La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue citada a comparecer el próximo 27 de mayo a las 10:00 horas, en medio de las investigaciones por el operativo realizado en la Sierra Tarahumara donde participaron agentes estadounidenses.
Quien se salga del carril y se atreva a combatir al narco sin permiso invadiendo la esfera federal de competencia hacerlo,será alineado a través de la FGR, aunque al mismo tiempo se toleren —o se minimicen— señalamientos similares contra otros actores políticos de Morena conectados con el narco como los gobernadores Americo Villarreal de Tamaulipas o Ruben Rocha Moya de Sinaloa,ahora con licencia.
La escena completa huele a “Estado de derecho” y más a linchamiento político envuelto en papel membretado de la FGR, lubricado por la Ley de Seguridad Nacional versión AMLO-NARCOS y adornado con mala leche institucional.
El teatro de la notificación
La notificación a la gobernadora de Chihuahua no llegó ayer como un acto frío, burocrático y discreto, sino como un performance a cuadro, con funcionarios federales tocando la puerta del gobierno estatal mientras la cámara ya está grabando.
En el diálogo se percibe el tono de cortesía forzada y de “qué feliz casualidad” de que la titular esté presente, pero en realidad todo está montado para que el papel de la FGR llegue directo al tribunal de la opinión pública antes de llegar al escritorio del consejero jurídico.
El citatorio fija fecha y hora para que la gobernadora comparezca ante la FGR por el caso del narcolaboratorio y la presencia de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense, mientras se enfatiza que ella tiene fuero constitucional pero de todos modos la quieren sentada frente al Ministerio Público.
No se trata solo de notificar, sino de exhibir: de dejar grabado que “la gobernadora del Estado de Chihuahua tendrá que comparecer”, como si se tratara de un escarnio ejemplar y no de un trámite procesal ordinario.
El guion de la gobernadora
En el segundo acto, la propia gobernadora capitaliza el agravio y lo empaqueta en un reel y un video de redes: “como probablemente ya lo vieron en los medios, este mediodía recibí un citatorio de la Fiscalía General de la República por el asunto del narcolaboratorio”.
La frase es quirúrgica: reconoce el procedimiento, pero de inmediato lo recubre de narrativa victimista, denunciando que “protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber” y que la persecución política en su contra continúa.
Mientras la FGR intenta vender la comparecencia como parte de una investigación por violaciones a la Ley de Seguridad Nacional por la presencia de agentes extranjeros, la gobernadora la recicla como prueba de que el gobierno federal castiga a quienes destruyen narcolaboratorios y se enfrentan a los cárteles.
El cierre “seguiré dando la cara… hasta donde tope, por nuestro Estado y por México” es manual de mártir institucional: si la FGR pone la silla, ella se sienta pero se lleva la narrativa a su cancha.
La coartada de la seguridad nacional
El truco jurídico‑político de fondo es la “seguridad nacional” versionada a gusto del oficialismo: una Ley de Seguridad Nacional reformada en 2020 a iniciativa de AMLO para restringir, condicionar y encadenar la presencia y operación de agentes extranjeros, especialmente estadounidenses, en México.
Las reformas obligan a los agentes extranjeros a compartir toda la información con autoridades mexicanas, les prohíben hacer detenciones, les exigen autorización para portar armas y les quitan cualquier clase de inmunidad judicial si incurren en delitos, todo en nombre de la “soberanía”.
Esa arquitectura legal difícil de cumplir no se detiene ahí: sirve también para justificar investigaciones, citatorios y cruzadas selectivas contra autoridades locales que se atrevan a operar con o junto a agencias de Estados Unidos en temas de narcotráfico sin el beneplácito central.
Testigos, fuero y el doble rasero
Mientras la FGR cita a la gobernadora de Chihuahua y a decenas de agentes estatales para testificar sobre la incursión de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio, la Secretaría de Gobernación se apresura a matizar que se trata de citatorios “como testigos”, en un intento de bajar la temperatura política del asunto.
Sin embargo, en el video de notificación queda claro que la propia gobernadora subraya su fuero constitucional y recuerda que a otros gobernadores —como Rubén Rocha— no se les exige comparecer con el mismo celo, marcando la desigualdad del trato.
Ese contraste entre el rigor aplicado a Chihuahua y la parsimonia con Sinaloa es la mejor evidencia de que la ley no se está aplicando como principio general, sino como arma selectiva: se judicializa la política cuando conviene, y se politiza la justicia cuando hay que proteger lealtades.
El resultado es un doble rasero que desnaturaliza la idea de “testigo”: en los hechos, el citatorio funciona como un acto de disciplinamiento político disfrazado de colaboración procesal.
Mala leche institucional y cálculo político
La mala leche no está solo en el contenido del citatorio, sino en el modo, el momento y el blanco elegido: filtrar, grabar, teatralizar la diligencia y luego permitir que la narrativa oficial oscile entre “solo es testigo” y “viola seguridad nacional” genera deliberadamente ruido y polarización.
En vez de sumar a un esquema serio de coordinación federal‑estatal contra el narco, se siembra la sospecha de que cualquier gobernador que se atreva a incorporar inteligencia o apoyo extranjero sin la venia del centro será exhibido como traidor a la patria.
El oficialismo, especialmente Morena, consigue así varios beneficios simultáneos:
- Envía un mensaje disuasivo a otros gobernadores sobre quién controla realmente la agenda de seguridad nacional.
- Presenta la reforma a la Ley de Seguridad Nacional como herramienta para “defender la soberanía” y contener a la DEA o la CIA, mientras la usa internamente para encuadrar a adversarios políticos.
- Alimenta una narrativa en la que cualquier cooperación con Estados Unidos en materia de drogas puede ser recodificada como traición.
La venganza como política de Estado
En este contexto, el citatorio a la gobernadora luce menos como un acto de justicia y más como un episodio de venganza institucional, donde la FGR opera como brazo ejecutor de una disputa política disfrazada de cruzada jurídica.
El caso del narcolaboratorio y la participación de agentes extranjeros se convierte en coartada perfecta para abrirle un expediente a una mandataria estatal panista-incómoda y, de paso, reforzar el relato de que el gobierno federal es el único guardián legítimo de la seguridad nacional.
El problema es que esa puesta en escena preludia no la consolidación de un Estado fuerte, sino el repudio: cada vez que se usa la ley como garrote selectivo, se erosiona la confianza en las instituciones y se confirma la sospecha de que el “Estado de derecho” solo se aplica contra los enemigos políticos, nunca contra los aliados útiles.
En lugar de sumar capacidades contra los criminales políticamente organizados, el oficialismo se dedica a que las investigaciones mueran, se travesticen o se desvíen, mientras se finge que todo responde a un escrupuloso respeto por la soberanía y la Constitución.
Con informacion: @Redes/
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