blanco explicó que en realidad no les conocía de nada. “La gente me pide fotos todo el tiempo”, dijo. Lejos de zanjar el asunto, las explicaciones del gobernador dinamitaron un equilibrio ya de por sí precario entre los poderes estatales. Impera ahora el todos contra todos: Blanco contra el fiscal local, Uriel Carmona, el fiscal contra Blanco, el gobernador contra diputados opositores y estos contra él, todos acusándose de vínculos con el crimen organizado.
Los argumentos de Blanco iniciaron además un intercambio de mensajes escritos en enormes carteles, conocidos en México como narcomantas, colgados en diferentes municipios del Estado, entre ellos el centro de Cuernavaca, la capital. Los primeros atacaban al gobernador, señalando veladamente su responsabilidad en el asesinato del activista Samir Flores, uno de los primeros escándalos de su Gobierno. Luchador social de larga trayectoria, Flores se oponía a la construcción de una central termoeléctrica en Morelos, apoyada por el Gobierno federal y también por Blanco. Sicarios lo mataron en febrero de 2019.
La segunda tanda de narcomantas fue parecida, solo que los mensajes defendían al gobernador, señalando a un senador morelense, Ángel García, por el caso de Samir Flores. Pero la tercera fue distinta. Aparecieron tras el asesinato de Benjamín López en Xoxocotla y los textos estaban escritos con extraña corrección. El mensaje leía: “Ahí va el primero Cuauhtémoc Blanco, a mí no me mandes a hablar con pendejos, sigue mamando y te vas a quedar sin alcaldes”. Además, mencionaba la reunión del mandatario con los narcos, conocida tras la divulgación de la fotografía. De alguna forma, el mensaje relacionaba la reunión con el asesinato del alcalde.
Los motivos
Ingeniero agrónomo de 46 años, Benjamín López tenía grandes planes para Xoxocotla, una localidad de 45.000 habitantes en el sur de Morelos, a hora y media de Ciudad de México. El alcalde quería arreglar el problema del agua de una vez. Rescatar el sistema de abastecimiento e integrarlo a la nueva administración. Se trataba de un asunto lacerante para los vecinos, que sufren parones constantes en el suministro, controlado por una opaca asociación civil cada vez más endeudada. “Vamos a tener que tomar decisiones”, dijo el alcalde electo el 17 de diciembre.
Jiménez explica que el problema con el agua es sin duda el más grave de todos los que enfrenta el pueblo. Un esquema habitual en la región, la asociación administradora se encarga del suministro desde hace décadas. Su gestión cambia cada tres años, cuando los vecinos eligen nuevos responsables por votación. De lógica semipública, la asociación es opaca en sus cuentas. Y ahora el problema, explica Jiménez, es que debe ocho millones de pesos, unos 400.000 dólares, la mayoría a la Compañía Federal de Electricidad. Ante el impago, la compañía les deja sin luz, lo que impide el funcionamiento de las bombas y, por tanto, el suministro. La sospecha del equipo municipal es que la asociación ha estado quedándose las cuotas de los vecinos y vendiendo la poca agua que llega sin las bombas.
Visto así, la cuestión del agua aparece como un posible motivo del ataque. En Morelos, los conflictos por el abastecimiento son usuales y las sospechas por corrupción e infiltración del crimen en las entidades administradoras, una constante. Pero también podría ser la batalla electoral que vivió Xoxocotla desde junio, con sus rivalidades políticas, que a punto estuvieron de provocar episodios de violencia, sobre todo el día de la votación al pelotón. “Son muy peligrosas las asambleas”, dice Jiménez, “porque ese día se ve lo que vota todo el mundo”.Un mototaxi en la vía principal del municipio. Desde 2017, Xoxocotla es independiente y ya no depende de Puente de Ixtla.
Aunque parece que el asunto electoral quedó zanjado en diciembre, el conflicto duró meses y las posturas parecieron a veces irreconciliables. Había mucha incertidumbre en el pueblo. Y además, todo era nuevo. Xoxocotla dependió del municipio vecino hasta 2017, año en que se independizó. La secesión contó con un gobierno de transición que tras las primeras elecciones del último ciclo, las de junio, evitó aceptar la victoria del equipo de Benjamín López, entonces encabezado por su hermano Juan.
La muerte natural de Juan López pocos días después de las elecciones complicó aún más las cosas. Su segundo, Martín Flores, quiso imponer nuevas reglas y nombramientos en el equipo y provocó una ruptura. Benjamín López, Manuel Alejandro Jiménez y otros se fueron. Ante el conflicto, se convocaron nuevas elecciones para el 3 de octubre, convocatoria que Flores rechazaba, pues consideraba que a la muerte de Juan López, él era el alcalde legítimo. Los recursos judiciales de Flores resultaron y un día antes de las nuevas elecciones, el tribunal electoral de Morelos señaló la validez de las primeras. Pese a la decisión del tribunal, los vecinos salieron a votar, dándole la victoria a Benjamín López. El pueblo podía arder en cualquier momento.
La doble convocatoria electoral obligó al tribunal a buscar una solución. Al final, decidió que el pueblo se reuniría en asamblea para decidir que elecciones valían, las de junio o las de octubre. La reunión tuvo lugar a finales de octubre, la famosa asamblea al pelotón. La decisión de los vecinos fue que la votación válida era la última, lo que daba a Benjamín López la alcaldía.
Pocas probabilidades
“El día en que lo mataron, yo necesitaba que el ingeniero me firmara unos documentos para entregarlos a la Junta Electoral”, recuerda el secretario Jiménez. “Estábamos en el hotel Las Cabañas”, dice en referencia a sus oficinas, un viejo motel de paso a la salida de Xoxocotla que planeaban convertir en Presidencia Municipal. “Ahí me llamó su asistente y me contó lo que había pasado”. Jiménez y los demás acudieron a la casa del alcalde, pero cuando llegaron ya había muerto.
Su asesinato provocó las clásicas reacciones de condena y las habituales promesas de castigo a los asesinos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco prometió llegar “hasta las últimas consecuencias para llevar a los responsables ante la justicia”. Es probable, sin embargo, que ocurra lo contrario. Según datos de la organización Impunidad Cero, que estudia la procuración de justicia en el país, la probabilidad de que un asesinato quede impune en México es superior al 89%.
En entrevista con EL PAÍS, el fiscal local, Uriel Carmona, señala que “la autoridad material no fue espontánea. Fue ordenado por alguien más”. Carmona añade que “eso hace más sólida la hipótesis de que fue un tema que tuvo que ver con la política. Tenemos un avance importante que nos va a llevar a la detención de los ejecutores materiales y eventualmente a los intelectuales. Tenemos una buena idea de quienes fueron los autores materiales”, zanja.Fachada del viejo hotel Las Cabañas, donde López quería instalar las oficinas municipales de Xoxocotla.
Fuentes cercanas a la investigación consultadas por EL PAÍS señalan que los mismos u otros atacantes trataron de atentar contra el alcalde López en su casa el viernes anterior a su asesinato. Por suerte, aquel día no estaba en su casa. Desde entonces, el dirigente apenas pisaba su domicilio para buscar ropa o documentos. El martes 11 de enero, llegó a descansar antes de unas reuniones en el pueblo. Se sentía resfriado.
Entre el viernes y el martes de su asesinato, López y su equipo avisaron a la fiscalía local y a la secretaría de Gobierno de lo ocurrido. De hecho, López y el gobernador coincidieron el lunes previo al asesinato en un evento en Jojutla, cerca de Xoxocotla. El gobernador entregó fertilizantes a campesinos de la región. El secretario Jiménez ignora si López le comentó a Blanco el intento de ataque. De cualquier manera, la nula protección de que gozaba el alcalde el día en que lo mataron habla de la desidia de las autoridades estatales.
Al secretario Jiménez y sus compañeros les resultan extrañas las teorías externas del ataque. No se les ocurre cómo una reunión del gobernador con criminales pudo afectarles a ellos, dirigentes de un pueblo recién nacido, dedicado al maíz y al sorgo. “No pensamos que Xoxo fuera una plaza”, dice Jiménez, “todo el asunto ese del mensaje es extraño. Nos habían advertido de que igual llegaban ellos a pedir”, dice en referencia a grupos criminales, “pero es que aquí ni eso había pasado”.
La cercanía de la delincuencia con la clase política sobrevuela el atentado contra el alcalde López, un reflejo en realidad del país, enredado en las batallas de una red de mafias que ven en los presupuestos de los pueblos una alternativa al narco. El fiscal Carmona señala que “hay una infiltración de gente relacionada con el crimen organizado en municipios, incluso en la nómina de los municipios, sobre todo en el sur de Morelos”, explica, en referencia a los pueblos más cercanos a Guerrero, caso de Puente de Ixtla, Amacuzac, Tlalquitenango o Jojutla, todos muy cercanos a Xoxocotla.
“Esta situación no está dentro de nada que se hubiera planteado aquí”, murmura Jiménez, “si a usted le parece extraño, imagínese a nosotros”. La falta de certezas hace todo más complicado. Jiménez y el resto del equipo del alcalde muerto creen que cualquier cosa puede ocurrir ahora. Desde el ataque, han evitado incluso acudir al predio que planeaban convertir en Presidencia, el viejo motel de paso a la salida de Xoxocotla. “Si tenemos un atentado, aquí se pierden enseguida”, dice Jiménez, mirando la carretera principal.
Tras los hechos registrados en la zona norte de la entidad la tarde del viernes, la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) dio a conocer que esta persona contaba con un largo historial delictivo en su país.
El nombre de Robert James Dinh estaría relacionado con presuntas operaciones de lavado de dinero, en cantidades millonarias de dólares para una célula del narcotráfico en Vietnam, donde se le vincula con el delincuente Cong Dinh, quien lidera este grupo de la mafia.
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dio conocer que en Canadá ofrecieron 50 mil dólares de aquel país en el 2019, aunque pudo ingresar antes de que la Fiscalía presentara cargos en su contra.
La Fiscalía de Quintana Roo también reveló la identidad de una de las personas lesionadas, quien responde al nombre de Ceara Sahadee, de 29 años, sin dar mayores detalles de su estado de salud.
También reveló que una persona ingresó al hotel en un automóvil blanco para darle un arma al sicario que conversó con las víctimas hasta que discutieron y disparó contra los canadienses.
Para "garantizar la gobernabilidad del País", el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que redactó un "testamento político" en caso de fallecer durante el ejercicio de su cargo.
"Tengo un testamento político", dijo López Obrador en un video de casi 8 minutos que grabó en su despacho de Palacio Nacional y publicó en sus redes sociales luego de salir del hospital militar donde le fue practicado el viernes un cateterismo cardiaco.
"No puedo gobernar un país en un proceso de transformación -no puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto (que tuve), la hipertensión, mi trabajo que es intenso- sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida.
"¿Cómo queda el País?", cuestionó. "Tiene que garantizarse la gobernabilidad".
Dijo que espera que el "testamento político" -cuyo contenido no fue divulgado y tampoco quien sería el albacea- no sea necesario e informó que ha recibido de sus médicos autorización para reactivar su vida normal.
"Tengo un testamento", explicó. "Afortunadamente no va, creo yo, a necesitarse y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho, porque amor con amor se paga".
El Presidente informó que, luego de realizar una prueba de esfuerzo, sus cardiólogos determinaron realizar el cateterismo, pero que el procedimiento había sido pospuesto porque dio positivo a Covid el pasado 10 de enero.
El Mandatario estuvo internado 24 horas en un hospital militar y regresó ayer a Palacio Nacional a las 10:20 horas en una camioneta, acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.
En el video se le vio sonriente, aunque sólo movió su brazo derecho para enfatizar sus argumentos. El brazo izquierdo permaneció inmóvil recargado sobre su escritorio.
"Los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo y que hay Presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, para llevar a cabo los cambios, la transformación", añadió.
Un mototaxi en la vía principal del municipio. Desde 2017, Xoxocotla es independiente y ya no depende de Puente de Ixtla.
Fachada del viejo hotel Las Cabañas, donde López quería instalar las oficinas municipales de Xoxocotla.
