El Magistrado del Decimosegundo Circuito otorgó un amparo
contra la formal prisión dictada al ex líder del Cártel de Sinaloa por volar y
aterrizar clandestinamente una aeronave en 2012 en Baja California Sur. En la
acusación no se especifica si esas actividades aéreas eran con fines
delictivos. La presunta prostituta a la que el sinaloense mandó llevar a una
villa de Punta Ballena le pagaría con favores sexuales una liposucción que el
capo le pagó en un hospital de Guadalajara. Por lo menos en dos ocasiones
estuvo el narcotraficante en la misma residencia.
En 2012, cuando se desarrollaba la cumbre del G-20 en Los Cabos, Joaquín
Guzmán Loera “El Chapo”, aterrizó en tierras de Baja California Sur. Con
información de la DEA (Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos) la Policía
Federal realizó un operativo para detenerlo en aquella ocasión, pero se les
fue.
Tijuana,MX.-11/Feb/2015 Es el caso aquel donde solo encontraron a la mujer
dedicada a la prostitución con la que el capo sinaloense se encontraría en las
playas sudcalifornianas.
Por aquel hecho y por ese operativo, en Baja California
Sur se inició una investigación y a la detención del narcotraficante en febrero
de 2014, en junio de ese año, se le decretó auto de formal prisión en la causa
penal 29/2014 por su probable responsabilidad en el delito denominado “vuelos
clandestinos, en las modalidades de realizar vuelos clandestinos y proporcionar
los medios para facilitar el aterrizaje o despegue de aeronaves en vuelo
clandestino”. El 25 de septiembre, en la segunda instancia se modificó –nada
sustancial– la formal prisión.
Sin embargo en el Primer Tribunal Unitario del
Decimosegundo Circuito, el Juez Sergio Antonio Álvarez concedió un amparo al
narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán para dejar sin efecto el auto de
formal prisión que le fue dictado en un juzgado de Baja California Sur por su
presunta responsabilidad en la operación de vuelos y aterrizajes clandestinos,
hechos derivados de su escapatoria de Los Cabos en febrero de 2012.
El otorgamiento del amparo no es para dejarle en
libertad, sino para reponerle el procedimiento judicial, pues para que la
conducta ilícita sea sancionable, tienen que probar que dicho vuelo clandestino
tenía como objetivo una actividad ilícita, elemento esencial que omitieron
analizar el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigesimosexto Circuito y el
Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, ambos con
residencia en la ciudad de La Paz al momento de procesar al capo.
Así, el tribunal sudcaliforniano debe dejar insubsistente
dicho auto judicial y emitir una nueva resolución en la que razone si se
acredita o no el elemento al que se hace mención en el delito específico: que
los motivos de los vuelos fueron con fines ilícitos.
El fallo de amparo será notificado vía exhorto en las
próximas horas a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, quien desde hace casi un año
se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1
“Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La visitas del “Chapo” a BCS
El mediodía del 15 de febrero de 2012, personal del área
de mantenimiento y de servicio del campo de golf del desarrollo Cabo Real
reportó al Sector Naval de Los Cabos, el aterrizaje clandestino de una avioneta
pequeña monomotor, de color blanco con franjas azules.
Cacería infructuosa
Se denomina así al que para la realización de actividades
delictivas utilice o permita el uso de aeródromos, aeropuertos, helipuertos,
pistas de aterrizaje o cualquiera otra instalación destinada al tránsito aéreo
que sean de su propiedad o estén a su cargo y cuidado, se le impondrá prisión
de dos a seis años y de cien a trescientos días multa y decomiso de los
instrumentos, objetos o productos del delito, cualquiera que sea su naturaleza.
Si dichas instalaciones son clandestinas, la pena se aumentará hasta en una
mitad.
Las mismas penas se impondrán a quienes realicen vuelos
clandestinos, o proporcionen los medios para facilitar el aterrizaje o despegue
de aeronaves o den reabastecimiento o mantenimiento a las aeronaves utilizadas
en dichas actividades.
Si las prácticas delictivas a que se refiere el primer
párrafo se relacionan con delitos contra la salud, las penas de prisión y de
multa se duplicarán.
Al que construya, instale, acondicione o ponga en
operación los inmuebles e instalaciones a que se refiere el párrafo primero,
sin haber observado las normas de concesión, aviso o permiso contenidas en la
legislación respectiva, se le impondrá de tres a ocho años de prisión y de
ciento cincuenta a cuatrocientos días multa.
Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin
perjuicio de las medidas que disponga la Ley de Vías Generales de Comunicación
y de las sanciones que correspondan, en su caso, por otros delitos cometidos.
