En Guerrero no hay “focos rojos”; hay incendios que llevan años ardiendo mientras el Estado juega a que no huele a humo. Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, volvió a decir lo que en teoría ya todos saben —y en la práctica nadie asume—: comunidades enteras están bajo control del crimen organizado con la venia, omisión o franca complicidad de las autoridades. Nada nuevo, salvo que los muertos y los desaparecidos siguen acumulándose… y casi siempre son los mismos: los pobres, los indígenas, los que estorban.
Durante un taller encabezado por Ana Lorena Delgadillo, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, el diagnóstico fue directo: en Guerrero el territorio ya no lo gobierna el Estado. Lo administran grupos armados que deciden quién vive, quién desaparece y quién puede quedarse en su propia tierra. Barrera lo dijo sin rodeos: las autoridades dejaron que el crimen “tomara las riendas”, y desde entonces la gente sigue desapareciendo como si fuera parte del paisaje.
El ejemplo más reciente es Chilapa, ese laboratorio de violencia normalizada donde entre el 6 y el 11 de mayo los ataques no fueron con pistolas viejas, sino con drones cargados de explosivos. Tecnología criminal aplicada contra comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán. Resultado: al menos cinco personas desaparecidas y un Estado que, según Barrera, no hizo absolutamente nada para prevenirlo. Ni inteligencia, ni reacción, ni vergüenza.
En Huitzapula, municipio de Atlixtac, la cuenta es más larga: 13 desapariciones forzadas en seis años. Casos que no escalan a escándalo nacional porque no involucran empresarios, políticos o turistas, sino campesinos. En El Carrizalillo, dos comuneros desaparecieron mientras defendían su territorio frente a intereses mineros. Aquí la ecuación es incómoda pero constante: recursos naturales + empresas extractivas + crimen organizado = comunidades desplazadas o eliminadas. Barrera lo plantea sin eufemismos: hay vínculos entre empresas, autoridades y grupos criminales.
Las víctimas, cuando son pobres, vienen con narrativa oficial incluida. “Conflicto entre comunidades”, “ajuste entre grupos delincuenciales”, “problemas locales”. Traducción: nadie investiga a fondo, nadie asume responsabilidad. Barrera lo cuestiona con lógica básica: si ya sabían que había riesgo, ¿por qué no actuaron? La respuesta es igual de básica: porque no les importaba lo suficiente.
El testimonio de Samantha Valeria Colón Morales rompe cualquier intento de maquillar la ineficacia institucional. Su esposo, Iván Vicente Suástegui Muñoz, fue desaparecido en 2021 en Acapulco y la Fiscalía sigue sin detener a quien ella identifica como pieza clave. Y como si la impunidad necesitara refuerzos, recuerda el asesinato en 2025 de Marco Antonio Suástegui, líder del CECOP, quien buscaba a su propio hermano. Dos casos emblemáticos, cero resultados. Su sentencia sobre el fiscal Zipacná Jesús Torres Ojeda no es técnica, pero sí contundente: no sirve.
Mientras tanto, las instituciones diseñadas para responder parecen diseñadas para fallar. La Comisión Estatal de Búsqueda, denuncian colectivos, carece de autonomía real porque depende del gobierno estatal. En términos prácticos: los mismos que deberían ser investigados controlan el mecanismo de búsqueda. Resultado previsible: comisionados sin perfil, decisiones políticas y familias haciendo el trabajo que le corresponde al Estado.
Ante la falta de respuesta de la gobernadora Evelyn Salgado, los colectivos ya recurrieron al amparo para exigir una comisión independiente. Porque en Guerrero, para que el gobierno haga su trabajo, primero hay que demandarlo.
Desde el equipo jurídico de Tlachinollan, Neil Arias lo resume con una frase que debería ser obvia pero en Guerrero suena casi revolucionaria: no se trata de abrir espacios de diálogo, se trata de investigar. Porque las carpetas existen, los nombres existen, los responsables probablemente también… lo que no existe es voluntad.
El colectivo Luciérnaga ha documentado al menos 60 desapariciones en la Montaña. Muchas de las víctimas son defensoras de la tierra y el medio ambiente. Es decir, personas que enfrentan intereses económicos de alto nivel en territorios donde la ley es opcional. Ahí la desaparición no es un accidente: es una herramienta.
La representante de la ONU calificó la situación como “preocupante”, en un ejercicio diplomático que se queda corto frente a lo que describen las víctimas. Admitió además algo revelador: ni siquiera hay estadísticas sobre defensores ambientales desaparecidos en Guerrero. No sólo desaparecen personas; también desaparecen de los registros.
El patrón es claro y persistente: pueblos indígenas defendiendo territorio, grupos criminales operando con poder militar y económico, autoridades que miran hacia otro lado o participan, y un sistema que reacciona sólo cuando la víctima tiene apellido influyente. Mientras tanto, en las comunidades pobres, la violencia no es noticia: es rutina.
En Guerrero, la pregunta ya no es quién controla el territorio. La pregunta es si alguna vez lo controló el Estado para quienes menos tienen. Porque cuando desaparece un pobre, lo primero que desaparece no es la persona: es la intención de encontrarla.
Con informacion: ELNORTE/
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