En lo que parece más un intento de pesca jurídica que una diligencia formal, la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, decidió devolverle a la Fiscalía General de la República (FGR) un elegante “no, gracias” envuelto en tecnicismos constitucionales. ¿La razón? El citatorio que le giraron para declarar como testigo en el enigmático caso de los agentes de la CIA no solo llegó ambiguo, sino —según su defensa— huérfano de fundamentación y motivación. Es decir, un papel que pide presencia, pero no explica ni para qué ni bajo qué reglas.
Campos no se escondió. Se presentó en la sede de la FGR en la CDMX, pero no para declarar, sino para dejar claro que no iba a prestarse a una diligencia jurídicamente endeble. Acompañada por figuras de la oposición —porque en México hasta los actos procesales se vuelven eventos políticos—, entregó un escrito que es, en esencia, una cachetada con guante blanco: no comparezco, no me someto y, por cierto, su citatorio no cumple con la ley.
La mandataria fue quirúrgica en su redacción. Señaló que el requerimiento es “ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”. Traducido al español llano: la FGR la citó sin explicar bien por qué, para qué ni con qué sustento legal sólido. Y en un país donde el debido proceso suele ser más aspiración que práctica, ese detalle no es menor.
Pero el golpe más incómodo vino con el recordatorio constitucional. Sí, el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, en principio, cualquier persona debe comparecer cuando el Ministerio Público lo requiera. Pero —y aquí está el “pero” que descompone la jugada— el mismo artículo exceptúa a ciertos servidores públicos, entre ellos los contemplados en el artículo 111 de la Constitución. Spoiler: ahí entran los gobernadores.
En otras palabras, la FGR intentó aplicar la regla general ignorando —o minimizando— la excepción constitucional. Y Campos aprovechó ese descuido para marcar territorio: puede colaborar, sí, pero no bajo citatorios defectuosos ni bajo la ficción de que está obligada a hacerlo como cualquier ciudadano.
Por si quedaba duda, la gobernadora también dejó claro que su presencia no implica sumisión. No renuncia a derechos, no acepta el marco de la prueba testimonial y no valida la diligencia. Es una forma elegante de decir: estoy aquí porque quiero, no porque ustedes puedan obligarme.
Mientras tanto, el contexto no es menor. El caso involucra a presuntos agentes de la CIA, lo que añade un toque de geopolítica a un expediente que ya de por sí huele a conflicto institucional. Y en medio de ese escenario, la narrativa de Campos —“buscan fabricarme un caso”— no es casual: es defensa jurídica, pero también posicionamiento político.
Al final, lo que queda es una escena bastante reveladora: una Fiscalía que gira citatorios cuestionables y una gobernadora que responde con Constitución en mano. No es solo un desencuentro procesal; es un recordatorio de que, cuando la autoridad se salta pasos, hasta los testigos pueden convertirse en adversarios incómodos.
Y en este episodio, la legalidad no fue un trámite: fue el arma.
Con informacion: ELNORTE/
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