A finales de abril Estados Unidos arrojó contra México la bomba política más potente en décadas. Como muchas bombas, esta no surgió de la nada, ni ocurrió sin señales públicas de lo que venía y aún falta para dimensionar el real daño de sus esquirlas.
La crisis por ese artefacto en forma de acusación por narco en contra de “los diez de Sinaloa” va mucho más allá de lo bilateral, que ya es mucho decir. Es el reto más grande de la presidencia de Claudia Sheinbaum y remece la estructura misma del régimen morenista. La cronología de los hechos no deja lugar a dudas, el país será otro antes y después del caso en contra del gobernador Rubén Rocha et al.
Cuando un embajador de Estados Unidos en México habla, se tiene que prestar oído. Si es uno con un palmarés donde CIA y Marine son palabras destacadas, y si representa a Donald Trump, más vale no perderle la vista. Y si declara sobre corrupción, es que algo anda muy raro. Pero en esta ocasión no sucedió. Pocos estaban escuchando.
De todos los lugares de México en donde inversionistas de EEUU meten dinero, el embajador Ronald Johnson decidió ir a Los Mochis, Sinaloa, el 23 de abril. Apadrinó una inversión de miles de millones de dólares en ese puerto, y accionó la bomba: “La inversión sigue a la certeza”, dijo ese día el diplomático, “y se aleja de la corrupción”. Nadie reparó en que justo ahí todo acababa de cambiar con Washington.
“La corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona. Eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”, siguió Johnson, llegado a México en mayo de 2025. “No es un problema sin víctimas (…) El USMCA —el tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos— exige a nuestros Gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos. Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos”. Quién iba realmente a saber que la bomba empezó en ese momento a silbar sobre México, donde terminaría impactando seis días después.
El 29 de abril, el Departamento de Justicia informó que en la Corte Sur de Nueva York, la más temida del casi centenar de Estados Unidos, un gran jurado dio luz verde para que se acusara formalmente a “los diez de Sinaloa”. Todo un misil judicial no solo contra el gobernador sinaloense Rubén Rocha, sino contra el protagónico senador Enrique Inzunza, el exsecretario de Seguridad, el general en retiro Gerardo Mérida, el alcalde de Culiacán, que además era considerado el delfín rumbo a la gubernatura en 2027, y el exsecretario estatal de Finanzas Enrique Díaz, y cinco mandos policiacos.
La diplomacia mexicana voló por los aires con la noticia. Pedir apresar a un gobernador en funciones, a un general y a un senador, para empezar, es inédito. Por más que durante meses se habló de que Trump tenía listas de narcopolíticos mexicanos, la judicialización del caso y la demanda de detenerlos para iniciarles un proceso de extradición hicieron estallar el discurso de la buena relación Sheinbaum-Trump.
Al día siguiente la presidenta fijó una respuesta y un emplazamiento: o presentan pruebas o la motivación política es evidente. Al exigir evidencias, Sheinbaum amarró su suerte a un clavo ardiente que no mitigaba el incendio que la bomba dejó en casa. Al contrario.
El 1 de mayo, como casi todos los viernes, Sheinbaum se fue de gira de fin de semana. ¿Por qué justo este viaje hacía escala en Palenque, Chiapas, donde se retiró el expresidente López Obrador? Cualquier respuesta será insuficiente para un pueblo acostumbrado a sospechar.
Esa misma noche, contrario a sus primeras declaraciones, el gobernador Rubén Rocha solicitó licencia temporal. Las coincidencias existen: el día que la presidenta pasa cerca del rancho de Andrés Manuel López Obrador, el amigo de este acepta irse de la gubernatura, algo que nunca ocurrió en el sexenio anterior: nunca nadie fue forzado a separarse de un cargo electoral.
En las dos semanas siguientes unos festejaban de manera prematura. Rocha se fue, pero mantuvo la custodia del gobierno, puso a su interina y a su gabinete, tan como siempre. Tanto que el senador Inzunza mandó decir que él ni renunciaba al fuero ni a la política.
A mediados de mayo, el bombardero le habló a la bombardeada. O viceversa. O todo lo contrario, porque prácticamente nada se sabe de esa llamada entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Es fácil pensar que ella le pidió pruebas y él pidió que le dejen invadir. Y hasta la próxima comunicación.
El viernes 15 de mayo todo se sacudió de nuevo. El general Gerardo Mérida, se supo ese día, cruzó en Arizona para entregarse a EEUU. Un militar de alto rango, retirado, sí, pero un hijo del glorioso Ejército Mexicano prefirió allanarse al Tío Sam y no a la justicia del bienestar. Ese día se dio por descontado que el exjefe de Finanzas de Rocha andaba por las mismas. Dos de los diez no confiaron en su país.
A los diez días, la Fiscalía General de la República invita en secreto a Rubén Rocha, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez, el alcalde con licencia de Culiacán. En un país de escándalos judiciales donde el pueblo sabe que muchas veces la única condena de un poderoso será la foto en un separo policiaco o en una barandilla, nunca se había visto tanto mimo para unos declarantes. Ni el Espíritu Santo los vio.
Toda la dispensa que la presidenta Sheinbaum ha dado a Rocha y los suyos no es sin costos para ella. La encuesta de Enkoll para EL PAÍS apuntaló esta semana lo que ya habían adelantado otros sondeos: la chamusquina de “los diez de Sinaloa” pegó de lleno en la imagen presidencial: Sheinbaum paga por pecados de otros, de esos a los que nomás no se sacude. Aquí Sabina no aplica presidenta: las malas compañías no son las mejores…
Con algunas bombas, al correr el tiempo, se puede comenzar a quitar escombros y reconstruir. Con esta no ha llegado esa hora: Inzunza se aferra a su escaño, Rocha a sus privilegios y la presidenta solo observa cómo crecen los rumores de que es un hecho que el exsecretario de Finanzas ya está en manos de EEUU y que otro de los diez, sería el tercero, también anda coqueteando con Washington.
El domingo la presidenta Sheinbaum ha convocado a un mitin para celebrar el segundo aniversario de su triunfo electoral. Es anticlimático no solo porque será una celebración fragmentada en los 32 estados. Un zoom de masas, o algo así. El reto no es, empero, cómo prender el ánimo de una militancia que ya se vio que no come lumbre: cuando el PAN en el Senado los retó a ponerse la camiseta en apoyo a Rocha los encueró: el sinaloense sí está solo, solo no se atreven a decirlo en voz alta.
Washington le dijo no thank you a la cabeza fría de la presidenta. Todo lo que esta cedió ante Trump para contentarlo le fue pagado con una narcolista judicializada en la Corte más protagónica de EEUU. Y, claro está, con agentes de la CIA operando libremente en Chihuahua, donde sin duda falló la gobernadora panista, pero exhibido quedó el gabinete de seguridad de Sheinbaum, que salvo balbucear, no rinde cuentas al respecto.
La arenga del domingo será nacionalista. Todo contra la intervención de Estados Unidos. Condena a la injerencia. Soflamas de independencia. Juárez para acá y para allá con el respeto al derecho ajeno… Mucho sol y mucha palabra. Mucho teatro político. ¿Mucha alegría?
Porque, ¿quién puede celebrar en medio de la incertidumbre de no tener idea de a cuánto ascenderá la factura de los delatores en Sinaloa y quién pagará por ella? ¿Quién que levante la bandera del viva México luego de que hable la presidenta no verá con el rabillo del ojo su celular a la espera de otra noticia bomba de otra entrega de uno de los diez en la frontera?
La presidenta Sheinbaum quiere defender el país y ni siquiera se ha decidido a defender a Sinaloa de Rocha y compañía.
La crisis que de forma críptica anunció el embajador Johnson en Los Mochis está a nada de cumplir cuarenta días, y nadie sabe cómo saldremos adelante.
Fuente.-SALVADOR CAMARENA /DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
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