En 2021 y bajo el título del informe militar “Candidatos con posibles vínculos con la delincuencia organizada”, la SEDENA —hoy Defensa— registró los primeros indicios de la descomposición del ahora gobernador de Morena, Américo Villarreal, quien entonces contendía por la candidatura en Tamaulipas. Pero, pese al riesgo que ya representaba, nadie movió un solo dedo para impedirlo y, aun así, participó, igual que su adversario.
Con este preámbulo buscamos dibujar el escenario de hipocresía que emerge desde el gobierno federal y el Congreso, que, con el ánimo de salir al paso tras las acusaciones de nexos con el narcotráfico por parte de Estados Unidos contra el aún gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —y, en los próximos días, se especula fundadamente , contra el gobernador de Tamaulipas y muchos otros más—, pretenden legislar “hipócritamente” para impedir que se cuelen los “narcocandidatos” a puestos de elección popular. Sin embargo, buscan hacerlo desde el INE, lo que ya desató la inconformidad de la presidenta del Instituto Nacional Electoral.
Una farsa solo para verse tienen vez de hacerlo bien
Y es que,al más puro estilo del “hagamos una reforma para aparentar control”, el Congreso mexicano se dispone a crear una flamante Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE, como si el problema de los narcocandidatos fuera una laguna normativa y no, más bien, un monumento a la omisión deliberada del Estado.
Pero la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, no se quiso quedar callada e hizo lo que en este país ya parece subversivo: decir lo obvio. El Instituto no es ministerio público, no es juez, no investiga delitos ni determina vínculos criminales. Es, por diseño constitucional, una autoridad administrativa.
Traducido al español sin eufemismos: pretender que el INE dictamine quién es narco y quién no, es pedirle que haga un trabajo que la ley ya asignó —desde hace décadas— a otras instituciones que, curiosamente, hoy se quieren “coordinar” como si apenas existieran.
El truco legislativo es elegante en su cinismo: se crea un órgano dentro del INE que no decide nada, que no investiga nada y que no puede bajar candidaturas. Solo recibe solicitudes de los partidos (sí, los mismos que postulan perfiles dudosos), las turna a otras dependencias y regresa respuestas sin diagnóstico propio. Una ventanilla burocrática con nombre rimbombante.
Mientras tanto, el Congreso vende la narrativa de que ahora sí habrá filtros contra el crimen organizado, cuando en realidad lo que hay es un traslado de responsabilidad cuidadosamente diseñado para que nadie cargue con el costo político. El INE no juzga, las agencias “opinan” y los partidos —sorpresa— deciden si ignoran o no las alertas.
La sobrerregulación como coartada
El planteamiento de Taddei desnuda la simulación: no falta legislación, sobra. Lo que falta es voluntad para aplicar la que ya existe.
Porque el Estado mexicano sí tiene herramientas para detectar candidatos con vínculos ilícitos. Y no son nuevas ni improvisadas. Son estas:
- Fiscalía General de la República (FGR): Puede investigar delitos, judicializar carpetas y solicitar órdenes de aprehensión; si hay indicios de delincuencia organizada, no necesita una reforma electoral, necesita actuar.
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): Tiene facultades para rastrear operaciones con recursos de procedencia ilícita, congelar cuentas y generar reportes de inteligencia financiera.
- Centro Nacional de Inteligencia (CNI): Produce inteligencia estratégica sobre amenazas a la seguridad nacional, incluyendo infiltración criminal en estructuras políticas.
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Supervisa el sistema financiero y detecta movimientos atípicos que pueden vincularse con lavado de dinero.
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): Coordina información operativa y de inteligencia en materia de seguridad pública.
- Fiscalías estatales: Con competencia directa sobre delitos locales y vínculos territoriales de grupos criminales.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): Puede anular elecciones si se acreditan violaciones graves, incluida la intervención del crimen organizado.
- OPLES (organismos electorales locales): Ejecutan procesos electorales en territorio, donde muchas veces es más visible la captura criminal.
- Y hasta la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional ,(S-2 o G-2) es el departamento o plana mayor encargado de la Inteligencia, contrainteligencia y seguridad.
Ninguna de estas instituciones requiere que el INE funja como intermediario para saber que un candidato está financiado por dinero ilícito o respaldado por estructuras criminales. Lo que requieren es ejercer sus atribuciones sin cálculo político.
El fondo del problema: partidos sin incentivos
Taddei también puso otro punto incómodo sobre la mesa: la responsabilidad es de los partidos. Son ellos quienes registran candidaturas y quienes, en esta nueva arquitectura, decidirán si hacen caso o no a los reportes de “riesgo razonable”.
Es decir, el sistema descansa en la buena fe de estructuras partidistas que han demostrado —una y otra vez— que compiten por ganar, no por depurar perfiles.
Y aquí está el núcleo del problema: mientras no exista una consecuencia jurídica automática (inhabilitación, cancelación de registro, responsabilidades penales), todo el andamiaje será consultivo, opcional y políticamente negociable.
Mucho diseño, poca acción
El dato duro termina de exhibir la dimensión del teatro: más de 140 mil aspirantes para cerca de 20 mil cargos en 2027. En ese volumen, pretender que una comisión administrativa filtre riesgos sin capacidades de investigación ni decisión no es solo inviable, es funcional a la simulación.
Se legisla para aparentar control mientras se evita tocar lo esencial: obligar a las autoridades que ya tienen facultades a usarlas, y establecer consecuencias reales para quien postule —o tolere— candidatos vinculados con el crimen.
Porque el problema nunca ha sido la falta de reglas. El problema es que aplicarlas implica incomodar a quienes hoy las están redactando.
Con informacion: ELNORTE/
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