La carta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum, de María Guadalupe Guzmán Romo, madre del teniente de Infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán, es el grito de una mujer que lleva más de tres décadas sosteniendo sola una guerra que no le tocaba: la guerra contra el silencio del Ejército y la indiferencia del Estado.
Una madre contra el muro verde olivo
Vivo le entregó su hijo al Ejército; vivo se lo tendrían que regresar. No fue un “desertor”, como tantas veces repitieron los partes oficiales; fue un militar desaparecido dentro de instalaciones castrenses en Ciudad Juárez, bajo custodia de sus propios compañeros de armas. Ahí, donde el uniforme presume honor, disciplina y lealtad, lo que se impuso fue la mentira como política de Estado y el encubrimiento como orden de mando.
Durante 32 años, esta madre ha tocado todas las puertas: ministerios públicos, cuarteles, oficinas de derechos humanos, instancias internacionales. Siempre con la misma fotografía, con el mismo nombre, con la misma fecha de desaparición, y con las mismas respuestas de siempre: evasivas, amenazas, expedientes “extraviados”, documentos falsificados para convertir a un desaparecido en un supuesto traidor a la patria.
En la historia de Miguel Orlando se cruzan dos violencias: la del Ejército contra la población civil y la del Ejército contra sus propios elementos cuando se vuelven incómodos. La institución que exige jurar “honor, deber, lealtad y valor” fue incapaz de ejercer esos mismos principios con uno de los suyos, desaparecido dentro de un cuartel, en tiempo de paz, en territorio mexicano.
Lo que esta madre denuncia no es solo una tragedia familiar, es el retrato de una fuerza armada que se protege a sí misma por encima de la verdad, que prefiere inventar deserciones antes que reconocer una desaparición forzada en sus instalaciones.
Es el Ejército que negó, encubrió y obstaculizó investigaciones durante décadas, mientras ascendían los mandos señalados y se consolidaba la impunidad como doctrina.
La carta a la presidenta y la deuda del Estado
Por eso su carta a Claudia Sheinbaum no es una súplica, es un pliego de cargos: le habla a la presidenta, pero sobre todo le habla a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas que hoy tiene bajo su mando a la misma institución que la hizo caminar 32 años entre archivos cerrados y puertas blindadas. Le recuerda que no se trata de un caso aislado, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya emitió un informe de fondo y que el Estado mexicano sigue sin cumplir plenamente con las investigaciones, sanciones y garantías de no repetición.
Cuando la madre exige una audiencia pública, no busca una foto, busca romper el pacto de silencio entre gobierno civil y mandos militares, ese arreglo tácito que durante sexenios ha preferido la estabilidad del uniforme a la dignidad de las víctimas. La carta pone a prueba los discursos oficiales que aseguran que “ya se acabó la violencia contra las mujeres” y que “ya no hay impunidad”, porque no hay feminicidio más brutal que el del Estado que borra a tu hijo y después pretende borrar también tu memoria.
El dolor como expediente abierto
Cada línea de esa carta es un acta que el Estado se niega a levantar: el acta del día en que el Ejército dejó de ser garantía de seguridad y se convirtió en sospechoso principal. Son 32 años en los que esta madre aprendió el lenguaje de los oficios, de los acuerdos, de las recomendaciones internacionales, no porque quisiera, sino porque el Estado la obligó a convertirse en su propia abogada, su propia investigadora, su propia perito.
Hay una crueldad adicional: al inventar la deserción, las autoridades militares no solo desaparecieron al teniente, también intentaron asesinar su reputación, romperlo a él en la memoria de los suyos, hacer que la familia cargara con la vergüenza que correspondía a los mandos. Es una doble desaparición: del cuerpo y del honor, orquestada por quienes enarbolan diariamente la bandera del “honor militar”.
Abusos que no se pueden soslayar
El caso de Miguel Orlando exhibe lo que ocurre cuando un Ejército se vuelve intocable: los abusos dejan de ser excepción y se vuelven sistema.
No es solo la violencia contra civiles en operativos, es la maquinaria que también tritura a soldados, marinos, oficiales que estorban, preguntan, se oponen o simplemente son víctimas de la brutalidad interna, amparada por la jerarquía y la cadena de mando.
Hablar con honestidad del dolor de esta madre implica decir con todas sus letras que la institución castrense ha sido responsable de desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y encubrimientos, y que no basta con pedir “revisar el caso” cada 10 de mayo para simular sensibilidad. Empatía verdadera sería abrir los archivos, nombrar a los responsables, procesarlos, reparar el daño y reconocer, públicamente, que el Ejército no solo ha fallado a la sociedad, también les ha fallado a sus propios hijos.
Un reclamo que nos incluye
La exigencia de María Guadalupe no es solo para la presidenta ni solo para la Sedena: es para un país que se acostumbró a ver al Ejército en las calles sin preguntarse qué pasa dentro de sus cuarteles. Nos recuerda que cada vez que se aplaude el despliegue militar sin controles ni rendición de cuentas, se fortalece la misma estructura que lleva 32 años negándole a una madre la verdad elemental: qué hicieron con su hijo, quién dio la orden y quién la ejecutó.
Si algo enseña esta carta es que el dolor no prescribe, que la impunidad tampoco, y que mientras el Estado siga protegiendo más a la institución que a las víctimas, la desaparición de Miguel Orlando Muñoz Guzmán será una herida abierta, no solo en la vida de su madre, sino en la conciencia de un país que decidió mirar hacia otro lado frente a los abusos del uniforme.
Con informacion: PROCESO/
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