Claudia Sheinbaum convirtió a 92 mexicanos en ofrenda humana para la reelección de Trump; pero cuando el que está en la mira es el narcogobernador de Morena, Rubén Rocha Moya, de pronto al régimen cuatritransformado le brotó un amor exquisito por el “debido proceso” y antes que todo, quiere pruebas.
El destierro exprés de los 92
Entre 2025 y 2026, el gobierno de Sheinbaum agarró a 92 mexicanos en penales federales, los subió al avión y los entregó a Estados Unidos como si fueran paquetería urgente, sin trámite real de extradición, sin respetar su situación jurídica y sin los mínimos procesales que marca el tratado México–EU.
Ahí no hubo debate sobre “estándares legales”, ni exigencias de pruebas, ni dramas sobre soberanía: fue el clásico “dígame a quién quiere y se lo mando”.
El abogado Marco Antonio Avilés Huerta, que representa a 13 de esos 92, detalla que algunos ya tenían un proceso formal de extradición diferido, otros tenían amparos vigentes para impedir su entrega y al menos uno estaba en preliberación con constancia de la SRE y de la FGR de que no había solicitud de extradición en su contra.
Pese a todo eso, los arrancaron del sistema de justicia mexicano y los mandaron directo a cortes estadounidenses, pasando por encima de sus juicios, de sus amparos y de las propias certificaciones del Estado mexicano.
Allá son “narcoterroristas”; aquí eran simples estorbos
En Estados Unidos a esos 92 los están procesando como “narcoterroristas”, etiqueta que abre la puerta a cadena perpetua o prisión vitalicia, con régimen de incomunicación, sin visitas familiares y con enormes obstáculos para comunicarse con sus abogados.
El propio abogado denuncia que están aislados, sin asistencia consular, en condiciones que violan de frente la Constitución mexicana, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Es decir: para 92 mexicanos, el gobierno mexicano actuó como cobrador externo de Washington, sin preguntar nada, sin revisar nada y sin garantizarles ni sus derechos mínimos.
El mensaje es brutal: si no eres parte del círculo del poder, tu pasaporte sirve lo mismo que un boleto de camión usado.
Pero cuando el señalado es Rocha Moya…
Corte a 2026: el Departamento de Justicia de EU pide la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de participar en conspiraciones de narcotráfico y terrorismo vinculadas a fentanilo, cocaína y armamento.
Entonces el gobierno mexicano decide que ahora sí la ley es sagrada, que la soberanía es intocable y que sin “pruebas contundentes” no se mueve ni un dedo.
La SRE admite que recibió solicitudes de detención provisional contra Rocha y otros nueve funcionarios, pero las remite a la FGR alegando que Estados Unidos no aportó pruebas suficientes.
Una firma internacional especializada en extradición, León Barrena Rodríguez & Partners, acusa que la FGR y la SRE están pervirtiendo el Tratado de Extradición al exigir un estándar probatorio que ni el Artículo 11 del tratado ni la ley mexicana contemplan para una detención provisional.
Según esa firma, para la orden de detención provisional basta con acreditar que existe una acusación formal y el compromiso de enviar la documentación completa en un plazo (por ejemplo, 60 días), no un expediente completo de juicio adelantado, justo lo contrario a lo que ahora finge exigir el gobierno.
Lo que llaman “falta de pruebas” es, en los hechos, una muralla política para ganar tiempo y proteger a un personaje del sistema.
El doble rasero, sin maquillaje
El propio Avilés Huerta lo resume con bisturí: con los 92, el gobierno mexicano fue “soberanamente entreguista”, entregándolos sin obstáculos; con Rocha Moya, de repente el Estado se pone “exquisito” para observar derechos, soberanía y debido proceso.
Para Rocha piden pruebas extraordinarias que ni siquiera están en el tratado, mientras que a los 92 ni siquiera les respetaron el procedimiento mínimo que sí está claramente establecido.
El resultado es un sistema de justicia selectivo: si eres gobernante, hay escudo de soberanía, interpretación creativa del tratado y una burocracia jurídica para protegerte; si eres un preso sin padrinos, te convierten en “narcoterrorista” exportable y te mandan al matadero judicial gringo sin siquiera avisarte.
Eso no es Estado de derecho, es administración de privilegios disfrazada de legalismo patriótico.
Lo que el gobierno debe explicar
Hoy el gobierno debe responder una sola pregunta incómoda: ¿por qué para Rocha Moya sí cuentan la letra y la coma del tratado, pero para los 92 mexicanos no aplicó ningún filtro, ningún amparo, ninguna asistencia consular?
O el tratado y los derechos humanos valen para todos, o lo que tenemos es un régimen que usa la ley como cortina cuando quiere proteger a los suyos y la rompe en pedazos cuando Washington pide “mercancía humana” para sus juicios ejemplares.
Con informacion: PROCESO/
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